Las Condes: la indagación de Contraloría por eventuales faltas a la probidad, el otro flanco para la alcaldesa Peñaloza (lea el documento)

Paralelamente a la investigación que desarrolla la fiscalía por el eventual sobreprecio en la compra de un paño para levantar un Centro de Salud Familiar en Las Condes, la Contraloría General de la República indaga una denuncia por posibles faltas a la probidad presentada por la concejal Catalina Ugarte (Republicanos). Se trata de una arista que podría arrojar resultados más rápido que la investigación penal, considerando los 3 meses que tardó el organismo en pronunciarse en el caso de la ex clínica Sierra Bella de Santiago. “Hay errores administrativos, pero no indicios de delitos”, asegura Peñaloza.

Qué observar. A fines de marzo, la concejal Catalina Ugarte (Republicanos) ingresó a la Contraloría General de la República un escrito de 8 páginas dirigido al contralor Jorge Bermúdez, pidiéndole indagar las eventuales faltas a la probidad cometidas en la compra de un paño para levantar un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en Las Condes.

• La presentación corría paralelamente a la denuncia penal que el 22 de marzo 4 concejales de Chile Vamos y Republicanos ingresaron en la fiscalía, por el mismo caso.
• Se trataba de Catalina San Martín (Evópoli), Patricio Bopp (ex UDI), y Leonardo Prat y Sergio Melnick, que corrieron como independientes en cupos de Republicanos.
• Su denuncia fue tomada por el fiscal Rodrigo Mena, quien abrió una investigación con carácter de reservada.
• En el marco de esa indagación es que este jueves la Policía de Investigaciones (PDI) llegó a la municipalidad para incautar los computadores y celulares del jefe jurídico, del director de Planificación y del secretario general de la corporación de Educación y Salud, los que fueron entregados, según fuentes del municipio.
• La alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) también entregó voluntariamente su computador, dijo en un video.
• Los concejales acusaron en el escrito de marzo el supuesto pago de sobreprecio en la compra de una vivienda, parte de un grupo de 10 casas. El eventual sobreprecio, con el cambio de Unidades de Fomento de este viernes, alcanzaba los $346 millones. También aseguraron que hubo pago de comisiones no aprobadas por el Concejo y la modificación del acta de un Concejo Municipal de marzo de 2022.
• Sostuvieron que estos hechos se traducían en 3 delitos: falsificación de instrumento público, fraude al fisco y estafa.
• Desde el municipio descartaron entonces el pago de sobreprecio y de comisiones no aprobadas. Afirmaron que sí hubo un ajuste en un acta de hace poco más de un año, el que luego fue informado a los concejales.
• La alcaldesa instruyó entonces la apertura de un sumario para indagar eventuales responsabilidades administrativas en la última situación. Este jueves la alcaldía dijo, en una declaración, que también contrataron a la empresa AZ para realizar una “auditoría”, que incluirá una “revisión exhaustiva del proceso de compra de los terrenos”.
• El caso Cesfam estalló cuando paralelamente son investigados como imputados el ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba (ex RN) y la alcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), lo que abrió un flanco para Peñaloza, quien este viernes fue respaldada por la UDI.

Contraloría. La presentación a Contraloría es una arista que podría arrojar resultados más rápido que la indagación penal, considerando los 3 meses que tardó el organismo en pronunciarse en el caso de la ex clínica Sierra Bella de Santiago. En la presentación de Ugarte se enumeran una serie de hechos que, de acuerdo con la concejal, permiten perseguir responsabilidades administrativas.

