El episodio Teillier y el Servicio Público. Por Bernardo Larraín y Rafael Palacios

Una nueva Constitución debe establecer también un mandato preciso para que los legisladores -gobierno y congreso- avancen en la modernización del empleo público para que evolucione a un sólo régimen laboral, pues su calidad y profesionalismo resultan críticos tanto para hacer frente a la complejidad que ha alcanzado la gestión del Estado, como para reducir la brecha que existe entre las demandas ciudadanas y la capacidad de los agentes públicos para satisfacerlas.

Guillermo Teillier reveló -no sin disculparse ex post- una conversación privada con el Presidente Boric en la que este le habría ofrecido una compensación al partido comunista por la fallida designación de Nicolás Cataldo en la Subsecretaría del Interior. Poco después del cambio de gabinete conocimos su nombramiento en la apetecida Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Este nuevo “episodio Teillier” es una buena oportunidad para recordar algunas lógicas que por décadas han prevalecido en las designaciones en nuestro decimonónico, anquilosado y análogo aparato estatal. En Chile cuando asume cada gobierno el Presidente distribuye entre sus partidarios miles de cargos públicos “de exclusiva confianza”, mientras que el primer ministro de Nueva Zelanda lo hace sólo en algunas decenas. Por otra parte, escuche bien, coexisten en nuestro Estado 5 regímenes de contratación -planta, contrata, honorarios, suplencias y código del trabajo- complejidad que facilita que prevalezca el amiguismo y la militancia, por sobre el mérito en las decisiones de contratación y ascenso.

Finalmente los trabajadores de planta (y según la jurisprudencia reciente, también los a contrata) gozan del privilegio de la inamovilidad defendida históricamente por la ANEF. Todo esto ocurre en un contexto donde las remuneraciones del sector público superan en un 20% las de los de trabajadores de similares características que se desempeñan en el sector privado y donde las evaluaciones de desempeño, casi sin excepción, alcanzan un 100% de cumplimiento.

Un Estado eficiente, al servicio de los ciudadanos y que funcione más allá del signo político de la coalición gobernante es una de las promesas más comunes de toda campaña electoral, pero al mismo tiempo una de las más incumplidas. En efecto, la política lleva décadas olvidando la promesa de establecer la necesaria distinción entre Gobierno y Servicio Civil para ampliar sustancialmente el ámbito del segundo en desmedro de los designados “por exclusiva confianza del Presidente”.

Después de un paso relevante, como fue la creación de la Alta Dirección Pública en 2003 que estableció la selección basada en mérito de los equipos directivos del gobierno central, la política de lado y lado se ha encargado de desvirtuar su espíritu. Y es que con independencia de quien ocupe La Moneda, cerca de dos tercios del personal directivo del gobierno no es renovado o es desvinculado en los dos primeros años de la administración por consideraciones fundamentalmente políticas.

Por otro lado la política también ha ignorado las muchas recomendaciones de centros de estudio y del Consejo Permanente para la Modernización del Estado, de la Contraloría General de la República y del Poder Judicial, para que los regímenes de empleo público converjan en uno sólo, que consagre un proceso de selección y ascenso abierto y transparente, basado en el mérito, y permita también la flexibilidad necesaria para realizar cambios en función de una evaluación de desempeño real.

El texto constitucional rechazada por la ciudadanía el 4 de septiembre, más allá de declaraciones muy generales, hacía poco para enmendar el rumbo. Un nuevo proceso nos ofrece una segunda oportunidad para que esta vez la propuesta constitucional distinga con nitidez al Gobierno del Servicio Público, estableciendo que el primero sea el responsable de la conducción del Estado y de la definición de políticas públicas, y el segundo de implementarlas y de gestionar la provisión directa, continua y permanente de servicios básicos a la ciudadanía. Así por ejemplo, cabe preguntarse si la relevante función que finalmente asumió el Subsecretario Cataldo no es más propia del servicio público que del ámbito del cuoteo político.

Asimismo, una nueva Constitución debe establecer también un mandato preciso para que los legisladores -gobierno y congreso- avancen en la modernización del empleo público para que evolucione a un sólo régimen laboral, pues su calidad y profesionalismo resultan críticos tanto para hacer frente a la complejidad que ha alcanzado la gestión del Estado, como para reducir la brecha que existe entre las demandas ciudadanas y la capacidad de los agentes públicos para satisfacerlas.

En Pivotes nos proponemos poner el foco en desafíos y dolores que marcan el Chile de hoy, entre otras razones para contribuir a que esta vez el nuevo proceso constitucional se oriente a ellos y los priorice. Modernizar el  empleo público y reducir el ámbito de las designaciones “por exclusiva confianza del presidente” para ampliar el servicio civil, es uno de los desafíos que esperamos poder transformar en una causa ciudadana.