Marcela Cartagena, la cuestionada fiscal apartada del Caso Tomás

“Esto ya es una comedia de errores espantosa, en la mitad de los cuales estábamos nosotros”, dijo en marzo la fiscal regional del Biobío, luego de reconocer que —tras más de 2 años de investigación— habían fallado en acreditar quién o quiénes estaban detrás de la muerte de un niño de 3 años en la región. Diputados de Chile Vamos y Republicanos pidieron a la Suprema su remoción, la que este mes fue rechazada por el máximo tribunal, que consideró insuficientes las pruebas para atribuirle responsabilidad directa. El fiscal nacional —quien había evitado profundizar en el nombramiento realizado por su predecesor, considerado cercano a Cartagena—, la sacó este lunes de la causa.

1. Marcela María Cartagena Ramos, 55, nació en 1968 en Temuco, estudió derecho en la Universidad Católica de Chile y juró como abogada en 1994. Tiene un diplomado en Reforma Procesal Penal y Litigación Oral en la Universidad Alberto Hurtado, y capacitaciones en Chile y el extranjero en materias de Justicia Criminal e Interrogación y Contrainterrogación de Testigos y Peritos, consignó el sitio del Ministerio Público.
2. Ejerció libremente la profesión y fue parte de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, hasta que en 2003 ingresó a la Fiscalía del Biobío, donde ha desarrollado su carrera. Fue fiscal adjunta de la Fiscalía de Concepción, donde ejerció la jefatura en interinato y subrogancia, entre 2006 y 2015.
3. En junio de 2018, el entonces fiscal nacional Jorge Abbott la eligió fiscal regional del Biobío en una terna que incluía al fiscal preferente para causas de violencia rural Juan Yáñez y al fiscal jefe de Chillán, Pablo Fritz.
4. Si bien no era inicialmente parte del círculo más estrecho de Abbott, sumó su apoyo en distintos momentos. Uno ocurrió en 2019, cuando el fiscal nacional resolvió no dar lugar a la petición de 3 abogados ligados a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) de inhabilitarla en la investigación de los episodios de contaminación ocurridos en agosto de 2019 en Quintero y Puchuncaví, y en diciembre de ese año en Talcahuano. El motivo: la representación legal del marido de Cartagena a Enap Refinerías S.A. en diversos juicios.
5. El 3 de marzo de 2021 ocurrió el aterrizaje de Cartagena en el caso de Tomás Bravo, el niño de 3 años y medio desaparecido en febrero de 2021 y encontrado sin vida 9 días después, en el sector de Caripilún, comuna de Arauco.
6. Menos de 24 horas después de que el único imputado por la muerte del niño, su tío Jorge Escobar, quedara sin medidas cautelares tras ser formalizado por homicidio calificado —lo que implicaba un cuestionamiento del tribunal a la calidad de la investigación—, Abbott sacó del caso al fiscal jefe de Arauco, José Ortiz. En su lugar designó a la fiscal regional del Biobío para que liderara las indagatorias.
7. La medida buscaba impulsar un caso que había adquirido interés nacional y era un respaldo de Abbott a Cartagena. Ese apoyo se reforzó cuando en mayo del año pasado fue designada a cargo del robo de madera, en la Macrozona Sur, detrás del cual se sospechaba había grupos radicales armados.
8. El mayor logro de la fiscalía en este último tema ocurrió en septiembre de este año, con la detención de 11 personas presuntamente conectadas con el grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), entre los cuales había 2 carabineros: un activo y otro en retiro.
9. En marzo de este año, Cartagena hizo un mea culpa por la indagación del Caso Tomás, luego de que —tras 2 años de investigación— fallara en encontrar a los autores y reformulara los cargos contra el tío abuelo por abandono de menor con resultado de muerte, en vez de homicidio. “Esto ya es una comedia de errores espantosa, en la mitad de los cuales estábamos nosotros”, dijo a T13.
10. En abril, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos presentaron una solicitud de remoción de Cartagena ante la Corte Suprema y la Fiscalía Nacional. “Hay un proceso en trámite y no quisiera influir en ello”, respondió el fiscal nacional Ángel Valencia, cuando le consultaron por el caso en un viaje a Punta Arenas.