• “Con fecha 10 de marzo de 2022, la Municipalidad de Las Condes citó a una Comisión Reservada (esto es, no se graba ni se levanta acta de la misma), donde participó el secretario general de la Corporación de Educación y Salud, Sr. Ricardo Gutiérrez y el director de la Secretaría de Planificación1 (Secplan), Sr. Alejandro Contreras”, escribió.
• “Según lo expuesto por el Sr. Ricardo Gutiérrez, la empresa que operó como gestora inmobiliaria para la compra de las 10 casas (que en total suman 3.406,95 m2) que constituían uno de los paños de interés fue Vulcon Asset Management SpA (…), mientras que, por el paño contiguo, donde no hay casas, el gestor inmobiliario fue Engel & Volkers, cuyo propietario de los 1.908,05 m2 era Inmobiliaria FG Oriente II SpA”.
• “Asimismo, el señor Ricardo Gutiérrez indicó que, respecto al paño constituido por las 10 casas ya referidas, la Municipalidad de Las Condes compró directamente a 9 propietarios sus casas, con valores que oscilan entre las 50 y 70 UF (unidades de fomento) el metro cuadrado”.
• “Sin embargo, la décima casa y última en comprarse por parte de la Municipalidad, que corresponde a aquella ubicada en calle Nueva Delhi (…) fue comprada directamente a Vulcon, en su calidad de propietaria de la misma”.
• “A varios concejales esta última compraventa nos llamó la atención y lo hicimos notar en la Comisión Mixta, pues lo que se nos había señalado en la presentación es que Vulcon participó en la operación sólo como gestor inmobiliario”.
• “Asimismo, se nos informó que el precio promedio de compra por parte de la Municipalidad de estas 10 casas era de 68 UF el metro cuadrado, por casa”.
• “Sin embargo, uno de los concejales presentes (Sr. Leonardo Prat), en la misma Comisión, hizo el cálculo numérico y se dio cuenta que la casa que la Municipalidad compró directamente a Vulcon y no a su propietario primitivo como las otras 9, superaba con creces las 68 UF el metro cuadrado”.
• “En efecto, según la información entregada y haciendo el cálculo nosotros, se pagó a Vulcon 112,6 UF el m2 por la décima casa”, consignó el punto 8.
• “Existen varias irregularidades en el proceso de adquisición de los inmuebles para desarrollar un Proyecto Cesfam en la Municipalidad de Las Condes, primero por la omisión de información detallada, segundo por la adulteración de las Actas del Concejo Municipal, tercero por la omisión de otorgar el acuerdo por el Concejo Municipal para su compra y cuarto lo referido a los pagos de la compra de una propiedad al doble valor en menos de un mes de un mismo inmueble”, dijo en el punto 11.

“Se han detectado errores administrativos”. La alcaldesa respondió por escrito a un cuestionario enviado por este medio.

• A la consulta de si hubo faltas a la probidad contestó que “son Contraloría y los tribunales los que deben definir si es así. Apenas supe de la denuncia, no tomé palco y encargué una auditoría completa y exhaustiva a la firma de asesoría legal y compliance AZ. El informe final está por ser entregado, pero ya se han detectado errores administrativos, a partir de los cuales yo misma instruí hace una semana, mucho antes que la incautación, una ampliación del sumario interno que ya había encargado en marzo, inmediatamente después de la denuncia de los concejales”.
• “Ese informe final de AZ lo haremos llegar tanto a la Fiscalía como a la Contraloría, esperando que sea un aporte serio y responsable a la investigación. De lo que he ido conociendo, hay errores administrativos, pero no indicios de delitos”, escribió.

Por qué hubo una reunión sin acta. Respecto de por qué se realizó una reunión sin acta, la alcaldesa dijo que “las reuniones que se citan con carácter de reserva no incluyen acta. En este caso en particular fue el propio concejal Melnick, que en ese entonces presidía la comisión de Hacienda, quien pidió que fuera reservada y así la citó, por una razón muy simple: para evitar una especulación de precios con los terrenos que iban a ser adquiridos”.

• “En Las Condes hay pocos paños con las características que necesita el Cesfam, sobre todo en ese eje, por lo que el interés de la municipalidad en adquirirlos podía llevar a una especulación con los precios”.
• “Hubo acuerdo transversal en que fuera una sesión reservada, por esa razón. El paño que ofreció Vulcon incluía 10 casas, a un valor de UF 68 el metro cuadrado. A mediados de 2022 la Cámara Chilena de la Construcción emitía informes que daban cuenta de que la media de metros cuadrados en Las Condes era de más de UF 100, por lo que se estimaba que era precio de mercado. Y la operación final por parte del Municipio terminó siendo incluso menor que esas UF 68 por metro cuadrado, que es lo que autorizó de forma unánime el Concejo Municipal”.

Lea la presentación a Contraloría: