No es correcto decir que la movilización social necesariamente implica una “falta de compromiso con un proceso de dialogo racional en el que se apela a valores públicos” porque si así fuese no sería un derecho consagrado en la Constitución. Por eso hay que distinguir, porque no es lo mismo convocar a una movilización pacífica que amenazar con recurrir a la violencia y alterar el orden público, agitando el fantasma del estallido social. Algo que solo perjudicaría al gobierno que tendría la obligación de reprimir desórdenes provocados por partidos políticos que forman parte de su coalición.
Discusiones oblicuas. Cada día va quedando mas claro el abismo que hay entre las ideas del gobierno y las de la oposición. Como siempre ocurre en Chile, las discusiones son en un principio oblicuas. Nadie dice abiertamente qué es aquello que le resulta intransable. Se traba la litis en cuestiones accesorias que por lo mismo generan falsas ilusiones de que los acuerdos son posibles.
- La reforma de pensiones es un buen ejemplo de lo que digo. Llevamos meses discutiendo el destino del 6% que aportarían los empresarios. Con gran pompa se han anunciado acuerdos, como el de Demócratas y el Gobierno (la cacareada fórmula del 3/3) que después se diluyen.
- Porque en realidad la disputa nunca ha sido sobre el destino del 6%. Sino sobre la creación de un sistema de reparto que reemplace, parcialmente en un principio, al de cuentas individuales.
- Es lo único que interesa al gobierno. Cambiar radicalmente el sistema de pensiones, terminando con las AFP. Formó parte de su programa original, el que encalló cuando se rechazó el texto de nueva Constitución que proponía la Convención. Algo que parece no importarles.
- Está dispuesto a ceder para que el porcentaje asignado al sistema de reparto sea mucho menor; lo que importa es “clavar la pica en Flandes”, es decir que nazca a la vida jurídica un fondo solidario que se alimente con las cotizaciones previsionales, aunque el monto sea insuficiente para sus propósitos, algo que se puede arreglar en el futuro.
- Esta es la verdadera discrepancia y es ideológica, es política, es técnica e irrenunciable. La derecha y sus aliados jamás darán sus votos para crear un sistema de reparto y el gobierno no los tiene en el Congreso para imponerlo.
Controversia sobre movilización social. En este contexto surge la controversia sobre la movilización social como medio de presión para que los parlamentarios que están en contra cambien de opinión. Sobre todo, en un año electoral.
- Fue el senador del PC Daniel Núñez quien dijo que “era necesario que la ciudadanía se manifestara y ejerciera presión social”, apoyado por Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, y su correligionario el senador Latorre. Este último agregó que dado que “eran minoría política” debían disputar la “mayoría social”, una entelequia difícil de entender.
- La respuesta no se hizo esperar. Se dijo que se intentaba provocar un nuevo estallido social (Evelyn Matthei), que se estaba llamando a “hacer política fuera de las instituciones, que se buscaba torcer la voluntad de la mayoría política, por lo que la movilización social no es genuinamente democrática “(Carlos Peña).
- No quiero pecar de ingenuo. Entiendo que se tocan las campanas a arrebato porque el llamado viene de la extrema izquierda, que no es acreedora a la atenuante de irreprochable conducta anterior. Pero eso no nos puede llevar a execrar el derecho a manifestarse atribuyéndole a priori un carácter no democrático.
- Sé que vivimos en un país que quedó traumatizado por la violencia ejercida durante el estallido social y que fue un intento (exitoso por lo demás) de imponer por la fuerza un cambio constitucional, que estuvo a punto de tumbar al gobierno de Piñera.
Estigmatización incorrecta. Sin embargo, a mi juicio, no es correcta la estigmatización de modo genérico del ejercicio de un derecho constitucional como el de manifestarse en las calles de manera pacífica para ejercer presión sobre el Congreso y las autoridades.
- Tratar de presionar a los parlamentarios y a otros lideres políticos para que cambien de opinión, generar apoyo ciudadano para que la población exprese su voluntad, de ninguna manera implica “torcer la voluntad de la mayoría del parlamento”.
- Toda vez que son conductas legitimas en una democracia enteramente compatibles con que las mayorías parlamentarias hagan lo que estimen conveniente a la hora de legislar.
- No hay que confundir la voluntad del pueblo expresada en las urnas con la toma de posiciones frente a proyectos de ley específicos. Manifestarse a favor o en contra de una iniciativa de ley no puede homologarse a una sustitución del “resultado del proceso democrático”; ni menos que nos lleve, a priori, a calificar el ejercicio de un derecho como “genuinamente no democrático”.
- Además, a menudo surgen diferencias dentro de los parlamentarios que forman parte de una misma coalición, por lo que es complejo apelar al respeto a mayorías cambiantes como argumento en contra de las manifestaciones. Pongo como ejemplo los retiros.
- Toda democracia considera legítimo que los ciudadanos ejerzan su derecho a la libertad de expresión y reunión, sin requerir permiso previo para manifestar sus demandas políticas. Es una de expresar el descontento, promover cambios legislativos o influir en la toma de decisiones por parte de los representantes electos.
Importante distinción. No es correcto decir que la movilización social necesariamente implica una “falta de compromiso con un proceso de dialogo racional en el que se apela a valores públicos” porque si así fuese no sería un derecho consagrado en la Constitución.
- Por eso hay que distinguir, porque no es lo mismo convocar a una movilización pacífica que amenazar con recurrir a la violencia y alterar el orden público, agitando el fantasma del estallido social. Algo que solo perjudicaría al gobierno que tendría la obligación de reprimir desórdenes provocados por partidos políticos que forman parte de su coalición.
- En tal caso estaríamos ante una maniobra política, un intento desesperado por mantener la adhesión de partidarios decepcionados por la incapacidad del régimen de llevar adelante un programa que fue rechazado por la ciudadanía.
- Si la extrema izquierda quiere transitar por ese camino y salir a la calle, que lo haga. Ahí se vería cuanta capacidad de convocatoria realmente tiene; y cómo el gobierno del presidente Boric cumple con su deber, en caso necesario, de mantener el orden público y proteger a los ciudadanos.
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