Hace ya un buen tiempo que se viene discutiendo sobre la necesidad de reformar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). En el 2018, en el anterior gobierno se presentó el proyecto que actualmente se está tramitando y respecto del cual el gobierno ingresó indicaciones en enero de este año.
Los cuestionamientos sobre el sistema actual se vieron reforzados por lo ocurrido en el estallido social el 2019, dudas que volvieron a surgir en el caso del secuestro y homicidio del teniente Ronald Ojeda.
Las críticas se concentran en una debilidad institucional y falta de “anticipación estratégica” de la ANI, así como a las pocas atribuciones con que cuenta para demandar la entrega de información de quienes tienen las facultades para producirla y obtenerla, especialmente Fuerzas Armadas y policías. Además se alega que la ANI cuenta con un presupuesto insuficiente (aproximadamente US 9 millones) y pocos funcionarios.
Los nudos críticos que se observan en la tramitación del proyecto de ley, y probablemente la explicación de su lento avance se concentran en distintos frentes. Uno se refiere a la necesidad de consagrar legalmente la cooperación inter-agencias y el rol que tendrá el Director de la futura agencia.
Según se plantea en el proyecto, las Fuerzas Armadas, policías y otros servicios deberán entregar información a esta autoridad civil – Secretaria Ejecutiva de Inteligencia de Estado. Cuál será la información que se entregue y cómo será manejada es parte del debate sobre todo considerando que las fuerzas armadas hoy no realizan labores de inteligencia dentro del territorio nacional, salvo en casos de contrainteligencia.
Un segundo punto de controversia es sobre las capacidades operativas que tendría esta nueva agencia, las que hoy no tiene la ANI. La preocupación se funda en que deberán delimitarse adecuadamente el actuar de la Agencia en relación con las facultades del Ministerio Público y las policías. Especialmente porque el proyecto contempla la posibilidad de que la ANI pueda ejecutar procedimientos sin necesidad de recurrir a las agencias policiales y pueda usar la figura de agentes encubiertos sin autorización judicial.
Lo anterior lleva a un tercer nudo crítico que se refiere a la formación y capacidades que deberán tener los funcionarios de esta nueva ANI. Estos deberán ser especializados y formados en materias técnicas, lo que hoy se estima no existe. Para ello, se contempla la creación de una institución nacional de formación de inteligencia.
Sin embargo, lo realmente difícil y que hace moderar las expectativas de éxito de esta Agencia en el corto plazo en relación con la prevención y combate de criminalidad compleja, vendrá cuando haya que implementar el nuevo sistema.
Aunque se superen los obstáculos reseñados anteriormente, la instalación de este sistema se anticipa difícil y requerirá de capacidades técnicas y especializadas que hoy no existen.
Además de la lograr que la cooperación entre instituciones autónomas y agencias se realice efectivamente, un obstáculo muy grande, ya que las desconfianzas y rivalidades son enormes.
A eso hay que añadirle que la información deberá ser gestionada, analizada e integrada para luego procesarla y ponerla a disposición de la autoridad, lo que es también difícil y requiere estándares sofisticados. Sólo después de eso podremos pensar que Chile tendrá un sistema de inteligencia que le a permita a la Autoridad tomar decisiones claves para la seguridad interna y externa del país.
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