El ministro Cordero y el subsecretario Monsalve cuestionaron que el juez Daniel Urrutia haya otorgado un beneficio carcelario a Rafael Marín, ciudadano colombiano condenado como autor de una operación de tráfico de éxtasis desde España. El abogado de Marín es Carlos Quezada Orozco, quien la semana pasada asumió la representación de Urrutia para denunciar en Fiscalía las amenazas que recibió tras conocerse los beneficios carcelarios otorgados a imputados de la Cárcel de Alta Seguridad. Cordero y Monsalve apuntaron a un posible conflicto de interés y a que el juez de una explicación por lo sucedido. La versión de Urrutia la dio el abogado. El caso queda ahora en manos de la Corte de Apelaciones, que podría revisar el caso a inicios de la próxima semana.
Qué observar. A través del ministro Luis Cordero y luego del subsecretario Manuel Monsalve el gobierno salió este miércoles a marcar diferencias con el juez Daniel Urrutia por entregar un beneficio carcelario a un narco con que el que comparte abogado.
- Los hechos se originaron así.
- Tras una visita a la Cárcel de Alta Seguridad realizada el 19 de enero, el juez Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó a Gendarmería otorgar beneficios carcelarios a 13 reclusos, como visitas, videollamadas y no registrar las reuniones de los detenidos con sus abogados.
- A uno de ellos, Rafael Marín Vielma, lo autorizó a una “visita íntima” con su pareja Lady Nelly Martínez Moreno.
- El ciudadano colombiano está condenado como autor en una operación de tráfico de éxtasis desde España. Debe cumplir penas efectivas de 10 años y un día y 5 años de presidio, por delitos consumados de tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas y tenencia ilegal de arma de fuego.
- Días después, el 25 de enero, en una audiencia con Gendarmería, el juez Urrutia les exigió cumplir con los beneficios carcelarios e insistió en la situación de Marín Vielma.
- El abogado privado defensor de Rafael Marín Vielma y de su hermano Leonel Marín Vielma -que participaron juntos en el delito de tráfico de estupefacientes- era Carlos Quezada Orozco.
- Quezada también es abogado personal del juez Urrutia.
- Ha sido el representante del magistrado en diversas querellas y denuncias que este ha presentado por amenazas o injurias. El 2023, por ejemplo, fue su abogado en la querella por calumnias que el juez presentó contra el ex diputado y ex ministro de Defensa Mario Desbordes.
- La semana pasada, Quezada volvió a asumir la representación de Urrutia para denunciar en Fiscalía las amenazas que el juez recibió tras conocerse los beneficios carcelarios otorgados a imputados de la Cárcel de Alta Seguridad.
Gobierno: Potencial conflicto de interés. Temprano, en entrevista en Radio Universo, el ministro Cordero fue consultado por la situación.
- “La nota a la que usted hace referencia, es una nota que al menos pone en riesgo la condición de independencia”, partió señalando el ministro.
- “Para evaluar en concreto un caso de conflicto de interés, yo creo que es conveniente tener todos los antecedentes, pero es evidente que hay un principio que podría generar una hipótesis de conflicto de interés”, añadió.
- Cordero indicó que “es conveniente que lo despeje tanto el juez Urrutia como su abogado”.
- “A mí me parece inconveniente, por el contexto en el que estamos y por la naturaleza de la función jurisdiccional”.
- Más tarde fue el turno del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
- “No conozco los detalles. Conozco la información de que efectivamente había un abogado que habría prestado servicios al juez Urrutia, defendiéndolo en algunas causas y que paralelamente a eso, el año 2020, también habría defendido a una de las personas privadas de libertad en el centro de alta seguridad que fue beneficiada con una de las decisiones que tomó el juez Urrutia”.
- Prosiguió: “A primera vista quiero decirle que me parece completamente inconveniente y que el juez tendrá que dar una muy buena explicación”.
- “A primera vista, uno tiende a pensar que hay un conflicto de interés, pero creo que lo que corresponde es que el fiscal dé una muy buena explicación porque esto claramente es altamente inconveniente”.
- Tanto Cordero como Monsalve volvieron a remarcar su desacuerdo con las determinaciones que ha dictado el juez Urrutia respecto a la autorización de videollamadas a personas privadas de libertad en centros de alta seguridad.
- Creemos, como lo ha dicho el ministro de Justicia, que esto perjudica la seguridad del país y en segundo lugar, que vulneran las normas legales que amparan los regímenes de alta seguridad”, sostuvo el subsecretario.
- Este punto se ha convertido en un intransable para el gobierno.
El juez responde a través de su abogado. Urrutia guardó silencio frente a los nuevos antecedentes. Quien realizó una vocería fue Carlos Quezada, el abogado antes mencionado, quien rechazó que existan conflictos de interés, sin ahondar en las razones por las cuales uno de sus clientes fue favorecido por el juez y apuntando a que hoy ya no es su defendido.
- “Por lo menos este profesional no tiene patrocinio público vigente en ninguna causa vigente con el imputado, hay otro colega que se hizo cargo de la defensa hace ya un tiempo y él está llevando adelante esa defensa”, dijo a CNN.
- “No entiendo cómo una visita conyugal puede generar un conflicto de intereses más allá de que Gendarmería señale que no cuenta con los medios técnicos o los medios físicos, las locaciones físicas para poder dar cumplimiento a lo que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios”.
Sanciones contra juez Urrutia. Fuentes judiciales señalan que el caso de Urrutia puede ser revisado en la Corte de Apelaciones a inicios de la próxima semana para resolver si se inicia algún procedimiento sancionatorio contra el juez del 7° Juzgado de Garantía.
- La arista sobre eventual conflicto de interés podría abrir una causa disciplinaria. Como a los jueces de primera instancia se los considera inamovibles, mientras mantengan buen comportamiento, es muy extraordinario que exista una sanción de expulsión, como ocurrió en 2019, con los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta por faltas a la probidad.
- En general si se inicia un procedimiento sancionatorio termina en amonestaciones o censura, que puede ser apelado a la Corte Suprema.
- El juez, de todas formas, ya ha sido sancionado anteriormente por sus superiores.
- El 25 de marzo de 2020, Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O, por la de arresto domiciliario total. Para entonces, su argumento fue el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles del país. Se trató de una medida inédita, que argumentó se basó en un acuerdo entre los jueces de su juzgado, pero que duró pocas horas.
- El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución. Urrutia fue apartado por varios meses de sus funciones y enviado a un juzgado de cobranzas. También se abrió un sumario en su contra. Sólo el 23 de junio de 2021 el pleno del tribunal de alzada anuló su traslado y le permitió volver al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Ojo con. Este martes, el juez Cristián Sánchez, del 7° Juzgado, expuso ante la Corte de Apelaciones que se rechazaron las observaciones de Gendarmería respecto a la la entrega de beneficios carcelarios antes mencionados, porque a juicio del tribunal este organismo no es parte del procedimiento judicial contra los reos (por tanto su presentación es inadmisible). Gendarmería ha expuesto, que ellos están haciendo ver solo un asunto administrativo. El debate será resuelto por los jueces de Apelaciones.
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