Las manos al fuego. Por Kenneth Bunker

Gabriel Boric continuará en el poder hasta terminar su cuatrienio, pero es evidente que nada de lo que quiso hacer se hará. Por ejemplo, podrá aprobar la reforma tributaria, pero no será la suya, será la reforma de los empresarios y de la oposición. Pero más relevante para su legado es el quiebre simbólico con el purismo. Ya nadie creerá en las banderas de probidad que decía portar. Gracias a lo descubierto, se rompió para siempre el discurso moralista que le permitió llegar al poder.

Hace poco más de una semana el gobierno declaraba no saber de ninguna irregularidad en el ministerio de Vivienda. La diputada Catalina Pérez manifestaba desconocimiento en cuanto a las operaciones de la fundación Democracia Viva, mientras que su pareja Daniel Andrade y su exasesor Carlos Contreras predicaban inocencia. El senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, decía no estar al tanto del asunto, y el ministro de Vivienda Carlos Montes, hablaba de un mero descriterio. El presidente Boric figuraba en la Antártica en una gira que nadie nunca entendió bien para qué servía.

Pero todo cambió bruscamente. Contreras renunció y Andrade despareció. La PDI se vio obligada a intervenir al allanar la casa de la diputada Pérez. La diputada Pérez, a su vez, se vio obligada a suspender su vicepresidencia en la testera de la Cámara y ausentarse de la primera línea. Latorre, quien negó tres veces a Pérez, finalmente sucumbió a la presión y presentó una querella ante la justicia para quienes resulten responsables del desfalco. El ministro Montes abrió una investigación mayor y el presidente Boric acusó recibo del asunto aceptando que varios de los miembros de gobierno podrían estar involucrados.

La reacción fue tarde y forzada porque se entendió desde el comienzo de que, si el asunto escalaba, las consecuencias serían irreversibles. Y, por eso, se hizo lo que pudo para bajarle el perfil. Pero, en vez de contener el problema, se potenció. Por resistirse a hacer lo correcto desde el comienzo y condenar hechos innegablemente constitutivos de corrupción, se contribuyó significativamente a ensanchar la bola de nieve. Si el gobierno hubiese colaborado desde el principio, quizás hubiese evitado la avalancha que vino después. Pero, porque se resistió, se demoró y trató de bajarle el perfil, contribuyó a agravar la situación.

Hoy, nadie duda que lo que se destapó en Antofagasta, y que tiene raíces en Ñuñoa, es un hecho de corrupción. Basta ver el calibre de los involucrados. Si la segunda semana en la cronología de los hechos fue la semana de los políticos, la tercera semana, la actual, ha sido la semana de la Fiscalía, la Contraloría y el Servel. Esto confirma el tenor irreversible del cual se temía. Con al menos tres instituciones tomando cartas en el asunto, es claro que nada volverá a ser lo que fue. Con un frente judicial, uno legal y otro político, se puede hablar tranquilamente del ocaso del gobierno de Apruebo Dignidad.

Gabriel Boric continuará en el poder hasta terminar su cuatrienio, pero es evidente que nada de lo que quiso hacer se hará. Por ejemplo, podrá aprobar la reforma tributaria, pero no será la suya, será la reforma de los empresarios y de la oposición. Pero más relevante para su legado es el quiebre simbólico con el purismo. Ya nadie creerá en las banderas de probidad que decía portar. Gracias a lo descubierto, se rompió para siempre el discurso moralista que le permitió llegar al poder. Desde ahora en adelante, el presidente Boric se tendrá que conformar con ser visto como un político más del montón.

Pero podría ser peor. Pues, es obvio que Democracia Viva no es un caso aislado, sino que parte de un patrón. Si por algo se le recuerde más adelante, será por haber permitido descubrir el mecanismo que permitía transferir recursos del Estado a los bolsillos de los políticos de forma sistemática y sigilosa. Y, por lo mismo, si no se avanza en entender de mejor manera ese mecanismo, no se le podrá poner fin al problema, que, una vez más, no es Democracia Viva, es la corrupción. Si el gobierno de verdad quiere ser parte de la solución, contribuirá en abrir la caja de pandora y entender exactamente a quién se le han transferido fondos.

Si el gobierno, por el contrario, busca cerrar el caso cuanto antes, por medio de un acuerdo nacional por la probidad u otra forma, estará trabajando justamente en la dirección contraria. Es imposible resolver el problema de fondo si el problema de fondo no se entiende. Quienes piden cerrar el asunto antes de terminar de entender el mecanismo, trabajan a favor de la corrupción. Lo que falta ahora, lo que es necesario, es investigar quién recibió fondos, por qué los recibió, y qué hizo con ellos. Mientras no exista un mapa completo del esquema, no se podrá diseñar una solución. La página se podrá dar vuelta hasta que todos los involucrados estén identificados.

El presidente parece entender esta idea. En uno de sus puntos de prensa, tras ser preguntado por el escándalo que azota su gobierno, dijo que “no pondría las manos al fuego por nadie”. Es una buena respuesta, en tanto admite que el asunto no comienza ni termina con Democracia Viva. También es una buena respuesta porque señala que el presidente está dispuesto a que se investiguen a todos quienes forman parte de su gobierno. Lo que faltaría, entonces, sería avanzar en esa dirección, abriendo una investigación mayor, a todas las carteras, para ver si existen irregularidades.

Ahora Boric tendrá que lidiar contra la tentación de culpar al Estado del problema, sabiendo bien que el Estado no es el culpable. Los culpables, en cambio, son los pocos corruptos que usan el Estado a su favor. Si se presume que el Estado tiene la culpa, se presume que la culpa la tienen todos.

Y, si se presume que la culpa la tienen todos, se presume que la culpa no la tiene nadie. Ese es el peor de los escenarios: que la discusión se vuelva sobre cómo evitar que el asunto ocurra de nuevo, antes de que siquiera se entienda lo que es el asunto del cual se está hablando. Eso sería una victoria para los corruptos y una derrota para los honestos.

Hay que ser franco y enfático en subrayar el hecho de que la gran mayoría de los militantes y políticos son honestos. Lo mismo va para la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, así como también para las fundaciones y las ONGs en general. Pero siguiendo con la línea que propone el presidente, los tiempos no están para confiar a ciegas. No están para absolver ni justificar, ni menos para confirmar o rechazar. Obviamente no están para avanzar hacia una solución definitiva cuando ni siquiera se entiende bien la extensión del problema. Los tiempos, en cambio, están para ponerse a disposición de la justicia.

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