Las dos versiones tras la detención de Luis Castillo y las contradicciones entre Tohá y Vallejo

El fiscal jefe de Copiapó transparentó que tenía dudas sobre los eventos del miércoles por la noche que terminaron con la detención del indultado Luis Castillo. Mientras el denunciante aseguraba haber sido secuestrado y obligado a subir al maletero de un auto, la hija de Castillo aseguró que todo ocurrió durante una fiesta con consumo de drogas y que “estaba haciendo este secuestro para que la pareja no lo retara”. Esta versión coincidiría con la de los imputados. En La Moneda también hubo visiones contrapuestas. La vocera Camila Vallejo dijo que el gobierno se querellaría si había seguridad de que hubo un delito. Veinticinco minutos antes el Ministerio del Interior ya había ingresado el escrito.

Qué observar. El fiscal jefe de Copiapó Christian González transparentó este jueves por la tarde que tenía dudas sobre los eventos del miércoles por la noche que terminaron con la detención de Luis Castillo Opazo, por lo que seguía sin resolver si formalizaría cargos en su contra y, en caso de hacerlo, por qué delito.

• El preso del 18-O había sido indultado a fines del año pasado por el Presidente Gabriel Boric, decisión que gatilló una de las mayores crisis a la fecha en La Moneda, cuando se conoció el amplio prontuario que tenía previo a que se perdonara su pena.
• De acuerdo con los primeros antecedentes policiales conocidos, Castillo fue aprehendido junto a 4 mujeres luego de, presuntamente, haber amenazado con un cuchillo a un hombre en una bomba de bencina de Copiapó, a quien habrían obligado a entrar a la maleta de un vehículo. Desde allí éste habría logrado avisar por celular de su ubicación a la policía y ser rescatado este jueves por la mañana por Carabineros.
• Esta versión fue rechazada por Krishna Castillo, hija del indultado, quien dijo a 24 Horas que lo ocurrido era un falso secuestro con alto consumo de drogas, versión que coincidiría con la de los imputados. Sostuvo que la supuesta víctima estaba “carreteando con ellos desde anoche” y que había videos que lo probaban. Aseguró que “estaba haciendo este secuestro para que la pareja no lo retara”.
• “La fiscalía continúa haciendo diligencias para investigar un presunto delito de secuestro. Tenemos 2 versiones, la de la víctima y tenemos la versión de los imputados. La fiscalía de modo responsable continúa, junto a Carabineros de Chile y sus unidades especiales, realizando intensas diligencias”, dijo el fiscal.
• “Y, en ese sentido, (debemos) tener los antecedentes finalmente suficientes para tomar una decisión en cuanto a formalizar o no a los imputados y por qué delitos”.

La contradicción en La Moneda. Las 2 versiones de lo ocurrido tuvieron un paralelo con las posiciones adoptadas por 2 ministras del gabinete: la vocera Camila Vallejo (PC) y la ministra del Interior Carolina Tohá (PPD).

• A las 3:45 pm de este jueves, la vocera abordó lo ocurrido, asegurando que el gobierno no se había querellado en la causa.
• “Podemos decir, y lo dijo muy claramente también el subsecretario (Manuel Monsalve) hace algunos minutos, es que, de configurarse el delito de secuestro, que entraría en un proceso de formalización por delito de secuestro, nosotros como gobierno aplicaríamos querella, sea la persona involucrada en esto, pero todavía estamos hablando, a menos que la fiscalía diga otra cosa, de un presunto secuestro”, dijo.
• Sin embargo, 25 minutos antes de que Vallejo realizara su vocería, el Poder Judicial emitió el certificado de ingreso de la querella del Ministerio del Interior, por delito de secuestro, en contra de Luis Castillo Opazo.
• La acción penal fue interpuesta luego de que el subsecretario Monsalve abordara el caso, a la 1:50 pm. “El fiscal tampoco lo confirmó, pero preliminarmente una de las personas detenidas correspondería a una persona que fue indultada”, dijo Monsalve. “En la medida que el gobierno tenga más antecedentes que permitan calificar el delito de un secuestro, por supuesto (que) nos vamos a querellar, como lo hacemos en aquellos delitos graves, como los delitos de secuestro que producen conmoción pública”.

El indulto. Castillo había salido en libertad luego de que el 30 de diciembre de 2022 la entonces ministra Marcela Ríos de Justicia firmara, en lugar del Presidente, su decreto de indulto, mencionando parcialmente sus informes sociales y educacionales, y aludiendo al contexto del estallido social, en los “considerandos”.

• El decreto de Castillo y el otro indultado, se firmó un día después que los demás (en total fueron 13 indultos). La decisión se tomó pese al informe negativo de Gendarmería (que no era vinculante) y la advertencia de ese organismo de que su riesgo de reincidencia era “muy alto”.
• Castillo Opazo dejó la cárcel de Copiapó, tras lo cual grabó un video donde se presentó como “rodriguista” y dijo que “los insurrectos no nos calmamos”. Lo hizo junto al concejal del PC Wilson Chinga.
• La revelación de su prontuario previo al 18-O derivó en la interrogante sobre el nivel de información que manejaba el Presidente sobre su caso, al ejercer la facultad presidencial.
• El 7 de enero, el Presidente resolvió pedir la renuncia a la ministra Ríos y del jefe de gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía, acusando “desprolijidades”.
• La vocera Camila Vallejo dijo luego, el 9 de enero, que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación habría sido distinta”.
• Senadores de Chile Vamos y Demócratas recurrieron al TC pidiendo que se declararan inconstitucionales los indultos a Castillo y a otros 6 presos del 18-O a los que se perdonaron las penas, así como al exfrentista Jorge Mateluna. El tribunal falló finalmente en favor del gobierno.
• Castillo debía firmar mensualmente en Gendarmería, como medida de control a su indulto.

La sentencia que cumplía. Al ser indultado, Castillo cumplía una sentencia a 4 años de cárcel por 6 delitos de desórdenes públicos, 3 de daños simples, 4 de robo en lugar habitado y un delito de daño calificado.

• Estos se debían a ataque al Registro Civil de Copiapó y a otros 6 puntos de la ciudad, tras el 18-O: a la empresa Aguas Chañar, a Farmacias Ahumada, al instituto Inacap, a la compraventa de automóviles Salfa, además de los daños afueras del liceo A4 y los desórdenes cerca de un supermercado Líder.

Lea el certificado del Poder Judicial: