Caso fundación EnRed Social: Fiscalía en alerta por irregularidades y falta de documentación

El Ministerio Público está investigando a la Fundación EnRed Social por los más de $2 mil millones que ha recibido por parte del Estado. El problema es que las diligencias que ha encabezado la Fiscalía Regional de Tarapacá han arrojado algunas alertas: No cuentan con un domicilio de funcionamiento ni documentación. El jueves pasado la directora ejecutiva y fundadora, Carolina Pérez, entregó a la PDI dos computados y un celular. Además, entre junio de 2022 y hasta la fecha, ella y el tesorero de la fundación, Orlando Pérez —quien es su papá— compraron 3 vehículos, uno de los cuáles tiene un valor de mercado de $64 millones.

Sin documentación. El miércoles pasado, a eso de las 11:00 horas, la Policía de Investigaciones llegó hasta la Seremi de Vivienda de Tarapacá para allanar las dependencias por los convenios firmados con las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social. En paralelo hicieron lo mismo en Santiago con los domicilios de las organizaciones.

• Pero el caso de EnRed Social llamó particularmente la atención en el Ministerio Público: La PDI fue a 4 direcciones distintas que tenían declaradas en SII, sus memorias y otros registros, tres en la comuna de Las Condes y una en Providencia. En la primera, el conserje señaló que la fundación no trabajaba ahí hace al menos un año y en las otras tres nadie los conocía.
• Las diligencias eran para retirar toda la documentación necesaria de la Fundación EnRed Social que en un solo día, el 8 de agosto de 2022, obtuvo $1.060.619.263 a través de la firma de 7 convenios con el entonces seremi de Tarapacá, Francisco Javier Martínez Segovia.
• El problema fue que la PDI no encontró documentación, ni tampoco a la fundadora, presidenta y directora ejecutiva de la fundación, Carolina Andrea Pérez Fierro.
• A la trabajadora social la lograron ubicar, finalmente, en un domicilio en Villa Alemana. En su declaración dijo que era la casa de su papá, Orlando Pérez Cisternas —quien es el tesorero de la fundación— y que ella vivía en una pieza.
• El jueves entregó dos computadores y un celular.

Tres vehículos en un año. Carolina Pérez está siendo investigada en calidad de imputada. La investigación la está llevando a cabo la Fiscalía Regional de Tarapacá porque ahí se ejecutaron los 7 convenios que comprometen la mayor cantidad de recursos del Estado, pero también obtuvo traspasos en otras cinco regiones.

• En total, entre agosto y noviembre de 2022, en Tarapacá, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble y La Araucanía, se autorizaron $2.293.325.446.
• A eso se suma una transferencia de la Presidencia de la República del 6 de diciembre del 2022 por $39.700.000 para realizar actividades a través de Centros de Reforzamiento de la Enseñanza y Aprendizaje (CREA).
• Ninguno de estos convenios están en el registro de transferencias del Ministerio de Hacienda, sistema que depende de la Subsecretaría de dicha cartera, pero que según la ley, su actualización debe realizarla cada servicio que autoriza los traspasos.
• La falta de información en dicho registro se sumó a que en el Ministerio Público no tuvieron acceso a ningún tipo de documentación de la fundación, más allá de los dos computadores y el celular que entregó Pérez.
• Tampoco tienen una dirección en la que operan como fundación. Sólo tienen una casilla postal en Las Condes.
• Claves serán las diligencias que haga la unidad de Cibercrimen de la PDI. Según diversas fuentes, la semana pasada la fundación bajó información de su página web y su Facebook. Después la volvieron a subir.
• También es fundamental en estas diligencias las compras que ha realizado Pérez y su papá. Ambos, entre junio de 2022 —periodo en que se empezaron a gestar los convenios— y hasta la fecha, compraron 3 de vehículos: Uno de ellos es una Ford 150 Platinum que el valor de mercado es de $64 millones.

Doble contratación. Quien también está siendo investigado en calidad de imputado es el director técnico de la fundación, Aldo Bastidas Leal, quien según transparencia activa fue analista del Departamento de Asentamientos Precarios de la Subsecretaría de Vivienda desde abril de 2019 hasta febrero de 2022, vale decir, hasta un mes antes de que Boric llegara a La Moneda.

• La hermana de Bastidas, Lorena Bastidas Leal, tiene una constructora llamada Inmobiliaria y Construcción Social Igualdad Urbana Spa. El inicio de actividades fue el 6 de julio de 2022, su giro es “terminación y acabado de edificios”, y le ha prestado servicios a la Fundación EnRed Social en los proyectos de las regiones de Tarapacá, Atacama y O’Higgins.
• Un año antes, el 6 de julio de 2021, Orlando Pérez inició actividades para la Inmobiliaria Placilla Spa, que tiene como giro “alquiler de bienes inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias”, “compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles” y “actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución”.

Respuesta del Minvu. Los convenios autorizados por la Seremi de Vivienda de Valparaíso fueron cancelados a través de oficio el pasado 3 de agosto luego de que la secretaría ministerial detectara irregularidades.

• “Sobre el inicio del procedimiento de término anticipado, la Fundación EnRed realizó los descargos correspondientes dentro del plazo otorgado, ingresados específicamente el viernes 11 de agosto a esta secretaría. Posterior a aquello, los antecedentes presentados serán revisados en conjunto con el Serviu de la región, para poder determinar si efectivamente existe incumplimiento y, de ser correspondiente, proceder con el término del convenio”, explicitan desde el Minvu, institución que pidió la restitución de dineros.
• Respecto a los otros convenios, fuentes consultadas señalan que en Tarapacá también se analiza poner fin al trabajo con la fundación. “La decisión de iniciar el procedimiento de término anticipado, por parte de la Seremi del Minvu Valparaíso, del convenio con EnRed, tiene que ver con los antecedentes que existen de eventuales irregularidades en esa región. Sobre el resto de los convenios, en otras regiones, estos son analizados constantemente por las autoridades locales y se analizan caso a caso”, señalaron desde el ministerio.