Tras los anuncios del Gobierno en materia de seguridad, luego de la ola de homicidios acontecidos en la Región Metropolitana que dejó un trágico balance de 16 asesinatos en 48 horas, la ministra Vallejo declaró, con total desparpajo, lo siguiente: “Si estas medidas se hubieran adoptado mucho antes, por ejemplo, en administraciones anteriores, no tendríamos que estar apresurando tanto el tranco en nuestro gobierno para poder tener resultados más inmediatos”.
En los códigos de la política, culpar a las administraciones anteriores de los problemas presentes es un recurso relativamente habitual, aunque ciertamente desgastado. La ciudadanía clama por soluciones situadas temporalmente en el aquí y el ahora, sin importar mucho cuándo se originó el problema. Sin embargo, hay otra razón por la cual las palabras de la vocera resultan dignas de análisis: omiten que, sobre la base del comportamiento previo, ella y su sector político son responsables principales de la severa crisis de seguridad por la que atraviesa el país.
Refresquemos la memoria. La segunda administración del expresidente Piñera debió enfrentar la asonada desestabilizadora más relevante de nuestra historia reciente, con una oposición, liderada por Vallejo, Boric, Jackson, el Frente Amplio y el PC, que avivó el fuego de la violencia y contribuyó activamente a horadar la legitimidad y credibilidad de las instituciones de orden y seguridad.
Por si fuera poco, la inclemencia opositora no solo se expresó en agitación, sino también en el más férreo obstruccionismo legislativo, trabando sistemáticamente las iniciativas legales orientadas a recomponer el creciente deterioro de la seguridad en el país.
En efecto, la propia ministra Vallejo, al igual que el presidente Boric, cuando eran diputados votaron en contra de las leyes de protección a la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave e inminente; también rechazaron la Ley Nain Retamal, que aumentaba las penas contra delitos a Carabineros; lo mismo con la Ley Juan Barrios, que sanciona con severidad los delitos incendiarios contra vehículos motorizados y otras instalaciones con personas en su interior; también se opusieron a iniciativas legales que mejoraban la persecución penal del narcotráfico y el crimen organizado, entre otras.
Esta semana, vimos que una de las cinco medidas anunciadas por el Gobierno en la materia se relaciona con ampliar el control y fiscalización a la población inmigrante.
Recordemos nuevamente ¿Qué sector político promovió el denominado enfoque de derechos y de fronteras abiertas como piedra angular de la política migratoria del país? ¿Qué grupo de parlamentarios llevó al Tribunal Constitucional durante la anterior administración del presidente Piñera la modernización de la ley de migraciones que dotaba de más herramientas al Estado para combatir la inmigración irregular? El lector ya se imaginará la respuesta: el Partido Comunista y el Frente Amplio: Camila Vallejo y Gabriel Boric.
Ante esta desconcertante realidad, surgen dos hipótesis, no excluyentes entre sí. Culpar a otros de problemas que uno mismo ha ocasionado puede ser una forma -bastante poco noble- de soslayar la responsabilidad política como generación gobernante.
Aunque también pudiera tratarse de un asunto más complejo y sórdido: una especie cuasi patológica de “piromanía política”, entendida como cierta satisfacción u orgullo por aplacar incendios provocados por ellos. “Estabilizar” un país, desestabilizado por sus propias acciones u omisiones.
Hacer política de esta forma supone no sólo un alto grado de irresponsabilidad, sino también el vivir permanentemente al borde de la cornisa. Ser denunciados o descubiertos. O ser consumidos por las llamas del propio fuego, que es como se ve al Gobierno hoy, golpeado con extrema dureza por la delincuencia que, en el pasado, enfrentaron con indulgencia y tibieza.
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