La fiscalía regional de Aysén abrió este lunes una indagación para esclarecer si hubo delitos en el convenio por $1.600 millones firmado por el gobierno regional encabezado por Andrea Macías (PS) con ProCultura, para apoyar a familias del sector Glaciares, el cual fue aprobado por el Consejo Regional. La gobernadora ha advertido que los recursos no han sido traspasados y propuso cancelar el acuerdo. También indagará los programas desarrollados por Democracia Viva con la Universidad de Aysén. Van 9 indagaciones abiertas, una de las cuales fue en el gobierno anterior.
Qué observar. Este lunes la fiscalía regional de Aysén, encabezada por Carlos Palma, abrió una investigación por eventual malversación de caudales públicos vinculado a 2 fundaciones ya indagadas en otras regiones: ProCultura y Democracia Viva, confirmaron desde esa fiscalía.
- La causa fue abierta luego de que el 29 de junio los diputados Marcia Raphael (RN), René Alinco (PPD) y Miguel Ángel Calisto (Demócratas) enviaran un oficio al fiscal regional pidiendo indagar 2 situaciones.
- “Los antecedentes que llevaron a la Gobernadora Regional de Aysén, señorita Andrea Macías Palma, y al Consejo Regional de Aysén, (a) aprobar $ 1.673.000, mediante el Acuerdo N° 6.216 del 12 de abril del 2023, a la Fundación ProCultura, para ejecución del Programa ‘Transferencia Programa Apoyo a familias de zonas Provincia de los Glaciares’”, consignó el escrito sobre la primera.
- ProCultura, fundación indagada también por traspasos en Antofagasta, es además objeto de revisión por parte del Ministerio de Justicia por falta de entrega de información.
- La segunda arista implicaba a la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), partido con el que comenzó la crisis para el oficialismo y La Moneda.
- En este caso los parlamentarios pidieron “dilucidar si nuestra Universidad (de Aysén) realizó pagos de honorarios o gastos de traslado y estadía u otros gastos a trabajadores de dicha fundación o a su Presidente, señor Daniel Andrade, ya sea en el marco de la 2da Escuela de Verano de la Universidad (evento ampliamente difundido por la propia institución de educación dónde se informa la colaboración de la Fundación Democracia Viva), o cuando su Presidente, el señor Andrade, acompañó a la señora Rectora Natacha Pino en representación de la Universidad de Aysén, a participar en la ex Convención Constituyente, según consta en acta del Informe de Comisión de descentralización, Justicia y Equidad Territorial de la ex Convención”, escribieron.
- La rectora Natacha Pino aparece en una publicación de la página de Facebook de Democracia Viva, del 31 de marzo, como “integrante de nuestro Consejo Asesor”.
La reunión de la gobernadora con el fiscal. El 29 de junio, mismo día en que los diputados hicieron llegar los antecedentes al Ministerio Público, la gobernadora Andrea Macías (PS) se reunió con el fiscal regional.
- Esa jornada emitió una declaración pública donde explicó que todavía no habían sido transferidos los $1.600 millones a ProCultura. “Aún no firmamos (el) convenio, y del cual he solicitado una nueva revisión, para la tranquilidad de todos, a fin de determinar si proseguiremos con la firma del mismo”, escribió.
- El 3 de julio, consignó el sitio Aysén al Día, resolvió proponer al Consejo Regional dejar sin efecto el acuerdo. “Siendo muy responsable políticamente, creo que no es adecuado que, habiéndose instalado un manto de dudas respecto de la fundación ProCultura, nosotros avancemos en convenir con ellos”, escribió. Este lunes el Consejo Regional pidió un informe jurídico antes de resolver.
Panorama general. Con la investigación abierta en Aysén ya son 9 las regiones indagadas en el país en relación con convenios firmados con fundaciones o corporaciones, ya sea por secretarías regionales ministeriales (seremis) o por gobiernos regionales. Las diligencias han incluido allanamientos en distintas ciudades.
- Las regiones investigadas son: Arica, Antofagasta, Atacama, O’Higgins, El Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.
- Ocho de estas indagaciones involucraban a actuales autoridades en ejercicio, salvo la de O’Higgins, en que se trata de un convenio firmado durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Según dio a conocer T13 Radio, se trata de 2 convenios firmados por la Seremi de Vivienda con la fundación Arquiduc, que se adjudicó contratos por $56 millones y $65 millones en 2021. Si bien la fundación se dedicaba a temas principalmente educativos, los contratos fueron para instalar luminarias.
- El entonces director del Serviu, Manuel Alfaro, publicó en Twitter que los convenios “se encuentran ajustados a Derecho y siguieron los canales institucionales, cumpliéndose la totalidad de los requerimientos técnicos y administrativos para su aprobación”.
- El escándalo de desvíos se remonta a 3 convenios, por $426 millones, firmados en 2022 por el entonces seremi de Vivienda Antofagasta, Carlos Contreras, con la fundación presidida por Daniel Andrade.
- Andrade era entonces pareja de la diputada Catalina Pérez, quien había sido jefa de Contreras. Tanto Andrade como Contreras fueron expulsados de RD. El caso costó el cargo a la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD). A la diputada Pérez se le suspendió su militancia.
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