El problema no es la Constitución, sino la miopía política. Por Sergio Muñoz Riveros

Todos los negociadores dicen querer un acuerdo, pero parecen desear íntimamente que no prospere, porque ya sacaron cuentas electorales, y han llegado a la conclusión de que cualquier elección cercana incluye altos riesgos. En rigor, los partidos han escenificado una negociación mentirosa.

Instalados en una burbuja desde hace tres meses, los partidos oficialistas y opositores han tenido la vista fija en un punto al que denominan “proceso constituyente”. Se han mostrado incapaces de mirar a los costados, o de fijarse siquiera en todo lo que ha pasado desde que empezaron a negociar un acuerdo que describen como trascendental para el país, pero cuyas tretas lo desmienten. En realidad, no están preocupados de la Constitución, sino de sus propios intereses. Y no ven más allá. Cabe, pues, hablar de miopía, esa enfermedad que permite ver nítidamente solo lo que está muy cerca, y borroso todo lo demás.

La negociación que promovió el Presidente Boric después del plebiscito tuvo una motivación turbia: buscar una forma de tapar la abrumadora derrota del 4 de septiembre. Él y las fuerzas gobiernistas pudieron haberse dado un tiempo para reflexionar sobre el 62% en contra y, ciertamente, sobre el desastre de la Convención, pero optaron por la fuga hacia adelante: anular el efecto del Rechazo, armar otro proceso constituyente y demostrar que siempre tuvieron la razón.

La centroderecha se apresuró en aceptar la negociación, creyendo quizás que, de ese modo, se ganaban la buena voluntad del mandatario y, de paso, demostraban que su sector también era partidario de los cambios. Algunos dirigentes entusiastas llegaron a decir que lo más importante era que, al final del nuevo proceso, hubiera una Constitución con la firma de Boric, porque así se acababan las controversias constitucionales. O sea, le asignaban poderes casi sobrenaturales a la firma del gobernante derrotado.

La negociación partió por reeditar el desconocimiento de la potestad constituyente del Congreso, siguiendo el modelo de 2019, y continuó con una especie de competencia de alquimistas respecto de quién concebía la fórmula más original para establecer un sistema de toma de decisiones. Hemos visto un derroche de capacidad inventiva. Y hemos visto también el triste papel del presidente del Senado y del presidente de la Cámara, convertidos en meros encargados de relaciones públicas de los partidos.

Todos los negociadores dicen querer un acuerdo, pero parecen desear íntimamente que no prospere, porque ya sacaron cuentas electorales, y han llegado a la conclusión de que cualquier elección cercana incluye altos riesgos, los que, como es obvio, son mayores para los partidos derrotados en el plebiscito. Si se elige un nuevo órgano, el Frente Amplio, por ejemplo, no tiene ninguna posibilidad de obtener una representación mayor que la que tiene en la Cámara de Diputados. Tampoco el PC, el PS o el PPD. Sus gestos desafiantes son para la galería.

En rigor, los partidos han escenificado una negociación mentirosa. Han llegado a la conclusión de que les conviene más que no haya un acuerdo, pero lo disimulan con propuestas que “necesitan” que sean rechazadas por los interlocutores. El PC, en este sentido, ha sido transparente. Contra la opinión de sus aliados del PS, que quieren un órgano de integración mixta, reiteró que es partidario de un órgano 100% electo, con paridad de hombres y mujeres, y con escaños reservados para los pueblos originarios. Y proclamó que el acuerdo debe orientarse a “la superación de la Constitución neoliberal, pinochetista y de los poderes fácticos”, como califica a la Constitución que le ha permitido tener ministros y altos funcionarios en dos gobiernos. No le interesa el acuerdo.

Mientras tanto, las encuestas muestran que el asunto constitucional no es parte de las principales preocupaciones ciudadanas, las que están encabezadas por el temor a ser víctima de un robo o un asalto. Por todas partes, surge la exigencia de una acción más eficaz del Estado frente al incremento de la delincuencia. Esa misma inquietud se manifiesta como alto apoyo a Carabineros y la PDI. La vida cotidiana de la gente común no tiene relación alguna con las escaramuzas de los partidos en torno a una nueva Constitución.

¿Quiere decir, entonces, que Chile no tiene realmente un problema constitucional que deba ser atendido con premura, y que ha estado sometido en estos años a los condicionamientos de un falso diagnóstico? Así es. Detrás de la agitación sobre este punto ha estado, desde los años de Bachelet II, el interés político del Frente Amplio y del PC por demostrar que Chile estuvo extraviado por 30 años. Y ya vimos lo que proponían a cambio en el proyecto de Constitución rechazado. Allí se sintetizaba descarnadamente su pensamiento político.

La aventura constituyente puso a nuestro país en una situación de máximo riesgo. Recordaremos el 4 de septiembre de 2022 como el momento en que Chile pudo haberse hundido en la división, el marasmo y la decadencia. No cuesta imaginar en qué punto nos encontraríamos si no se hubiera producido la reacción ciudadana de autodefensa que fue el rechazo del proyecto refundacional avalado por el gobierno.

El cambio que más necesita nuestro país se relaciona con la calidad de la política, saturada de populismo y liviandad desde hace muchos años. Buena parte de los problemas nacionales se han originado allí. El mayor ejemplo fue, precisamente, el experimento que los partidos echaron a andar en 2019 con la Convención. Esa vez, actuaron como aprendices de brujo, y causaron inestabilidad e incertidumbre. No podemos permitir que sigan actuando como si Chile fuera un laboratorio.

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