Condenados por robo a supermercados saqueados y sentenciados por violencia intrafamiliar y lanzamiento de molotov fueron incluidos entre las 28 pensiones de gracia revocadas, informadas hasta marzo a Tesorería. Estas se sumaron a otras anunciadas previamente, como las causas de abuso sexual y producción de pornografía infantil. “El beneficiario registra antecedentes penales relacionados a ilícitos de alto interés y conmoción pública”, es el argumento que se repite en los decretos firmados por el Presidente.
Qué observar. El 16 de enero, el Presidente Gabriel Boric anunció la revocación de las pensiones de gracia del 18-O a quienes hubieran cometido algunos “delitos graves”.
- “Cuando identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves tales como homicidio y violación, porte de arma o narcotráfico, yo personalmente voy a hacer uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones”, dijo ese día en Coquimbo.
- Era el reconocimiento de las fallas en la entrega de un beneficio donde, según se hizo público entonces, al menos 6 condenados por delitos del 18-O recibían paralelamente una pensión vitalicia, ya que ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) —puerta de entrada del proceso— ni la comisión presidencial designada para proponer la entrega de pensiones, había revisado sus prontuarios.
- El beneficio —que comenzó a otorgarse en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, a partir de una indicación presentada en 2020 por el entonces diputado y actual senador Daniel Núñez (PC), en el marco de la ley de presupuesto— había sido potenciado en la actual administración, hasta llegar al escenario actual.
- Éste era: 418 beneficiados —148 en el gobierno pasado y 270 en la actual administración—, 69 de los cuales tenían antecedentes penales — 48 beneficiados por Boric y 21 por Piñera.
- La lista de delitos mencionada por el presidente abrió un debate sobre en qué casos se revocarían las pensiones, lo que abrió un flanco con el Partido Comunista (PC).
- “Si una persona ha cometido un delito, enfrentó a la Justicia y asumió la consecuencia del castigo que definió la Justicia, no tiene por qué tener una falta de protección cuando se trata del atropello a los derechos humanos”, dijo Lautaro Carmona, presidente del PC, a Radio Agricultura, el 29 de enero.
- Paralelamente, parlamentarios del PC amenazaron con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el gobierno insistía con la revocación.
- Pero el gobierno siguió adelante. Entre febrero y marzo la Tesorería General de la República —dependiente del Ministerio de Hacienda— recibió 28 instrucciones de cese de pago del Ministerio del Interior.
- Una revisión de los casos mostró que estos incluyeron un listado de delitos más amplio que el anunciado inicialmente por el mandatario, alejándose de la petición del PC de mantener los beneficios pese a las condenas y sólo quitarlo en casos de falsas víctimas de apremios para el 18-O.
Los casos revocados y cuánto recibieron. Condenados por robo a supermercados saqueados, sentenciados por violencia intrafamiliar y lanzamiento de molotov fueron incluidos entre los 28 casos de revocación de beneficios, informados a Tesorería hasta el mes pasado. Estos se sumaron a otros ya anunciados, como las causas por abuso sexual y producción de pornografía infantil.
- Andrés Fuica Fuica: fue condenado por robar un supermercado saqueado en Viña del Mar, el 22 de octubre de 2019. Su pensión se remonta a un parte policial que lo incluyó entre los heridos por perdigones en la Plaza Sucre, ubicada a 4 cuadras del supermercado saqueado. Sin embargo, la sentencia del tribunal que condenó a 2 carabineros por el caso, lo excluyó de la lista de víctimas. Una segunda causa donde figura como víctima, está desformalizada.
- Alcanzó a recibir $3.140.438, informó Tesorería.
- Gabriel Allende Torres: fue condenado por lanzar una molotov a Carabineros en Curacaví, el 21 de octubre de 2019. Su pensión se originó en una querella del INDH por sus heridas con perdigones, caso en que la fiscalía formuló cargos contra un sargento de Carabineros por apremios ilegítimos.
- Alcanzó a recibir $5.894.124.
