La caída de ProCultura, fundación emblemática del Caso Convenios

ProCultura, la fundación creada en 2010 por el siquiatra Alberto Larraín, anunció este viernes “la dolorosa decisión” de cesar sus actividades. La determinación se adoptó en medio del Caso Convenios, del que fueron protagonistas. La entidad se autodenunció en junio a la fiscalía, asegurando que aceptaron las “recomendaciones” de la Seremi de Vivienda de Antofagasta de contratar personal que, sin su conocimiento, habría realizado dobles funciones, con ellos y el Serviu. Luego se supo del convenio con el Gore de Antofagasta para pintar fachadas del casco histórico, con precios sobre el valor de mercado. Era el principio de la caída de una fundación que creció respaldada por los amplios contactos políticos de Larraín, desde la ex Concertación al Frente Amplio. A continuación, su historia.

Sus orígenes. “ProCultura se inicia con un sueño, un sueño que compartimos con Alberto Larraín. Partimos con una oficina móvil llevada en un maletín”, dijo su cofundadora Ilonka Csillag a El Mercurio, en 2019. “Es una organización centrada en las personas y las comunidades”.

• El proyecto se apoyó en la vasta red de contactos políticos del siquiatra Alberto Larraín, quien fue novicio jesuita, trabajó en el consultorio de Salud Mental de Peñalolén, municipio encabezado entonces por el alcalde Claudio Orrego (hoy ex DC), a quien apoyó en las primarias presidenciales de 2013.
• En 2017 renunció a su trabajo en el Ministerio de Salud para sumarse a la campaña presidencial de Carolina Goic. Tras dejar la DC se acercó al Frente Amplio (FA) y al entonces diputado Gabriel Boric.
• La fundación obtuvo personalidad jurídica en mayo de 2010, e inició actividades ante Impuestos Internos con los giros fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales; venta al por menor de libros en comercios especializados; edición de libros y otros tipos de enseñanza.

El auge. La trayectoria de ProCultura incluyó hasta agosto 67 convenios con diferentes reparticiones, por más de $4.200 millones, suscritos entre 2010 y 2023, mostró la base de datos del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades del Ministerio de Hacienda.

• Estos convenios iban desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; la subsecretaría de las Culturas; Corfo; la subsecretaría de Interior y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, hasta las municipalidades de Limache y Calera, pasando por la secretaría regional ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta y los gobiernos regionales Metropolitano, del Ñuble, Los Lagos y Aysén.

Los cuestionamientos. La exitosa carrera de ProCultura quedó, sin embargo, en entredicho con la apertura en junio de la investigación penal a los traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática.

• ProCultura se autodenunció ese mes en la fiscalía, asegurando que aceptaron las “recomendaciones” de la Seremi de Vivienda de Antofagasta de contratar personal que, sin conocimiento de la fundación, habría estado realizando dobles funciones, con ellos y el Serviu.
• A esto se sumó la apertura de una indagación por el proyecto de recuperación de fachadas del casco histórico de Antofagasta, para el cual el Gobierno Regional (Gore) encabezado por el gobernador Ricardo Díaz (ex RD) firmó un convenio con la fundación Procultura por $630 millones, de los cuales fueron adelantados $460 millones. Su giro estaba lejos de esta labor.
• Según publicó entonces el medio local Timeline, el convenio implicaba la limpieza y pintura de 3 fachadas de edificios, que sumaban 2.400 metros cuadrados, generando un precio por metro cuadrado de $262 mil, lo que estaba por sobre el valor de mercado.
• ProCultura respondió que el proyecto incluía también el desarrollo de informes técnicos y la capacitación de 38 personas y realización de talleres. Finalmente, el Gore canceló el convenio.
• Paralelamente, la fiscalía regional de Aysén la indagó por otro convenio, por $1.600 millones, firmado por el gobierno regional encabezado por Andrea Macías (PS) para apoyar a familias del sector Glaciares, el cual fue aprobado por el Consejo Regional. La gobernadora advirtió que los recursos no fueron traspasados.
• Luego la fiscalía de Magallanes abrió una indagación por eventual fraude al fisco en el traspaso de fondos desde la Seremi de Vivienda a la Municipalidad de Provenir para el desarrollo de un plan de desarrollo de pequeñas localidades, donde el municipio subcontrató a ProCultura.

La defensa de Larraín. En este contexto es que Larraín se refirió a sus contactos políticos. “No soy parte del círculo cercano del Presidente Boric, tanto es así que desde que asumió como Presidente no nos hemos encontrado ni en actividades públicas ni privadas”, dijo en julio a La Segunda.

• Sobre la labor que cumplió en ProCultura Irina Karamanos, entonces pareja del Presidente, dijo en esa entrevista: “Irina postuló a un cargo que se abrió en la fundación para apoyar en Educación Identitaria y fue seleccionada por sus conocimientos en investigación social y temáticas culturales”, dijo. “Trabajó entre abril de 2021 y febrero de 2022”.

La caída. Este mes, tras la difusión de las auditorías de Contraloría a los Gore, donde el organismo cuestionó las condiciones de los convenios con ProCultura y otras entidades sin fines de lucro, la fundación anunció el fin de sus operaciones.

• Este viernes, a través de una declaración publicada en su sitio web, anunciaron que “con profundo pesar queremos informar que hemos llegado a la dolorosa decisión de cerrar nuestras actividades”.
• “Este cierre es el resultado de una serie de factores que han afectado la sostenibilidad a largo plazo de Fundación ProCultura. En 14 años hemos trabajado incansablemente para promover la puesta en valor de las personas, la identidad y el patrimonio, y contribuir al bienestar de las comunidades”.
• “El cierre de la totalidad de las operaciones y proyectos, así como el término de todas las actividades como fundación, se hace efectivo a contar de hoy 17 de noviembre”.
• “Este cierre es consecuencia del irreparable daño patrimonial y reputacional que produjo el cuestionamiento político y comunicacional, a nivel nacional, producto de algunos casos asociados a la asignación de recursos públicos a diversas fundaciones”.
• “En este contexto, los organismos estatales quitaron todo apoyo a las fundaciones y de forma unilateral, sin sustento jurídico, nos impidieron continuar con nuestra labor, lo que finalmente ha hecho inviable continuar con nuestra operación”.
• “Esto impidió tanto la asignación de nuevos, como la renovación de aquellos que se encontraban en ejecución y su proceso de cierre”.
• “Lo anterior, sumado al incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en proyectos tan emblemáticos y significativos socialmente como el Circuito Lota Patrimonial, tuvo un impacto devastador en el estado financiero de la fundación, que culminó en un desgaste tan relevante como irreversible”.

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