Después de años sosteniendo lo contrario, la directora de INDH, Consuelo Contreras, admitió esta semana que no hubo “violaciones sistemáticas” de los DDHH durante el gobierno de Sebastián Piñera. No hizo ningún “mea culpa” por haber sostenido algo falso, ni menos reconoció que el INDH se embarcó en una operación de desestabilización de la democracia que fracasó y que no tiene que responder ante nadie por esa felonía. Y la razón es que actúa con total impunidad, como lo comprueba su presentación de más de 3.266 querellas por atropellos a los DDHH, de las cuáles unas 2.500 fueron desechadas y solo hay 50 condenas.
La farsa de las “violaciones sistemáticas”. El mantra del oficialismo durante los últimos cinco años ha sido que bajo la administración de Piñera se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Esta imputación forma parte del relato octubrista y ha inspirado la persecución judicial de cientos de carabineros, incluyendo su director general.
- También ha servido de justificación para defender algunas normas restrictivas del proyecto sobre reglas de uso de la fuerza por carabineros y militares, actualmente en tramitación en el congreso. Este relato se impuso como la postura oficial del instituto pese a que nuca hubo unanimidad sobre el punto.
- En noviembre de 2019, el entonces director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sergio Micco adoptó una postura disidente, asegurando que no estaban en condiciones de afirmar que las vulneraciones a los derechos fundamentales que ocurrieron durante el estallido fueran “sistemáticas”.
- Para que se de la sistemacidad las violaciones de los DDHH tienen que ser fruto de la acción coordinada y deliberada de los órganos del Estado, con un grado de organización y un plan o una política para cometer crímenes de lesa humanidad.
- La ley chilena requiere que este plan o política para cometer los crímenes deba ser llevado a cabo por las máximas autoridades del Estado o por sus agentes bajo su instigación.
- Micco se transformó en un obstáculo para las teorías conspirativas de la mayoría del directorio por lo que fue removido de su cargo, funado, querellado y finalmente cancelado.
La confesión. Por eso la intempestiva e inesperada confesión de Consuelo Contreras, directora del Instituto reconociendo que bajo el gobierno de Piñera no hubo violaciones sistemáticas a los DDHH cayó como un balde de agua fría sobre los partidos de gobierno.
Todo eso después de haber sostenido lo contrario durante años, injuriando al expresidente y a carabineros, imputándoles delitos de lesa humanidad que nunca existieron.
- Más vale tarde que nunca, pero el daño reputacional ya está hecho y la mentira forma parte de la leyenda que se sigue promoviendo por algunos hasta el día de hoy.
- El INDH tampoco hace un “mea culpa” por haber ignorado la evidencia abrumadora, la opinión de su propio director y los consejeros de la minoría y los informes de The Human Rights Watch que exoneraban al gobierno. No pide perdón por su falta de rigurosidad ni por el mal causado.
- Como lo señaló el secretario general de Amarillos, “lo de violaciones sistemáticas no es baladí. Detrás del concepto está la idea de la legitimidad de la rebelión contra un gobierno democráticamente elegido. Derrocar al gobierno por violaciones a los DDHH era la idea”.
- El INDH se embarcó en una operación de desestabilización de la democracia que no resultó y no tiene que responder ante nadie por esa felonía.
Tropelia y total impunidad. Entonces es legítimo preguntarse cómo es posible que no exista ningún mecanismo de “accountability” para el INDH. Cuál es la razón lógica para que goce de total impunidad en circunstancias de que se trata de un ente financiado por todos los ciudadanos.
- La propia Consuelo Contreras, consciente de que su admisión dañó el prestigio que le quedaba a la institución intentó relativizar sus afirmaciones. Argumenta que si bien es cierto que las violaciones a los DDHH no fueron “sistemáticas” habrían sido “generalizadas”, lo que también constituiría delitos de lesa humanidad que deberían ser investigados.
