La trama política tras la licitación de Gendarmería por $20 mil millones que fue declarada ilegal y que involucra a la jefa jurídica de Hassler

El 29 de mayo de 2018, el Tribunal de Contratación Pública declaró arbitrario e ilegal el informe de la comisión evaluadora de Gendarmería —integrada por la actual jefa jurídica de la alcaldesa Hassler— que propuso unánimemente adjudicar a la empresa Global Systems Chile la licitación para vigilar el cumplimiento de los arrestos domiciliarios a través de “tobilleras electrónicas”, pese a que tenían el tercer puntaje de los 4 competidores y a que había 2 ofertas a menor precio. La decisión puso el foco en que Global Systems pertenecía al grupo Rebrisa, que tenía como director a Álvaro Güell, hermano menor del ex integrante del segundo piso de la expresidenta Bachelet, Pedro Güell. En octubre de 2019 la fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación. Días después ocurrió el 18-O.

El mensaje a los accionistas. En las memorias de 2017 del grupo Rebrisa, el presidente del directorio, Avram Fritch, expuso a los accionistas la prometedora licitación de Gendarmería que se habían adjudicado —a través de su empresa Global Systems Chile SpA—, para vigilar el cumplimiento de los arrestos domiciliarios mediante “tobilleras electrónicas”.

• Tras destacar que los globos de vigilancia de la empresa habían sido contratados por las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea (lo que posteriormente enfrentó cuestionamientos de vecinos por la invasión de su privacidad), se refirió a la adjudicación por $20 mil millones con Gendarmería.
• “Con fecha 6 de octubre del 2017, mediante Oficio Ord N° 3456 se le comunicó a la empresa que había sido declarada ganadora de la licitación referida, proyecto de gran importancia no tan sólo por los montos involucrados, sino porque la tendencia mundial y en la que está inserta Chile, es reducir al máximo el número de personas que deben estar recluidos en establecimientos penitenciarios, siendo el uso de una tobillera o brazalete, una alternativa más eficiente tanto desde el punto de vista humano como económico”, dijo Fritch.
• “No obstante lo anterior, dos de los postulantes a la licitación, las empresas Pegases – Cramick y Track Group, interpusieron sendos recursos ante el Tribunal de Contratación Pública, impugnando la adjudicación y solicitando que se haga una nueva evaluación de las ofertas. Al cierre del ejercicio 2017, el Tribunal mencionado no ha dictado sentencia”.

La sentencia. El 29 de mayo de 2018 el Tribunal de Contratación Pública declaró “ilegales y arbitrarios” los resultados del informe de la comisión evaluadora de Gendarmería del 5 de septiembre de 2017 y ordenó retrotraer la licitación a la fase previa, sostuvo el fallo.

• El informe declarado ilegal detallaba por qué sus integrantes respaldaron la opción de Global Systems, pese a que tenían el tercer puntaje de los 4 competidores y a que había 2 ofertas a menor precio.
• “Esta comisión, por unanimidad de sus integrantes, hace presente que la empresa Global Systems Chile (SpA) es quien presenta la mejor solución tecnológica para dar cumplimiento a los requerimientos de monitoreo telemático, resultando la más conveniente a los intereses de Gendarmería”, consignó el punto 7 de la resolución. “A juicio de esta comisión, es el aspecto técnico el preponderante a la hora de determinar cuál de las propuestas resulta más conveniente”.

La trama política tras la licitación. La decisión del tribunal puso el foco en que la millonaria adjudicación había ocurrido hacia el final del segundo período presidencial de Michelle Bachelet y en que Global Systems pertenecía al grupo Rebrisa, que tenía como director al ingeniero civil Álvaro Güell, hermano menor del sociólogo y ex integrante del segundo piso, Pedro Güell.

• El entonces director de Gendarmería, Jaime Rojas, había realizado una defensa cerrada de la comisión evaluadora. En octubre de 2017 dijo a El Mercurio que la comisión tomó “una decisión técnica, ajustada cabalmente a las bases de la licitación”.
• Quien actuó en su representación en esa comisión fue la abogada Julia Panez, quien fue anunciada este martes como nueva jefa jurídica de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), luego de que removiera de su cargo al abogado PC Jean Pierre Chiffelle, en medio de la investigación por el caso Sierra Bella que ha golpeado la gestión de la edil.
• El 14 de octubre de 2019 Radio Biobío informó que los cuestionamientos a la licitación de las tobilleras iniciados por el tribunal de contratación pública, a los que siguieron otros que involucraron a otros oferentes, derivaron en que la fiscalía metropolitana centro norte abriera una investigación penal por el caso.
• Cinco días después ocurrió el 18-O, desviando la atención del Ministerio Público hacia los delitos cometidos durante el estallido social.
• Consultada el martes la municipalidad por la situación respondieron por escrito a Ex-Ante que “respecto de lo consultado, debemos señalar que la directora jurídica, Julia Panez, posee una la amplia trayectoria profesional por más de 30 años en instituciones públicas, privadas y en la academia que le permitirán desarrollar a cabalidad la labor encomendada para la comuna de Santiago”.

Quién es la nueva jefa jurídica. Julia Panez Pérez, 54, es abogada de la Universidad de Chile y magister en educación superior de la Uniacc, consignó en su LinkedIn. Entre 2014 y 2016 fue jefa de la unidad jurídica del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, y entre 2016 y 2018 fue jefa de asesores de Gendarmería.

• Estando en ese rol integró la comisión evaluadora de Gendarmería.
• También es presidenta del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC), funciones en las que suscribió el fallo que el 30 de enero expulsó de la DC al exconvencional Fuad Chahín y a otros militantes. La decisión fue revertida en abril por la Corte de Apelaciones de Santiago, por infringir el debido proceso.

La respuesta de la jefa jurídica. Durante el concejo municipal de este miércoles, la concejal Rosario Carvajal —ex aliada de Hassler— pidió a la alcaldesa un pronunciamiento por “una noticia preocupante sobre la licitación de Gendarmería”.

• “Respecto al punto sólo puedo decirles que es una situación del año 2017, efectivamente yo participaba como representante del director; una persona más que es miembro del comité evaluador, pero respecto de eso solo puedo decirles que mi incorporación al equipo municipal con el cual me honró la alcaldesa al otorgarme la confianza que me otorga, es también por los 30 años de experiencia en el servicio público. Y en esos 30 años de experiencia y de trabajo en el servicio público, en distintas áreas, jamás he estado sometida a sumario administrativo alguno”, respondió la abogada.

Ojo con. La alcaldesa nombró como su nuevo jefe de gabinete al sicólogo, exministro de Bachelet y articulador de la izquierda en la disuelta Convención Constitucional, Marcos Barraza. La decisión fue recibida por unos en el municipio como un “salvavidas” del PC a su gestión. Por otros, como una intervención.

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