Convenio: Defensor Nacional ordena sumario por insólita corporación privada que se enquistó en la Defensoría de Antofagasta

Entidad privada, que presidía el defensor regional, Ignacio Barrientos, firmó un convenio con el gobierno regional por $381 millones para ayudar a personas en situación de calle. Un sumario en curso busca determinar infracciones administrativas y mal uso de recursos públicos y la Fiscalía evalúa si anexar el caso a la investigación por convenios irregulares.

Qué observar. El 2 de agosto el defensor nacional, Carlos Mora, instruyó realizar un sumario administrativo por una insólita situación detectada en la Defensoría Penal Pública de Antofagasta.

• Se trata de la existencia de una corporación de derecho privado que funciona al interior del organismo público. Registra el mismo domicilio que el edificio de la Defensoría de Antofagasta -Balmaceda 2536-, está integrada por funcionarios de la repartición estatal y ha sido presidida por defensores regionales de Antofagasta desde 2019.
• Tras estallar el caso convenios en junio de 2023, la figura de esta corporación comenzó a generar inquietud al interior de la Defensoría, ya que podía verse involucrada porque también había recibido fondos públicos.
• Por esto, la entidad que se llamaba “Corporación social, artística, cultural y deportiva de la Defensoría Penal Pública, Región de Antofagasta”, fue rebautizada como “Corporación Solidaridad Nortina” a petición del defensor nacional.
• La corporación fue creada y presidida por la defensora regional Metropolitana Sur, Loreto Flores, cuando lideraba la repartición en Antofagasta. Ella fue apartada de su cargo, mientras se desarrolla un sumario en su contra por presuntas faltas a la probidad en otro caso vinculado a millonarios préstamos de dinero que le habría pedido a un funcionario bajo su mando.
• Luego, la corporación pasó a ser presidida por uno de los hombres de confianza de Flores, el actual defensor regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos.

Recursos públicos. La corporación obtiene recursos públicos, como un convenio que firmaron el 6 de abril de 2023 con la gobernación regional de Antofagasta, para desarrollar un programa para la “inclusión de personas en situación de calle y en riesgo y daño biopsicosocial”.  

• El monto, que asciende a los $381.089 millones, no requirió pasar por la aprobación del consejo regional, ya que se trata de una cifra inferior a 7.000 UTM ($436 millones).
• Anteriormente, la corporación había recibido otras transferencias menores de organismos públicos como en noviembre de 2022 una transferencia de $9.800.000 de la misma gobernación para un programa Mujer y Vida: mamografía Y papanicolau para Mujeres Privadas De Libertad y otra de abril de 2022 del Instituto Nacional de Deportes por $4.246.920, todas labores ajenas al rol institucional de la Defensoría.
• El problema es que la corporación privada funciona al interior de la Defensoría, su primera asamblea se registra en el mismo edificio y, según una denuncia que se presentó ante la Defensoría Nacional en Santiago, ocupa recursos públicos como computadores, oficinas y funcionarios que trabajan en horario laboral para la corporación.
• Además se señala que hubo un total de 15 personas externas que trabajaron cinco meses en dependencias de la Defensoría.
• Se puede ver también que ocupaban correos institucionales de la Defensoría, como es el caso de un mail enviado el 30 de mayo por Patricia Sagua, tesorera de la corporación, donde firma como directora administrativa de la Defensoría regional y entrega una nómina de los funcionarios atrasados con sus cuotas para la entidad privada.
• Otro set de correos de agosto de 2022 muestra como Barrientos intentó que Grissel Ponce, la persona a cargo del proyecto adjudicado a la corporación, fuera contratada como perito de la Defensoría.

El sumario. El sumario ordenado por Carlos Mora apunta a determinar responsabilidades del defensor Barrientos, quien a la fecha figura en el registro público de colaboradores del Estado y receptores de fondos públicos, como presidente de la corporación y fue quien firmó el convenio con la gobernación que encabeza Ricardo Díaz (ex RD). 

• El sumario está siendo realizado por el par de Barrientos, el defensor regional de Arica, Sergio Zenteno.
• Según explica, Samuel Poblete, director administrativo nacional de la Defensoría, “el Defensor Nacional Carlos Mora Jano, ordenó la realización de un sumario administrativo inmediatamente después de recibir una denuncia por presuntos actos relacionados con el mal uso de recursos públicos en la región de Antofagasta y por presuntas infracciones administrativas”. El sumario tienen carácter reservado.
• Consultado por Ex-Ante sobre si es normal que existan organismos privados como corporaciones trabajando al interior de la Defensoría, Poblete fue tajante: “No”.

Fiscalía atenta. El tema de la corporación enquistada en la Defensoría es un comentario obligado entre los abogados de Antofagasta y también ha llegado a oídos de la Fiscalía regional. Se está a la espera que asuma el nuevo fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, el próximo 11 de octubre, para que resuelva si este caso se anexa al la investigación por convenios, ya que la estrategia del Ministerio Público es indagar todos los convenios otorgados por la gobernación regional y otros organismos a instituciones privadas.

Le puede interesar. Lío de platas que apartó a Defensora Regional Metropolitana (ex-ante.cl)

[Confidencial] El insólito lío de platas de la Defensora Regional Metropolitana y la orden de apartarla del cargo.

https://t.co/ifLDhaDznW

— Ex-Ante (@exantecl) September 28, 2023