- Adán Castro Cifuentes: fue condenado por 2 delitos de maltrato de obra a Carabineros tras golpear a un cabo y a un sargento en un control de detención en Villarrica, en octubre de 2019. Al cabo lo pateó en la cabeza cuando estaba en el suelo, dijo su sentencia. Su pensión nace de que, al ser detenido, recibió golpes que le provocaron “erosiones y contusiones en zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos”, dijo la formalización por apremios ilegítimos en contra del sargento. El tribunal y la Corte de Apelaciones de Temuco rechazaron dejar al policía con medidas cautelares.
- Alcanzó a recibir $3.442.106.
- Jonathan Parra Rebolledo: fue condenado por incendio y desórdenes públicos por quemar una caseta de Carabineros de la Plaza de Armas de Talca, el 19 de octubre de 2019. Al día siguiente —consignó una querella del INDH— recibió en una protesta un perdigón en el hombro y otro en el tórax, cuando se cayó el escudo que llevaba, el que estaba hecho con una tapa de basurero.
- Alcanzó a recibir $3.140.438.
- Osvaldo Cepeda González: fue incluido entre los pensionados de gracia por, según testificó, ser golpeado por Carabineros tras ser detenido en una protesta en La Ligua, el 20 de octubre de 2019. La querella del INDH detalló que no hubo constatación de lesiones. Al recibir la pensión de gracia, tenía 2 condenas por golpear a su mujer en la cabeza.
- Alcanzó a recibir $3.140.438.
- Francisco Gatica Catalán: En noviembre de 2019, el INDH presentó una querella por los apremios ilegítimos sufridos por Gatica Catalán, quien acusó ser víctima de trauma ocular tras el 18-O. Ese fue el punto de partida de la pensión de gracia que le otorgó el gobierno pasado y que el actual subió. En marzo, el Instituto presentó un desestimiento. Tras revisar la carpeta de investigación y entrevistarse con él, concluyeron que sus lesiones provenían de un accidente de tránsito.
- Alcanzó a recibir $7.431.227.
- José Lagos Lagos: En enero de 2020 fue golpeado en el pómulo izquierdo por un carabinero, declaró. Previamente había asegurado haber sido impactado por lacrimógenas. Las causas se cerraron, pero el gobierno le otorgó en febrero de 2023 una pensión. Lo que se desconocía entonces era que llevaba 7 meses condenado por producción de material pornográfico infantil.
- Alcanzó a recibir $3.442.106.
- Robinson Jaramillo Monje: En febrero de 2022, el gobierno pasado le otorgó la pensión por recibir un disparo en un tobillo en una protesta en Valdivia. Al recibir el beneficio tenía una condena por abuso a una niña de 6 años, en 2009.
- Alcanzó a recibir $6.896.461.
- Otros casos revocados: Otros casos son el de Jesús Véjar Vega, condenado por un homicidio de 2014 en Alto Hospicio, y el de Sandro Jerez Salas, condenado por un saqueo en Coronel tras el 18-O.
El argumento dado en los decretos de revocación. “Con posterioridad al otorgamiento de la pensión de gracia antes referida, esta autoridad ha tomado conocimiento de que el beneficiario registra antecedentes penales relacionados a ilícitos de alto interés y conmoción pública”, es el argumento que se repite en el punto 12 de los decretos supremos firmados por el Presidente Boric.
Los casos no revocados. Entre los casos no incluidos en las revocaciones están el de Eliseo Carrera Espinoza, condenado por apedrear un carro de Carabineros y que resultó con una fractura expuesta de muñeca el 18-O, y el de Juan Francisco Villalobos Prado, ex prófugo por estafa que denunció haber sido abusado sexualmente por carabineros.
¿Cuánto se ha gastado en pensiones de gracia? Según detalló Tesorería, hasta marzo se habían destinado $2.680.914.316 para 407 de los beneficiados, es decir, US$ 2,8 millones.
Lea también. 18-O: Fondos entregados por pensiones de gracia ascienden a casi US$ 3 millones
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