El proyecto de reforma a las Isapres presentado por el Ejecutivo parece comenzar con buenas intenciones, pero como ya ha ocurrido con otras iniciativas del Gobierno, se introduce una “sorpresa” que amenaza con desmoronar lo que podría haber sido una adecuada reforma.
La propuesta establece un plan único de salud para las Isapres, lo que simplificaría el sistema actual con miles de planes, favoreciendo la transparencia y la comparación. También suprime la tabla de factores de riesgo, evitando que mujeres en edad fértil y personas mayores paguen más por los mismos servicios, beneficiando a estos grupos históricamente penalizados. Además, elimina la declaración de salud al ingresar al sistema, mejorando el acceso a servicios de salud y eliminando una barrera crítica del sistema actual.
Sin embargo, a pesar de estos avances, el proyecto falla debido a una omisión estructural grave: no incluye la creación de un sistema de compensación de riesgos, esencial en un sistema de salud mixto como el de Chile. Sin este mecanismo, las Isapres seguirán expuestas a la selección adversa, donde las personas más sanas tienden a elegir Fonasa, mientras que quienes tienen mayores necesidades de atención buscan cobertura en las Isapres, agravando el problema financiero.
Esto generará un desequilibrio insostenible en el sistema, especialmente considerando el colapso que ya enfrenta la salud pública. Actualmente, Fonasa tiene más de 2,5 millones de personas en listas de espera, y su capacidad para financiar y ofrecer atención de calidad está gravemente comprometida. Además, el desfinanciamiento crónico de los hospitales públicos y la atención primaria agrava la situación, haciendo que el sistema público sea cada vez menos atractivo para quienes buscan soluciones rápidas y eficientes a sus problemas de salud.
Y aquí radica el verdadero peligro: sin un sistema de compensación de riesgos, muchas personas intentarán abandonar Fonasa en busca de soluciones en las Isapres, a pesar de los sacrificios financieros que eso implique. Es probable que familias enteras reúnan recursos para que uno de sus miembros pueda costear un plan de Isapre, evitando así esperas de más de un año para una intervención quirúrgica o tratamiento médico. Para estas familias, el costo es secundario frente a la urgencia de resolver su problema de salud.
Este fenómeno, conocido como selección adversa, conducirá inevitablemente a que las Isapres enfrenten una sobrecarga de pacientes costosos, lo que las hará insostenibles financieramente. Eventualmente, estas personas resolverán sus problemas de salud en el sistema privado y, tras hacerlo, volverán a Fonasa, dejando a las Isapres con las pérdidas económicas de cubrir tratamientos más caros. La quiebra de las Isapres que aún sobreviven será solo cuestión de tiempo.
Es preocupante que un proyecto de tal envergadura tenga una falla estructural tan obvia. Ya lo hemos visto con la Ley corta de Isapres, que, con el noble objetivo de estabilizar financieramente a estas instituciones tras los fallos judiciales, terminará provocando la quiebra de aquella con más de cuatro años en el sistema. Ahora, con esta nueva ley, se profundizaría la crisis, afectando también a las Isapres que no fueron impactadas por dichos fallos.
El panorama es claro: si se aprueba la reforma en su estado actual, 2,7 millones de personas migrarán forzosamente a Fonasa. Esto no es otra cosa que la implementación de la fallida propuesta de un seguro único de salud estatal, rechazada en el plebiscito por el 62% de los chilenos. ¿Es un error o una estrategia deliberada?
La esperanza radica en que la oposición actúe con mayor firmeza que en la ley corta y exija una corrección: un sistema de compensación de riesgos que evite el colapso de las Isapres. Si no lo hacen, estarán contribuyendo a la desaparición del aseguramiento privado y forzando al país hacia un sistema estatal, donde solo quienes puedan permitírselo accederán a seguros complementarios para mejorar su cobertura.
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