Fiscalía: “Uno de los móviles del fraude en Recoleta dice relación con la campaña electoral de Jadue”

En su alegato para solicitar prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue (PC), la fiscal Giovanna Herrera señaló que la Asociación de Farmacias Populares nunca cumplió su objetivo y era utilizada con fines electorales en 2021. “El imputado Jadue con sus secretarios ejecutivos usaron y desnaturalizaron la Achifarp para sus propios fines personales. La Achifarp llegaba a las plazas a vender medicamentos, a regalar mascarillas, hacían inauguraciones. Todo eso por una imagen electoral (…) Se aprovecharon por motivaciones ideológicas, electorales, vulnerando la ley. Además, el imputado Jadue realizó maniobras defraudatorias en su propio municipio”, indicó.

Qué observar. Un duro relato sobre la gestión de Daniel Jadue al mando de la Asociación de Municipalidades Chilenas con Farmacias Populares (Achifarp) hizo en la mañana de este jueves la fiscal Giovanna Herrera en su alegato final para solicitar que el alcalde de Recoleta quede en prisión preventiva.

• La fiscal señaló que a la gravedad de los delitos imputados se suma la investidura del alcalde. Según detalló el delito de administración desleal contempla una pena de 3 años, al igual que de estafa y el de cohecho en los casos que se vea involucrado una autoridad nombrada en elección popular. Para el delito de fraude al fisco reiterado con montos sobre 400 UTM las penas pueden ir de 10 a 15 años, existiendo agravante cuando se comete desde una agrupación.

“Achifarp fue un fracaso”. La Asociación creada y presidida por Jadue en 2016 y que llegó a agrupar más de 90 municipalidades que buscaban abaratar costos en la compra de medicamentos para sus farmacias, nunca cumplió su cometido señala Fiscalía, por lo que terminó cayendo en el endeudamiento y la liquidación forzosa.

• “La compra de insumos médicos y medicamentos es un negocio muy complejo porque tiene variables de vencimientos, cadenas de frío, bodegaje, etc. Por eso en el Estado existe hace más de 30 años Cenabast (Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud) y Mercado Público que tienen profesionales cualificados, excelencia técnica. sistemas informáticos que les permiten responder los requerimientos de servicios públicos”, señaló la fiscal.
• “En esta investigación pudimos detectar que en Achifarp la precariedad de la gestión era evidente. Esta asociación nunca consideró como tenía que funcionar, siempre fue un fracaso, más allá de los delitos que hemos detectado. Nunca entregó los medicamentos, nunca se convirtió en droguería, compraba más caro de lo que compraba en el mercado, compraba sin transparencia a sus amigos, a sus parientes”.
• “Las personas que trabajaban ahí no tenían ninguna experiencia. Nunca habían trabajado en una empresa ni en una farmacia, no sabían lo que era abastecer un medicamento. Se instaló una asociación con todo este patrimonio público que iba destinada al fracaso”.

Móvil electoral. En su alegato Herrera sostiene que la investigación no es una persecución política, como señalan los simpatizantes del alcalde. “Nosotros no estamos imputando ni fraude electoral, ni financiamiento ilegal a la política o de un partido político”.

• “Pero sí es verdad que uno de los móviles para el fraude en Recoleta dice relación con la campaña electoral que estaba en este momento en el año 2021”.
• Según la Fiscalía, Jadue engañó en tres ocasiones a al concejo municipal para conseguir recursos extra para Achifarp en compra de insumos y así intentar sanear las deudas de la asociación.
• “La motivación primera era evitar ser expuesto como un gestor ineficiente, como un fracaso. El imputado Jadue con sus secretarios ejecutivos usaron y desnaturalizaron la Achifarp para sus propios fines personales. La Achifarp hacía plazas ciudadanas, llegaban a las plazas a vender medicamentos, a regalar mascarillas, hacían inauguraciones. Todo eso por una imagen electoral”.
• En su declaración a Fiscalía, Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo de Achifarp, dice “en el momento de la compra de las mascarillas, todos estaban en campaña política, por lo que quienes regalaban mascarillas estaban en campaña”.
• Según la fiscal, “los imputados toman con total desprecio a su deber de fiduciario, se aprovecharon por motivaciones personales, ideológicas, electorales, vulnerando la ley. Además, el imputado Jadue realizó maniobras defraudatorias en su propio municipio, beneficiándose directamente y personalmente para inhibir acciones penales en su contra. Eso es un aprovechamiento directo de dinero público”.

“Engaño” a Recoleta. Según el Ministerio Público “el patrimonio de la municipalidad Recoleta fue vulnerado por su propio alcalde defraudándolo para beneficiarse en su gestión como presidente de Achifarp”.

• En esta línea, entre las pruebas que presentó, están los testimonios de los concejales de la comuna que sostienen que sostienen que Jadue les informó que contaban con todos los permisos del Instituto de Salud Pública (ISP) para la fabricación del fármaco Interferón para el combate al Covid-19, en una alianza que habían suscrito con la Universidad de Concepción.
• Incluso se envió un informe al concejo elaborado por la directora de salud de Recoleta, María Eugenia Chadwick, donde se señalaba que contaban con los permisos.
• El Concejo autorizó entonces la transferencia de $204 millones a Achifarp a cambio de dosis para la comuna.
• Sin embargo, la investigación estableció que ISP sólo había autorizado los planos para construir un laboratorio en la universidad y ordenó destruir 5.000 dosis que había fabricado la casa de estudios, por no contar con los permisos.
• El dinero aportado por la municipalidad nunca llegó a la universidad y fue utilizado para saldar deudas y gastos de Achifarp, señala Fiscalía.
• En casos similares, Fiscalía señala que a través de engaños o informes falsos, se consiguió que el concejo de Recoleta autorizara la compra de prótesis auditivas a Achifarp con un sobreprecio de $40 millones, y glucómetros y cintas reactivas, pese a que había disponibilidad en bodega.

Resolución de la jueza. Tras los alegatos tomó la palabra el abogado del Consejo de Defensa del Estado, luego será el turno de los otros querellantes y de la defensa del alcalde. Luego la jueza Paulina Moya determinará la medida cautelar.

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