Al final, es la productividad. Por Noam Titelman

Si hay que sacar adelante una reforma es a nuestro sistema político. No porque esta reforma por sí sola afecte nuestras vidas, sino porque puede ser la condición necesaria para avanzar en reformas de productividad que nos permitirán financiar la protección social. Es la productividad, pero al comienzo es la política.

Si todas las cosas salieran bien y los chilenos pudiéramos implementar algunas reformas exitosamente, ¿cuáles serían las reformas más importantes? Obviamente, no existe una sola respuesta correcta para esta pregunta y buena parte del debate democrático consiste justamente en poner en debate una diversidad de intereses y prioridades y definir por el voto en los eventos electorales.

Reforma a las pensiones, a la salud, a la educación, a la seguridad y muchas otras aparecerán en un debate como este.

En esta columna me quiero centrar en un tipo de reformas que, junto con las reformas de la red de protección social, representan un desafío central para el momento que vivimos. Me refiero a las reformas para aumentar nuestra productividad.

Sin aumento de productividad las otras reformas son importantes, pero, en algún momento se topan con la pared de los recursos escasos para múltiples necesidades. Con un PIB per cápita de US$ 16.265 incluso el mejor ordenamiento de nuestras pensiones, salud y educación estará lejos de alcanzar los estándares de países desarrollados que admiramos.

Existen dos maneras por las que las economías crecen. Pueden aumentar de tamaño por un crecimiento de los factores productivos (capital y trabajo) o lo pueden hacer por un aumento de la productividad, vale decir, producir más con lo mismo.

Cuando hablamos de productividad, en realidad, nos referimos a dos medidas relacionadas pero distintas. En ocasiones nos referimos a la productividad del trabajo. Por ejemplo, cuánto produce el país por hora trabajada. Esta productividad puede aumentar porque nos volvemos más eficientes en nuestro trabajo, por ejemplo, por la incorporación de tecnología, o porque aumenta el capital y eso hace más eficiente nuestro trabajo.

Pero existe otra medida de productividad que es quizás la más interesante porque es la que más se acerca a la idea de hacer más con lo mismo. La llamada productividad total de factores (PTF) consiste precisamente en el crecimiento residual de la economía que no se explica por el aumento de capital ni de trabajo.

En un famoso estudio, Robert Solow mostró que, en el caso de Estados Unidos, entre 1909 y 1949, 87.5% del crecimiento económico del país se debió a este aumento de productividad y no a más capital o trabajo. Es decir, el grueso del crecimiento de la economía se logró justamente por esta mayor eficiencia.

Según los datos de la OCDE, entre 2000 y 2015, la mayoría del crecimiento de sus economía se debe a aumentos de la productividad laboral.

Más aún, de particular relevancia para Chile es que los casos de convergencia entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados se han dado principalmente por el crecimiento de esta productividad laboral.

Chile está en el lugar 32 de los 33 países analizados por la OCDE en 2015, en términos de su productividad laboral. No hay ninguna posibilidad de que lleguemos a converger con los países desarrollados si no nos hacemos cargo de este déficit.

Por otro lado, en cuanto a la productividad total de factores, la historia reciente de Chile muestra una clara desaceleración. Mientras que en el periodo entre 1986 y 1997 vimos un importante aumento de la PTF (en torno a 2,05 del crecimiento del PIB se explica por este elemento), desde 1998 en adelante (salvo algunos años excepcionales) nuestra productividad total de factores se ha mantenido relativamente estancada y nuestro crecimiento ha descansado principalmente en el ingreso de capital.

Un asunto particularmente preocupante es que la PTF que más se ha visto golpeada, según estudios de CORFO y la UAI, es la de los sectores ligados a los recursos naturales, explicado en buena medida por la disminución de la ley (pureza) del cobre y otros costos que han ido al alza.

¿Qué se puede hacer? ¿Cómo evitar que nuestras discusiones se vean condenadas a la administración de pobreza en lugar de la redistribución de riqueza? Volviendo a las pregunta inicial del texto, hay varias propuestas dando vuelta e intensamente debatidas a lo largo de la últimas décadas.

A grandes rasgos se puede pensar en las reformas pro-productividad como agrupadas en dos áreas. “Hacer lo que ya hacemos, pero mejor” y “Hacer algo nuevo”.

Ejemplos del primer grupo de reformas son las que buscan modernizar nuestro Estado, facilitando y aliviando la carga administrativa para el emprendimiento y el funcionamiento de las empresas, como las recientes medidas anunciada por el gobierno que buscan, entre otras cosas, disminuir los requisitos notariales y digitalizar varios trámites. La digitalización, por cierto, tiene un gran potencial para mejorar nuestra productividad, como lo muestra el ejemplo de Estonia que logró ahorrar en torno a 2% del PIB por este medio.

En este tipo de reformas también se encuentra el fortalecimiento de nuestra sistema educacional, especialmente en su vinculación con el sistema productivo. Una de las grandes reformas pendientes al respecto es una enfocada en la educación técnico-profesional (también llamada vocacional). Así, el Consejo de Competencias Mineras de Chile estima que para 2024 existirá un déficit de 16.000 perfiles técnicos requeridos por este vital sector de la economía nacional.

Ejemplos de del segundo grupo de reformas incluyen medidas pro-innovación y emprendimiento en nuevas áreas de la economía. Este es el caso del recientemente anunciado Fondo de Fondos de Capital de Riesgo para financiar empresas innovadoras. Por cierto, incluye los, a estas alturas, repetitivos debates sobre el desarrollo de la industria de hidrogeno verde y la explotación de litio.

En definitiva, solo mencioné un puñado de posibles reformas para avanzar en un mejoramiento de la productividad, pero un elemento común que todos tienen es que son archiconocidos por los especialistas en el área. Muchos de estos temas han resultado en álgidas discusiones y acusaciones mutuas de ideologización o interesas espurios. En este sentido, una de las tragedias de nuestra discusión sobre productividad es que el estancamiento de esta es, en muchos casos, la contracara del estancamiento de nuestro debate político.

Algunos defenderán un mayor rol del Estado en el esfuerzo de dar un salto en nuestra productividad. Otros verán con resquemor este rol y preferirán más énfasis en el mercado. Unos terceros descartarán la discusión de plano y preferirán que se concentre los esfuerzos de la política en las necesidades más urgentes. Todos podrán tener argumentos para su posición, pero lo único cierto es que estamos en el peor de los mundos si el equilibrio es que nada avance.

En este sentido, si hay que sacar adelante una reforma es a nuestro sistema político. No porque esta reforma por sí sola afecte nuestras vidas, sino porque puede ser la condición necesaria para avanzar en reformas de productividad que nos permitirán financiar la protección social. Es la productividad, pero al comienzo es la política.