[Editorial] Test positivo de droga: La Moneda confundió actuar rápido con actuar bien

Incluso si un nuevo test al ex subsecretario confirmara que consumió estupefacientes, su despido inmediato seguiría siendo indefendible: nada justifica saltarse procedimientos indispensables para tomar una decisión. Está bien extender al Congreso los exámenes, pero si eso no incluye cambios para equiparar nuestros estándares a los del Primer Mundo, esas decisiones seguirán siendo exclusivamente políticas. Tal como fue la de Rodríguez.

No hay cómo compartir la decisión de alejar de su cargo al ahora ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez antes de esperar una contramuestra del test de droga que se realizó en junio y que salió positivo, en contraste con otro de abril que le salió negativo. Ambas pruebas se le aplicaron junto con decenas de funcionarios de gobierno. La sustancia que habría arrojado el test que dio positivo es cocaína.

Es obvio que si un alto funcionario consume drogas tiene que ser removido del cargo. Pero un test sin contraprueba no basta para determinar que hubo consumo, como lo reconoció el ministro del Interior al anunciar la renuncia forzosa de Juan Pablo Rodríguez: “Si bien el resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”.

Es decir, se decidió remover al subsecretario de Hacienda a pesar de que el procedimiento no se había completado. Actuaron rápido en vez de actuar bien. ¿De qué otra forma se puede entender que el ministro de la Segpres haya salido a decir, tres días después del despido, que si el nuevo test contradice al anterior el gobierno podría revertir su salida?

La única respuesta es que fue una decisión exclusivamente política, como van a seguir siendo todas si no se adoptan algunas medidas indispensables y fáciles de implementar.

En Estados Unidos, no se despide a nadie por consumo de drogas sin que un segundo laboratorio, distinto del primero, confirme el hallazgo inicial sobre una muestra dividida al momento de ser tomada. Un funcionario federal con un resultado positivo tiene derecho a que su “botella B” sea analizada de forma independiente antes de que se tome cualquier medida.

Esto último es clave. Lleva todas las de ganar quien apueste a que el subsecretario no habría sido despedido en forma atarantada si la ley obligara a mantener en secreto un resultado positivo antes de una contramuestra.

En Europa, las guías técnicas que rigen los test en locales de trabajo exigen lo mismo: solo cuando la segunda muestra confirma el resultado anterior se reporta un positivo, y se recomienda que la interpretación pase por un médico especialista en el tema.

El principio detrás de esos sistemas es elemental: esos exámenes, por sofisticados que sean, producen falsos positivos.

Según expertos, en Chile hay un fuerte incentivo legal -no deliberado- para actuar precipitadamente en estos casos. El instructivo de la Contraloría sobre el artículo 110 de la ley 21.806 obliga a hacer público el resultado del test, aunque no ordena la remoción inmediata ante un test positivo sin confirmación.

Esa obligación de hacerlo público antes de la contraprueba es un problema muy grave. Equivale a una instrucción de disparar primero y preguntar después. En este tipo de casos, a los gobiernos -sin distinciones ideológicas-  lo que les importa es solucionarlos cuanto antes y la renuncia es la vía más corta.

Nadie quiere desangrarse con un tema de ese calibre -y el sistema siempre va a operar así-, a no ser que se adopten stándares como los europeos y estadounidenses. El primero que se debe eliminar del sistema es esa obligación de divulgar exámenes cuyos resultados no son concluyentes.

Sea cual sea el desenlace del caso del exsubsecretario, su caso debería ser una oportunidad para que el gobierno, los partidos y el Congreso se unan para modernizar el sistema. Lamentablemente el proyecto enviado por el Ejecutivo que impone la obligatoriedad de los test de drogas no incluye esa medida. Pero hay tiempo más que suficiente para hacerlo en el debate de la ley.

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