Expediente: Boric otorgó indulto a condenado por porte de molotov, con alto riesgo de reincidencia, que acusó un supuesto “montaje de Carabineros”
Jorge Poblete
A la izquierda, la carta de Bastián Campos enviada al Presidente. A la derecha, el indultado. (Fotos del expediente de Gendarmería)
El 1 de julio de 2022, el director de Gendarmería envió un oficio a la entonces ministra de Justicia con el expediente de Bastián Campos Gaete, quien 3 meses antes había escrito al Presidente Boric pidiéndole ser indultado. En esa carta dijo que había sido condenado por porte de molotov, producto de un supuesto montaje de Carabineros tras el 18-O. El expediente enviado a la ministra Ríos advertía que el condenado tenía un alto riesgo de reincidencia y una baja conciencia del mal causado, por lo que recomendaba no otorgarle el beneficio. El gobierno consideró, en cambio, que tenía un bajo compromiso delictual, una red de apoyo familiar y estaba trabajando en artesanías dentro de la cárcel.
Qué observar. El 18 de abril de 2022, Gendarmería puso el timbre a una carta manuscrita de un interno de Taltal, Región de Antofagasta, dirigida al Presidente Gabriel Boric.
“Solicito respetuosamente yo Bastián Ignacio Campos Gaete (23), condenado a 3 años y un día por el porte de bomba molotov, y a 61 días por robo en lugar no habitado, todo esto en el contexto de la revuelta del estallido social, por un montaje de Carabineros ocurrido el 27 de noviembre de 2019, cumpliendo en efectivo en la cárcel de Taltal”, consignó el documento escrito a mano, con tinta azul, consignado en la página 24 de su expediente de 83 páginas.
“Solicito con el debido respeto me sea concedido el indulto presidencial, con las facultades que le entrega la ley, esto es porque yo, junto a miles de personas del país, bajo el descontento por condiciones para vivir, y bajo mi derecho de manifestarme, salí a las calles por las razones que todos ustedes conocen, y por lo cual se dio como resultado una nueva Constitución, pero con consecuencias fatales para nuestro pueblo como fueron los asesinados, mutilados y presos ante un gobierno que nos declaró (la) guerra y violó sistemáticamente los derechos humanos, encarcelándonos a cientos de jóvenes a lo largo del país”.
La condena. El 1 de julio de 2022 el director de Gendarmería Sebastián Urra envió un oficio reservado a la entonces ministra de Justicia Marcela Ríos, remitiendo el “expediente de solicitud de indulto particular del condenado”.
Dicho expediente detalló los hechos tras sus sentencias por porte de artefacto explosivo o incendiario y robo con fuerza en lugar no habitado, en calidad de frustrado.
Describió cómo carabineros de Antofagasta sorprendieron a Campos Gaete saliendo encapuchado de un supermercado, con una mochila en la espalda, el 26 de noviembre de 2019.
Según este relato, tropezó con el piso mojado y cayó al suelo, lo que permitió que los policías pudieran aprehenderlo. Al abrir su mochila encontraron 3 botellas de pisco sustraídas del supermercado. En su mochila había también una cuarta botella, de cerveza, con combustible en su interior. En la boca tenía un paño rojo.
El prontuario previo al estallido. El extracto de filiación consignado en el expediente detalló que Campos Gaete tenía 2 condenas, ambas dictadas por el juzgado de Garantía de Antofagasta, por hechos previos al 18-O:
Una condena a 541 días de presidio por un tráfico en pequeñas cantidades cometido en julio de 2018, pena sustituida por libertad vigilada.
Una condena a 61 días de cárcel por un hurto simple realizado en abril de 2018, la que fue remitida.
El informe de Gendarmería. A las 2pm del 1 de mayo de 2022 se reunió en Taltal el tribunal de conducta de esa cárcel, para tratar la solicitud de indulto particular de Bastián Campos, consignó la página 25 de su expediente.
La instancia, integrada por 6 personas —el alcaide subrogante, el encargado educacional, el encargado laboral, la responsable del área de salud, la encargada del área técnica regional y el secretario del tribunal de conducta— desaconsejó otorgarle el indulto.
Alto riesgo de reincidencia. “Posee un alto riesgo de reincidencia. Se pesquisa necesidad de intervención criminológica en las áreas que poseen mayor correlación de reincidencia; pares, actitud procriminal y patrón antisocial. No obstante, el entrevistado no posee Plan de Intervención Individual, ya que el CDP (Centro de Detención Preventiva) Taltal carece de oferta programática en el área psicosocial”, dijo el reporte del área técnica psicosocial en la página 26 del expediente.
Disminuida conciencia del delito. “Es evaluado con una disminuida conciencia del delito y del daño, mal, causado, al centrarse en las pérdidas a nivel personal de su actual condición de privación de libertad. Disminuye su responsabilidad ante el accionar delictual”, dijo el mismo reporte.
Red familiar. “Posee como red de apoyo su familia nuclear, habitan en Antofagasta en domicilio de abuela materna. Padre es proveedor del hogar, trabajador independiente en consulta como instructor de maquinaria pesada”.
Proyecto de vida. “Ante su actual postulación a indulto, presenta un proyecto de vida escasamente estructurado, centrado en retomar el estilo de vida anterior a su privación de libertad. Por tanto, es evaluado con un estadio motivacional en fase de precontemplación. Desfavorable”, consignó el informe psicosocial.
Acuerdo del tribunal de conducta. “En razón a las opiniones emanadas por los profesionales de este tribunal de conducta y referente al interno en comento basado en los informes presentados por los profesionales, especialmente el informe social y psicológico, por tanto, este tribunal de conducta estima que el condenado no es acreedor a la gracia del indulto”.
El indulto. El 29 de diciembre de 2022 la ministra Ríos firmó, en lugar del Presidente, el decreto de indulto de Campos Gaete, mencionando su bajo compromiso delictual, su red de apoyo familiar, que estuviera desempeñándose como artesano en madera en el taller del penal y su “muy buena” conducta.
Campos Gaete se sumó así al total de 13 indultados a fin de año por el mandatario, quien hizo uso de su facultad presidencial.
Su caso es uno de los 7 que impugnaron senadores de Chile Vamos y Demócratas ante el Tribunal Constitucional (TC), que se espera resuelva la próxima semana sobre el fondo.
En el caso del exfrentista Jorge Mateluna, condenado por un asalto bancario de 2013, Gendarmería se mostró favorable a perdonarle la pena.
La controversia por los indultos tuvo como resultado la salida del cargo de la ministra Ríos y del jefe del gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía.
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