- Esa es una interpretación jurídica antojadiza, pues la ley señala que las violaciones generalizadas para ser crímenes de lesa humanidad también tienen que ser fruto de un plan del aparato estatal y ese plan nunca existió.
- El surgimiento de facciones al interior de su directorio en torno a opciones ideológicas y el afán de incidir en la contingencia política lo llevaron a cometer esa tropelía que puso en peligro la estabilidad de la democracia.
- La metamorfosis del INDH esta indisolublemente ligada a la polarización que se apoderó del país cuando un sector de la izquierda decidió respaldar el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos.
- En un clima de enfrentamientos se identificó rápidamente con los manifestantes acusando al Estado de violar sistemáticamente los derechos humanos y, en consecuencia, de cometer crímenes de lesa humanidad.
¿Qué pasó con las denuncias? Vale la pena recordar que entre octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020 el INDH interpuso 3mil 216 querellas, de las cuales 2mil 252 correspondían a apremios ilegítimos, 528 a torturas, 223 a violencia innecesaria y 159 a algún otro tipo de vulneración. Muchas no tenían sustento.
- Según el Informe de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, de las causas judicializadas más de un 45 por ciento de ellas fueron desechadas por los fiscales, decisión de no perseverar en el procedimiento por falta de antecedentes necesarios para fundar una acusación. 550 se dejaron de investigar por falta de antecedentes y 1.973 están sin ningún formalizado.
- Hasta el momento solo hay menos de 50 condenas, incluyendo el caso de la Senadora Campillai, ninguna por abuso sexual o tortura y una por “apremios indebidos” (541 días de condena) en que una carabinera exigió a la detenida que se desnudara en el baño de la comisaría para “revisarla”, lo que está prohibido por los protocolos.
- Es decir que la justicia tampoco ha logrado establecer un patrón de violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos en democracia.
- La sensación de impunidad, de que el INDH está exento de todo control, promueve en su seno una cultura de abuso de su poder y arbitrariedades que continúan hasta el día de hoy.
Caso Desbordes. Hace un par de semanas el instituto se querelló contra Mario Desbordes por un supuesto tráfico de influencias, a sabiendas de que carecía de facultades para hacerlo. Con el único propósito de perjudicar su postulación a la alcaldía de Santiago.
- Este jueves, el séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió un recurso presentado por Desbordes declarando inadmisible la querella del instituto por carecer de legitimación activa para comparecer, pues no tiene atribuciones legales para hacerlo. El fallo reestablece el imperio del derecho y deja en ridículo al INDH, pero el perjuicio no se puede borrar tan fácilmente
- El instituto no solo actúa en la impunidad, sino que sin ninguna transparencia. Se negó a entregar el audio de sus deliberaciones cuando se debatió en el directorio la improcedencia de la querella, tendiendo un manto de opacidad y secretismo sobre sus actuaciones. Audio que revelaría que hubo ficales que le filtraron información reservada.
- La pregunta es cómo se corrigen está falencias que están destruyendo su legitimidad, restituyéndole la autonomía e independencia que son esenciales para el cumplimiento de su tarea.
- En mi opinión la “falla telúrica” está en el sistema de nombramientos de los miembros del consejo directivo que conduce inevitablemente al cuoteo político con una mayoría de izquierda que utiliza al instituto para promover su agenda.
- El sistema contempla 11 consejeros, de los cuales 6 son nombrados directamente por autoridades políticas (2 por el presidente de la república y 4 por el senado y la cámara).
- Más 4 por “instituciones de defensa de derechos humanos”, que abrumadoramente tienen un pensamiento de izquierdas. Queda uno, que es designado por los decanos de facultades de derecho de universidades del Consejo de Rectores y autónomas, tal vez el único que pueda ser independiente de verdad.
- Este sistema, que parecía razonable cuando se aprobó por unanimidad en el congreso, en un clima de recogimiento y unidad por las violaciones a los DDHH cometidos bajo la dictadura, ya no se condice con el deteriorado estado actual de la convivencia política.
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