El anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre el proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior (FES) fue, hace unas semanas, el foco de las cámaras y flashes.
Hasta las recientes polémicas mediáticas de otros casos que han copado la agenda, era el tema que acaparaba las portadas y que eventualmente podía tener también influencia en las elecciones que estamos viviendo este fin de semana.
Y si bien en el mundo universitario estamos acostumbrados a que las universidades se dividan en grupos a la hora de criticar una propuesta de este tipo o apoyarla (generalmente esos grupos están conformados en base al año de creación de cada institución), en esta oportunidad lo que se vio fue una serie de dudas y cuestionamientos que provenían de todo tipo de universidades: estatales, privadas tradicionales, privadas jóvenes, gratuitas, regionales, acreditadas, etc.
Y en todas las opiniones que me tocó analizar, se puede distinguir una coincidencia: la necesidad de abordar un tema que hace años está en la palestra y, con ello, avanzar en un sistema de financiamiento justo, que genere oportunidades.
Pero los puntos de desencuentro no puedo resumirlos en menos de un párrafo: desfinanciamiento, efectos en la autonomía, disminución de la calidad, perjuicio a la carrera académica, impuestos al egreso, elitización de la educación superior, y un largo etcétera.
Lamentablemente estoy de acuerdo con muchos cuestionamientos y también con la quizás única coincidencia entre los actores.
La necesidad de transitar hacia un nuevo sistema de financiamiento que esté mejor pensado
Sabemos que el CAE tal cual está a la fecha ha cumplido un ciclo. Independiente de sus condiciones o los cambios positivos que se le hicieron hace unos años -que lo hace una herramienta desde el punto de vista financiero muy conveniente- socialmente es un instrumento que ha perdido validez. Y eso debe ser abordado.
Pero por la importancia estructural que tiene para nuestro sistema de educación superior, debe existir un reemplazo bien pensado, que ponga el foco en el estudiante más que en tratar de cuadrar la billetera fiscal con una promesa prácticamente imposible de cumplir.
Lamentablemente, el proyecto de ley presentado por el Gobierno tiene fallas estructurales. Un ejemplo de ello, es que elimina las becas para estudiantes de menores ingresos y las reemplaza por un crédito que, aunque muy conveniente, es finalmente una deuda.
En palabras simples lo que hace es poner a un estudiante financieramente vulnerable frente a un horizonte de 20 años endeudado, y lo comprometes a un futuro incierto.
¿Eso disminuye las brechas y fomenta la inclusión?
Si a ello le agregamos que se elimina la opción de que los padres puedan hacer un copago mientras el o la estudiante está cursando su carrera, y con ello disminuir su deuda futura, no se ve en ningún caso que la inclusión o la justicia estén dentro de los pilares de la iniciativa.
Sumado a ser una herramienta que permita el acceso, un sistema bien estructurado de financiamiento debe ser un mecanismo justo que no se convierta en una carga desproporcionada para los estudiantes a largo plazo, ello independiente de las condiciones favorables que tenga.
Por eso existen las becas, para apuntar a ese estudiante y facilitarle su paso por el sistema, motivándolo a entrar y mantenerse en él.
Recordemos que estamos hablando de gente que debe endeudarse para estudiar, no son los más “ricos” quienes precisamente requieren del sistema.
El debilitamiento de las instituciones de Educación Superior y el sistema
Sumado a lo anterior -y creo esto es una opinión compartida por gran parte de los actores- el proyecto tiene asociados una serie de riesgos para el sistema, ello ya que extrapola los ya conocidos problemas de la gratuidad a casi la totalidad de las universidades ¿A qué problemas nos referimos? Simple y peligrosamente, al desfinanciamiento de las instituciones, la pérdida de su autonomía y, al final, de su calidad.
Al limitar el co-pago hasta el 9no decil, impides a las universidades llevar adelante con excelencia su proyecto institucional. Sabemos que los recursos del Estado son escasos, sabemos también que siempre se va a presionar por un arancel regulado que cubra solo la docencia y sabemos, otra vez, que este experimento no funciona bien.
No podemos dejar a merced de las arcas fiscales -ni menos de los políticos de turno- al sistema universitario. Nos ha llevado años construir un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que hoy nos demanda ser universidades complejas, que hagan investigación de impacto, que se relacionen con su entorno, que se conecten con el mundo, que usen tecnología para mejorar sus procesos y su servicio al estudiante, que innoven y que cada vez se autoexijan más.
Si restringimos los recursos, estaremos condenando al sistema a solo poder financiar la docencia y retrocediendo años en esta materia.
Cuando se habla de diversidad y se defiende esta consigna, eso debe ser integral. Es diversidad de individuos y también de instituciones y proyectos. Somos una sociedad compleja, que debe apuntar a generar instancias donde las personas puedan decidir qué es mejor para sus intereses y necesidades, no reducir esas opciones a un solo tipo de universidad… y tristemente nada de esto está considerado en este nuevo proyecto.
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