La democracia hipotecada por la delincuencia y los vacíos de la Cuenta Pública. Por Francisca Werth Wainer

La prevención del delito estuvo casi ausente en las cuentas públicas de 2023 y 2024. El presidente mencionó la transferencia de recursos a las policías y algunos programas como Lazos y la recuperación de espacios públicos y barrios. Pero no hubo una palabra sobre indicadores y metas para evaluar resultados de los recursos invertidos. Se mencionó, por ejemplo, la Política de Crimen Organizado como un hito en sí misma, pese a que lleva pocos meses aplicándose. Y así suma y sigue.

Las cuentas públicas de las instituciones y, por cierto, la del Gobierno, generan expectativas, comentarios y críticas. No debe resultar fácil resumir en unas horas el trabajo realizado en un año, y menos, destacar lo bueno y justificar lo malo o lo que está pendiente. Nadie debería declararse sorprendido de que el presidente se refiriera prioritariamente a la delincuencia. Mal que mal la ENUSC (Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana) ya nos había dicho que la percepción de inseguridad alcanzó, el año pasado, su mayor nivel histórico al llegar al 90,6%.

De las casi 3 horas de discurso, el presidente le dedicó aproximadamente 50 minutos a la delincuencia, sin contar las veces en que se refirió al tema al inicio de la cuenta. La palabra seguridad estuvo entre las 10 más repetidas, con más de 30 menciones, y se superó el número de veces en que se nombró a los carabineros, policías y delincuencia, respecto de 2023.

Si se comparan los compromisos y anuncios de la cuenta 2023 con los de este año, hay temas interesantes. Por lo pronto, la relevancia en el relato del gobierno, la que no existió en el programa ni en la cuenta 2021. Tres ejemplos ilustran el punto.

Respecto de las policías, en 2023 el presidente había anunciado un plan de renovación de infraestructura policial y una fuerte inyección de recursos. En 2024, se profundiza en esta línea y se anuncia un aumento de dotación en Carabineros, llamado a servicio, gratificación económica y carrera policial para la PDI. Sólo se menciona al pasar la Reforma Policial, considerada esencial por varias comisiones de expertos y para la cual existe una unidad operativa especial en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Nada se dice de los efectos que ha tenido la inyección de recursos o que podría tener en la disminución de los delitos. Se menciona la baja de los homicidios, pero nada se dice a qué podemos atribuirla. ¿A tener más policías en las calles, al Plan Calles sin Violencia, a la mejora en los espacios públicos? Lo cierto es que no lo sabemos, ni tampoco lo sabremos en la próxima cuenta ya que no tenemos indicadores o metas de evaluación.

El segundo ejemplo es el crimen organizado. Su terrible impacto en la calidad de vida de las personas ya estuvo presente en 2023. Su relación con la inmigración ilegal, la situación de los pasos fronterizos del norte de Chile y la violencia en los barrios, seguido de la necesidad de intensificar la persecución y control de la delincuencia organizada, fue tema los dos años.

La Política de Crimen Organizado que el año pasado se mencionó como un hito, pero lleva pocos meses aplicándose, fue mencionada ahora como un logro en sí misma. Y aunque han existido avances sobre todo con una cierta puesta al día de la institucionalidad, falta aún abordar proyectos claves como el sistema de inteligencia del Estado, definición del rol de las Fuerzas Armadas en la frontera y la prioridad que debería tener el hecho de seguir la ruta del dinero.

Nuevamente se echan de menos metas e indicadores a los que se puedan atribuir los avances legislativos y mayores recursos.

La prevención del delito como estrategia clave en toda política de seguridad pública estuvo casi ausente tanto en 2023 como en 2024. Se mencionó la transferencia de recursos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, algunos programas como Lazos y de 4 a 7, y la recuperación de espacios públicos y barrios.

De nuevo, ningún indicador o atribución de impacto en disminuir la delincuencia al programa o a los recursos invertidos.

La reinserción como siempre, relegada a casi nada. Sólo la mención de un plan que se encargaría al Ministerio de Justicia, y la construcción de nuevas plazas en cárceles, lo que ya se había anunciado en 2023.

Aunque lo anterior es una buena noticia, ya que el hacinamiento y condiciones penitenciaras son cada vez más alarmantes, tampoco sabemos si las plazas anunciadas o el plan maestro de infraestructura carcelaria será suficiente para responder a la presión que tiene el sistema ante el aumento del uso de la prisión preventiva y más condenas.

En su cuenta pública el presidente de la República se refirió a la seguridad como un derecho, señalando que era uno de lo más importantes. Enfatizó que si se fallaba en garantizar el derecho a la seguridad se hipotecaba el ejercicio de todas las demás libertades y derechos que entrega la democracia.

La figura de la hipoteca es interesante porque permite evaluar la gravedad de la situación. Hay que hacer todo lo posible para que no se haga efectiva la garantía. Porque, como todos lo sabemos, si no pagamos la deuda, podemos perder la casa. Hace rato que nuestra deuda con la seguridad ciudadana es grande y sigue creciendo, pero aún no tenemos un plan estratégico y global de cómo haremos para pagarla.

Nos esforzamos por ir pagando cuotas y a veces sólo nos alcanza para los intereses. Y hay que hacerse cargo pronto porque lo que debemos se puede agrandar tanto que no podamos con ella y, en la renegociación prefiramos hipotecar, esta vez, nuestras libertades o la democracia para vivir con mayor seguridad y así no perder nuestra casa.

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