Fundación Daya, cofundada por Ana María Gazmuri: Contraloría detecta convenios incumplidos y hasta rendiciones por gastos de supermercado

El informe consignó que nueve de 13 municipios no recibieron el fitofármaco de cannabis acordado con la fundación Daya y dos sólo obtuvieron una parte. La subvención entregada por estos ascendió a $288 millones. A esto se sumó que la entidad rindió $54 millones cuestionados y hubo una pérdida de cosechas de marihuana de un 76,9%. La fundación cofundada por la diputada Gazmuri respondió que “el reproche de la Contraloría se dirige a los municipios”. Ésta abrió un sumario para determinar responsabilidades administrativas y envió los antecedentes al CDE.

Qué observar. La Contraloría emitió este martes su informe de investigación final sobre los convenios suscritos por 13 municipios con la fundación Daya —cofundada por la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista)— para el “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia”.

• La indagación, abierta a raíz de una presentación del diputado de Republicanos Juan Irarrázaval, fiscalizó la operación de estos convenios entre enero de 2015 y diciembre de 2023.
• El propósito era que las municipalidades recibieran medicamentos en base a cannabis para entre 100 y 200 pacientes año, lo que en la mayoría de los casos se incumplió.
• Entre los principales resultados del informe se encontró que nueve municipios no recibieron el producto acordado y dos sólo obtuvieron una parte. La subvención entregada por estos ascendió a $288 millones.
• A esto se sumaron $54 millones de gastos rendidos por la fundación que fueron cuestionados y una pérdida de las cosechas de marihuana de un 76,9%.
• Adicionalmente se encontró falta de respaldo de gastos, transferencias injustificadas, entre otras irregularidades.
• Dado esto, Contraloría resolvió iniciar un sumario para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan y enviar los antecedentes del informe al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Especulación municipal. El reporte detalló que entre el 22 de julio de 2015 y el 12 de mayo de 2016 se suscribieron 14 convenios con 13 municipios: Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla.

• Estos involucraban $423 millones, de los cuales alcanzaron a transferirse $359 millones.
• La siembra, plantación y cultivo de cannabis se realizaría en un predio de la fundación en Colbún, Región del Maule, y el domicilio legal de Daya.
• En el análisis, Contraloría detectó que las reparticiones especularon con el producto que recibirían, ya que “las municipalidades de Calama, Tocopilla, Calera de Tango y Quinta Normal suscribieron los convenios de colaboración con la fundación Daya, sin que ésta hubiese tenido cursadas las autorizaciones del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) tanto para la importación de semillas (desde Holanda) como para la siembra, cultivo, plantación y cosecha”.
• A esto se sumó que “las 13 municipalidades en análisis suscribieron los respectivos convenios de colaboración con la fundación Daya, transfiriéndole además recursos, sin que ésta contara previamente con la autorización que debía entregar el ISP (Instituto de Salud Pública) para la elaboración del producto”.

Incumplimiento de metas. Otro elemento detectado en el informe es el incumplimiento de las metas fijadas en los convenios, generando un millonario perjuicio fiscal.

• “Se constató que, a la fecha del presente informe, 9 de las 13 municipalidades en análisis no recibieron el fitofármaco acordado” y Antofagasta y Graneros sólo obtuvieron una parte.
• La subvención entregada por estos ascendió a los $288 millones.
• Solamente Quilicura y Chillán obtuvieron el tratamiento comprometido para 200 pacientes, dijo el documento.

Inacción de los municipios. “No se aportaron antecedentes que den cuenta que los señalados municipios hayan efectuado acciones tendientes a exigir el cumplimiento íntegro de los convenios suscritos o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos”, consignó la página 25 del documento.

Gastos improcedentes. El informe señala que “se constató que la fundación rindió una serie de gastos que no se ajustaban al objetivo del proyecto establecido en los diversos convenios suscritos con las entidades municipales, como por ejemplo permiso de circulación y reparaciones de vehículos o pago de comisión a un corredor de propiedades por el arriendo de un inmueble que no corresponde al domicilio de la fundación Daya ni a la dirección del terreno donde se realizó la plantación de la cannabis, entre otros”, como gastos de supermercado.

• Estos ascendieron a $54 millones.

La respuesta de Daya. La fundación respondió por escrito que “el reproche de la Contraloría se dirige a los Municipios, por cuanto estos permanecieron en la inacción, dejando que la materialización de sus aportes terminara siendo destruida por no llevar adelante las acciones pertinentes para recibir los tratamientos que Daya ofreció”.

• “Estos tratamientos, si bien no se trató de una venta de productos, sino un desarrollo conjunto, le significaba al municipio un costo de 14 mil pesos por producto versus más de 70 mil pesos al valor de mercado, lo que claramente era un beneficio importante y un buen uso de fondos públicos”.

El rol de Ana María Gazmuri. La diputada Gazmuri ha sido una de las más conocidas activistas por la legalización del cultivo y consumo de marihuana para usos medicinales y recreativos. Primero desde la Fundación Daya y también desde su labor como parlamentaria, donde es uno de los principales temas de su agenda.

• Un aspecto menos conocido es el brazo económico que mantiene la Fundación Daya, pese a ser una entidad sin fines de lucro. Se trata de una sociedad bajo su alero, llamada DayaCann SpA dedicada el cultivo y comercialización de cannabis para fines terapéuticos.
• En registros de lobby, el esposo de Ana María Gazmuri, Nicolás Dormal, ha aparecido como gestor de intereses frente a autoridades representando tanto a la fundación como a la empresa en la cual ha ejercido como director.
• Esto ha generado críticas respecto a eventuales conflictos de interés, que podría tener el trabajo de la diputada.
• Gazmuri ha dicho que ni ella ni sus familiares reciben utilidades de la empresa y que si hubiese algún conflicto de interés se inhabilitaría, pero que solo ha defendido el derecho al autocultivo y no a la industria del cannabis.
• Al menos en 2023, en la declaración jurada de Patrimonio e Intereses, las actividades y labores profesionales anteriores a que la diputada Gazmuri asumiera su cargo -en marzo de 2022- no es posible determinar si estaba vinculada a la empresa DayaCann.
• Gazmuri abandonó el directorio y la administración de la fundación Daya en julio de 2021 aunque se mantiene colaborando en la defensa y asesoría para usuarios de cannabis medicinal que enfrentan causas judiciales.
• El directorio de la fundación ha sido integrado por su esposo y dos de sus hermanos, María Victoria y Renato Gazmuri.

Lea el informe de Contraloría: