La crisis política desatada por la decisión presidencial de indultar a un confuso contingente de personas entre las cuales se encuentran detenidos y condenados por hechos de violencia en el marco del “estallido social”, junto a delincuentes habituales apresados en el mismo contexto y un militante del FPMR inculpado de participar en un asalto bancario, es quizás la más grave que está atravesando el gobierno, que en cosa de 10 meses no ha dejado error por cometer.
A la pésima oportunidad de la iniciativa que puso en jaque a la mesa de seguridad de la ministra del interior se sumaron las desprolijidades recambolescas en que está envuelta la escena de los indultos -según la ministra vocera el presidente no conocía todos los antecedentes para ejercer una atribución que es exclusiva de su competencia y aun así se permitió comentar “las irregularidades” del juicio contra Jorge Mateluna Y “la inocencia” del resto de los indultados-.
Convergen con esta situación un conjunto de graves errores del mismo tipo -errores de amateurismo político y diplomático- como la improvisada visita de la ministra del interior a Temucuicui, la expulsión de La Moneda del embajador de Israel momentos antes de la presentación de sus cartas credenciales al presidente, la resistencia a firmar la actualización del tratado con la Unión Europea, el bochorno de las “side letters” en relación a la firma del TPP-11 y, ciertamente lo más grave, el inédito intervencionismo electoral con ocasión del plebiscito en que la ciudadanía rechazó el proyecto constitucional de la Convención que el gobierno imprudentemente hizo suyo.
La lista no es exhaustiva, pero es evidente que no son pocos errores para 10 meses de gobierno.
Sin embargo, para los demócratas de gobierno y oposición no cabe duda que las instituciones deben ser preservadas y la estabilidad democrática del país no puede ponerse en riesgo. Los aires que anuncian la posibilidad de una acusación constitucional contra la ex ministra de justicia y el propio presidente de la república a raíz de la escena de los indultos van justamente en contra de la estabilidad del país en un contexto de fuerte polarización y fragmentación política acompañada de una situación de descontento social producto de la inseguridad y fragilidad económica del país.
Así como fue tremendamente irresponsable la oposición al gobierno anterior impulsando una seguidilla de acusaciones constitucionales, dos de ellas contra el presidente de la república, la actual oposición no puede dar la misma señal de despreocupación institucional cayendo en la tentación de dar curso a acusaciones que, aunque podrían explicarse jurídicamente, no podrían disfrazar su carácter de vendettas políticas.
El gobierno ya no puede ampararse en su inexperiencia, candor o inocencia juvenil. Debería asumir que los errores se deben enmendar. Quizás llegó el momento de evaluar los equipos y corregir más profundamente.
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