PDI incauta computadores y teléfonos en el Caso ProCultura tras críticas a la inactividad del nuevo fiscal

La Brigada Anticorrupción de la PDI realizó este miércoles incautaciones de computadores y celulares a exfuncionarios de la fundación creada por el siquiatra Alberto Larraín, ex DC vinculado al FA. Parte de las incautaciones fueron a personal del proyecto de prevención de suicidios Quédate, desarrollado por la fundación con el Gore Metropolitano de Claudio Orrego por casi $1.700 millones, por asignación directa. Las diligencias se realizaron luego de que la semana pasada se cuestionara la ralentización e incluso virtual paralización de la investigación asumida el 26 de junio por el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Qué observar. Efectivos de la Brigada Anticorrupción (Briac) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron este miércoles al domicilio de exfuncionarios de la fundación ProCultura para realizar incautaciones de teléfonos y computadores vinculados a proyectos de la organización sin fines de lucro creada por el siquiatra Alberto Larraín en 2010, e indagada desde el año pasado en el marco del Caso Convenios.

• Parte de las incautaciones fueron a exfuncionarios que trabajaron en el proyecto de prevención de suicidios Quédate, por casi $1.700 millones, que desarrolló la fundación con el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano encabezado por Claudio Orrego, vía asignación directa.
• Otras serían a ex personal de finanzas de ProCultura, que en noviembre anunció su cierre. Desde el gobierno regional sostuvieron que ellos no fueron allanados y que están querellados contra ProCultura.
• La Fiscalía Regional de Coquimbo, que lleva la causa, respondió que no comentarían diligencias por la reserva de la causa.

El caso ProCultura. La indagación a ProCultura alcanzaba, a junio de este año, convenios suscritos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Biobío, Ñuble, Magallanes y Metropolitana.

• Las diligencias se realizaron luego de que el miércoles 2 se cuestionara la ralentización e incluso virtual paralización de la investigación asumida el 26 de junio por el Fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper, a quien el fiscal nacional Ángel Valencia le asignó la causa en reemplazo del Fiscal Regional de Aysén Carlos Palma.
• El fiscal Palma venía avanzando a pasos largos en la investigación hasta que el fiscal Valencia, lo alejó del cargo por diálogos con el abogado Luis Hermosilla en el marco de investigaciones del caso Audios. La decisión de Valencia no ha estado exenta de polémica.
• Palma no pudo allanar la gobernación de Santiago porque se la negó el 7° Juzgado de Garantía el 5 de junio pasado, tres semanas antes de que fuera removido de la causa por Valencia.
• La medida judicial llamó la atención, dado que Palma hizo allanamientos en las gobernaciones de Magallanes, BioBío, Ñuble y  Valparaíso, además de dependencias de organismos como el Serviu y el Minvu en varias regiones, con incautaciones de computadores, celulares y documentos.
• Cercanos al ex fiscal atribuyen la prohibición al allanamiento de la gobernación de Santiago a una filtración de la medida el día anterior, la que habría dado tiempo para iniciativas de afectados para que fuera impedida. El factor sorpresa, según las mismas fuentes, es clave para el éxito de acciones como allanamientos e incautaciones.
• Tras críticas a Cooper por la falta de iniciativas en el caso -en el cual están investigados varios gobernadores que irán a la reelección en los comicios de fines de octubre – Cooper posteó una declaración en X (ex-Twitter). En el texto sostuvo que había encargado 29 diligencias a la Briac, 15 solicitudes a distintos tribunales del país, 14 requerimientos de información a entidades privadas y la toma de múltiples declaraciones. No mencionó ninguna iniciativa específica.

El caso Magallanes. Las críticas a Cooper surgieron tras la filtración, el miércoles pasado, de la indagación de eventuales devoluciones de dinero a la fundación por parte de Irina Karamanos,  ex pareja del Presidente Gabriel Boric, por un total de $4.467.500, en un proyecto impulsado por ProCultura en Magallanes.

• La información fue publicada por El Mostrador, que incluyó un informe de la PDI que daba cuenta de cinco depósitos de Karamanos a ProCultura, por un total de $ 4.467.500.
• Karamanos, quien trabajó para un proyecto de ProCultura antes de que el Presidente Boric llegara a La Moneda, informó que entregó sus cartolas a la fiscalía, rechazó la versión de que hubiera devuelto dinero y que se tratara de platas políticas, siendo respaldada por La Moneda.
• Por otra parte, este miércoles se conoció que renunció a la defensa de Pro Cultura y Alberto Larraín el estudio Barruel y Borzutzky. Los abogados justificaron su renuncia “debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa”.
• Cuando se publicó la noticia sobre Karamanos, el estudio aseguró que la ex primera dama había hecho abonos por concepto de devolución de dineros a ProCultura, lo que ella había descartado. Después negó que hubiesen existido tales abonos.

ProCultura y sus nexos con el oficialismo. Un oficio de mayo de la fiscalía de Aysén enviado al tribunal advirtió que la fundación creada en 2010 aumentó 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022, cuando el Presidente Boric asumió el cargo, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.

• ProCultura fue una de las primeras fundaciones indagadas en el Caso Convenios, luego de que se destapara que el Gobierno Regional de Antofagasta —encabezado por el ex RD Ricardo Díaz—, le asignó $629 millones en 2022 para reparar las fachadas del casco histórico de la ciudad, pese a que su giro ante Impuestos Internos era la promoción de actividades culturales, la edición de libros y otros temas relacionados con ese tipo de actividades.
• El informe de la PDI, del 25 de junio y en el cual se basó el fiscal Palma, incluía diálogos entre Alberto Larraín y el gobernador de Magallanes, Jorge Flitz, cuyo celular fue incautado y periciado.. En las conversaciones, Larraín lo instaba a acelerar proyectos de su fundación en la zona citando supuestas conversaciones con el Presidente Boric y otras autoridades.
• No está claro si Larraín habló con el Presidente o sólo se estaba jactando de conversaciones que no existieron y eran una forma de mostrar poder para presionar por sus proyectos. Tampoco está claro si alguna vez el gobernador indagó con el presidente o sus asesores si las numerosas alusiones a Boric por parte de Larraín eran ciertas o no.
• Larraín señaló a La Segunda que conoció al presidente cuando éste era diputado “en el contexto de mi trabajo en salud mental en Magallanes”.
• En 2018 cuando el entonces diputado Boric hizo público que sufría de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), “se armó una bancada transversal en el Congreso y me pidió realizar la coordinación técnica”, añadió a La Segunda.
• En medio del Caso Convenios, Larraín relativizó su relación con el mandatario: “No soy parte del círculo cercano del Presidente Boric, tanto es así que desde que asumió como Presidente no nos hemos encontrado ni en actividades públicas ni privadas”.

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