11. La solicitud fue declarada inadmisible por la Suprema por falta de presentación de medios de pruebas, por lo que fue reingresada en junio. Esta vez sí se dio curso a su tramitación. En ésta se acusaba a Cartagena de incurrir en una “negligencia manifiesta” en casos como el de Tomás, la investigación del caso de Sergio Mardoff (desaparecido en 2005 y cuyo cuerpo estuvo 3 años en el Servicio Médico Legal antes de que fuera identificado en 2018), y el caso de Luis Lugo Machado.
12. Este último se remontaba a abril de este año, cuando se conoció que el ciudadano venezolano Luis Lugo Machado, quien sería imputado por el homicidio del cado Daniel Palma —quien recibió un disparo en la cabeza cuando fiscalizaba a un vehículo sospechoso en avenida Matta, en Santiago—, podría haber estado preso cuando murió el policía.
13. El motivo: había sido detenido el 12 de agosto de 2022 en el centro de Tomé, Región del Biobío, con 12 envoltorios de papel con marihuana. Tres meses antes había sido condenado a 3 años de cárcel por posesión o tenencia de arma prohibida en Concepción y cumplía su pena en libertad vigilada. Pese a esto, la fiscal de Tomé resolvió dejarlo apercibido, en vez de solicitar su control de detención. La respuesta de Cartagena fue abrir una investigación administrativa.
14. En sus descargos ante la Corte por el caso Tomás, Cartagena responsabilizó a otras entidades. “La investigación se vio dificultada por errores atribuibles a otras instituciones que perjudicaron de manera categórica tres aspectos fundamentales: a) causa de muerte; b) data de muerte; c) ADN de terceros en la ropa y tórulas (hueso en la parte anterior de la articulación de la tibia con el fémur) tomadas del cuerpo”, dijo.
15. “Informes periciales posteriores descartaron por completo lo informado inicialmente por el Servicio Médico Legal en cuanto a que la causa de muerte no era atribuible a terceras personas. Tampoco hubo coincidencia con la data de muerte informada en la autopsia, y no se pudo plantear una causa de muerte determinada debido a la omisión de hallazgos relevantes en el pre informe y la falta de coincidencia con el informe de autopsia final del Servicio Médico Legal, atribuible a la degradación de componentes químicos por el tiempo que medió entre ambos informes. Así las cosas, transcurrido un año se pudo confirmar la participación de terceros y violencia sexual”, dijo Cartagena, consignó la Corte.
16. El 14 de noviembre, la Corte Suprema emitió su resolución, donde concluyó que “la prueba rendida no permite demostrar una conducta manifiestamente negligente de la requerida, y si bien de los hechos asentados en el proceso se observan desaciertos en diligencias investigativas, lo cierto es que tales actuaciones aparecen vinculadas a órganos que colaboran con el Ministerio Público en su labor, mas no permiten atribuir directamente a la señora Fiscal Regional del Biobío los reproches formulados”.
17. Los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales y la ministra suplente María Eliana Quezada, fueron más duros con la fiscal. “Los hechos acreditados en el proceso revelan falta de acuciosidad en la dirección de la labor investigativa a cargo del ente persecutor; en la recolección de prueba, cadena de custodia y aseguramiento de los distintos sitios del suceso; en la manera como se han conducido los fiscales adjuntos en las pesquisas específicas a su cargo, y, en especial, en la supervigilancia de quien desempeña el cargo de Fiscal Regional”, dijeron en un punto donde discreparon de las conclusiones generales.
18. Este lunes por la noche, 6 días después de emitido el fallo del máximo tribunal, la Fiscalía Nacional anunció la salida de Cartagena del caso. “A través de una resolución oficial, el Fiscal Nacional Ángel Valencia decidió trasladar la causa relacionada con el caso Tomás Bravo desde la fiscalía regional del Biobío a la jurisdicción de Los Ríos (a cargo de la fiscal regional Tatiana Esquivel). Esta medida responde a la querella por sustracción presentada por Estefanía Gutiérrez, madre del menor fallecido en febrero de 2021”.
19. “La resolución tiene como objetivo asegurar una gestión más especializada de la investigación”, dijeron en un comunicado.