La decisión del fiscal de Antofagasta Cristián Aguilar de separar las causas que indaga del Caso Convenios —que incluyen tanto a su región como a El Maule— permitió esclarecer los delitos por los que se indaga a cada fundación y, también, quienes son los que las representan. En el caso de TomArte, su directora Kelly Betancourt ya presentó defensa por figurar como “imputada no formalizada aún en esta causa”. El fiscal también investigará paralelamente la “omisión de denuncia” en el Caso Democracia Viva, lo que podría complicar a los exjefes de asentamientos precarios de Vivienda Verónica Serrano —tía del jefe de asesores del Segundo Piso Miguel Crispi— y Ricardo Trincado (PS).
Qué observar. El fiscal adjunto jefe de Antofagasta Cristián Aguilar envió un escrito al Juzgado de Garantía de la ciudad, difundido este martes, comunicando la separación en 8 de las investigaciones por el denominado Caso Convenios.
- La decisión, tomada a 6 meses del estallido del Caso Democracia Viva y cuando Contraloría ya ha entregado sus informes sobre los convenios firmados de norte a sur, detalló las entidades privadas y los delitos indagados en cada caso.
- Esto permite establecer quienes son los fundadores y directores detrás de cada uno de los contratos cuestionados.
- Se trata de la última decisión en una causa que impulsó la renuncia en agosto del entonces ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson (RD) y ha derivado en solicitudes de renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).
Democracia Viva: Daniel Andrade. El número inicial de la causa lo mantendrá la investigación a los $426 millones traspasados desde la secretaría regional ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pese a carecer de experiencia en el área de campamentos.
- Los 3 contratos fueron suscritos en 2022 por el entonces seremi Carlos Contreras, quien había sido jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, que era pareja de Daniel Andrade, presidente de Democracia Viva y contraparte de Contreras en los acuerdos. Los 3 eran militantes de Revolución Democrática (RD).
- Los delitos investigados en este caso son fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
- El fiscal asignó un rol distinto para continuar la indagación por el delito de “omisión de denuncia” en el caso. La artista puede afectar a quienes conocieron de los convenios y dejaron pasar la oportunidad de denunciarlo.
- El 20 de septiembre de 2022, día de la firma de los primeros convenios, el seremi Contreras recibió un email de la entonces jefa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda, Verónica Serrano, recordándole que días atrás le había planteado “la urgencia” de firmar los acuerdos con fundaciones, ya que “tu región tiene un importante monto asociado a Convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria”.
- Serrano era una figura conocida en el gobierno: era tía del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD).
- También conoció de los convenios el sucesor de Serrano en el cargo, Ricardo Trincado (PS), quien emitió un informe favorable sobre los acuerdos.
ProCultura: Alberto Larraín. Un número diferente de causa se asignó a los convenios suscritos en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación ProCultura, por $545 millones, para desarrollar proyectos de asentamientos precarios, pese a que su giro era venta al por menor de libros, edición de libros, otros tipos de enseñanza y entidades que promueven actividades culturales.
- La fundación fue cofundada en 2010 por el siquiatra Alberto Larraín (ex DC), quien comenzó su carrera política junto al actual gobernador metropolitano Claudio Orrego (ex DC), antes de acercarse al Frente Amplio y al Presidente Gabriel Boric.
- Los delitos indagados en este caso son fraude al fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
- Un número distinto tendrá la indagación por los traspasos por $630 millones a ProCultura desde el Gobierno Regional de Antofagasta encabezado por el ex RD Ricardo Díaz, para recuperar las fachadas del casco histórico de la capital regional.
- Aquí se investigan fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
- La fundación anunció el 17 de noviembre el cese de sus actividades. Larraín comunicó la decisión a sus funcionarios en una emotiva reunión donde, cuentan asistentes, agradeció a todos y lloró. Hoy docenas de estos amenazan con demandarlo por el no pago de finiquitos y, en algunos casos, cotizaciones.
TomArte: Kelly Betancourt. El fiscal también separó la investigación por los traspasos del Ministerio de Vivienda de Antofagasta a “TomArte, Fibra, Urbanismo Social y otras”.
- Los delitos que continuará investigando son fraude al fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
- En el caso de TomArte, la entidad recibió $456 millones en 2022 para realizar proyectos en asentamientos precarios y campamentos, pese a que había iniciado actividades el 15 de septiembre de 2022 y su giro eran actividades de apoyo a la enseñanza, otros tipos de enseñanza, producción de otras de teatro, otras actividades creativas y actividades culturales.
- La fundación sí era conocida por realizar actividades por la opción ‘Apruebo’ para el pasado plebiscito constitucional. En una declaración dijeron existir informalmente desde 2017 y que obtuvieron personalidad jurídica en enero de 2022. También negaron irregularidades.
- Su directora, la técnica en sonido Kelly Betancourt, ya presentó patrocinio por encontrarse “imputada, no formalizada aún en esta causa”, mostraron los documentos.
Fibra: Mery Ortiz Donoso. La fundación recibió $430 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta en 2022, para ejecutar proyectos de habitabilidad primaria en campamentos.
- Sus giros eran actividades culturales o recreativas, otros tipos de enseñanza, otras asociaciones y servicios sanitarios.
- Era representada al momento de los convenios por Mery Ortiz Donoso, cuya fundación apoyó abiertamente al gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Urbanismo social: Pilar Goycoolea. La fundación es indagada por los convenios por $577 millones con la Seremi de Vivienda de Antofagasta de 2022, pero también por otras 2 causas de El Maule, que ven en el norte: los traspasos por $109 millones desde la seremi de Vivienda de Talca y los convenios por $262 millones con el Gobierno Regional del Maule encabezado por Cristina Bravo (DC).
- En ambos casos se indagan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos. Esta fundación, a diferencia de otras más recientes, obtuvo su personalidad jurídica en 2009.
- En el caso de la Seremi de Talca la acusación de conflicto de interés proviene de que el seremi Rodrigo Hernández (RD) había sido hasta abril de 2022 director jurídico de la fundación. En julio de este año se aceptó su renuncia.
- En el caso del Gobierno Regional, el 30 de mayo de este año la gobernadora Bravo (DC) recibió una carta de la presidenta de Urbanismo Social, Pilar Goycoolea, planteándole la inconveniencia de aceptar la propuesta de la gobernación de contratar al concejal de Curicó Javier Ahumada —también DC— para el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros y seguras”.
Publicaciones relacionadas
