Continúa escalando el caso de la jueza Graciel Muñoz, hija del influyente ex presidente de la Corte de Suprema, Sergio Muñoz. La magistrada, del 12 Juzgado de Garantía de Santiago, enfrenta un proceso disciplinario iniciado el 19 de junio de 2023 por orden de la Corte de Apelaciones de San Miguel, luego que se descubriera que durante la pandemia de Covid-19 realizó audiencias de su juzgado desde Italia.
El 7 de diciembre, apenas cuatro días antes que cerrera la investigación y se notificaran cargos a la jueza, Graciel Muñoz concurrió al Tribunal Constitucional donde presentó un requerimiento para pedir que se declarara inconstitucional la investigación disciplinaria en su contra.
Entre sus argumentos señaló que se atenta contra la igualdad ante la Ley y su vida privada. Sostuvo que un acuerdo del Poder Judicial autorizó a los jueces a trabajar telemáticamente durante la pandemia y que la Ley no les prohíbe estar en el extranjero. También apuntó contra sus colegas señalando que “un gran número de magistrados trabajaron desde sus segundas viviendas, fuera de la ciudad del tribunal”. Además dijo que el registro de la PDI de sus salidas del país, es una prueba “obtenida ilícitamente”.
Sin embargo, el 11 de enero, la primera sala del TC declaró por mayoría inadmisible el requerimiento. Según la resolución este “carecería de fundamento plausible, al referirse a un conflicto de mera legalidad, cuya resolución corresponde ser determinada por los tribunales de fondo y no a este Excmo. Tribunal Constitucional”. Agrega que “el conflicto argumentado en el libelo es, en tal mérito, esencialmente de índole interpretativo y no supone uno de tipo constitucional”.
Tras la derrota en el TC, la hija del presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, inició una nueva arremetida esta vez contra las magistradas Nancy Yáñez, presidenta del TC, y Daniela Marzi, pidiendo que se anule la resolución.
Según el escrito del incidente de nulidad presentado el 17 de enero, por el abogado de Graciel Muñoz, Ciro Colombara, la decisión “no fue dictada por ministras imparciales e inhabilitadas para conocer del asunto, por cuanto habían emitido un pronunciamiento previo sobre el asunto”.
Según señalan el 15 de diciembre de 2023, cuando se admitió a trámite el requerimiento “las ministras Sras. Nancy Yáñez Fuenzalida y Daniela Marzi Muñoz, estuvieron por declarar derechamente inadmisible el presente requerimiento, toda vez que, supuestamente, carecería de fundamento plausible”. Luego las magistradas integraron la sala del 11 de enero cuando se desestimó el requerimiento.
Según el incidente de nulidad “además de contener errores de hecho, dicha resolución fue dictada por miembros que se habían pronunciado previamente del asunto, impidiendo que el presente procedimiento siguiera los principios de un debido proceso con un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial”. La jueza Muñoz solicita que su caso sea visto nuevamente en el TC por magistrados que no estén inhabilitados, petición que deberá ser respondido por el tribunal.
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