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Noviembre 20, 2024

Caso Monsalve: Por qué la resolución del juez Cayul pone presión a Armendáriz en arista que complica a La Moneda

Ex-Ante
El fiscal Xavier Armendáriz el 19 de abril en el Centro de Justicia de Santiago. (Francisco Paredes / Agencia Uno)

El juez que envió a prisión preventiva a Manuel Monsalve dijo que los delitos sexuales imputados al exsubsecretario mostraban, en esta fase procesal, que su libertad implicaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, advirtió que la mención de gestiones de agentes de inteligencia trabajando para Monsalve estaba insuficientemente desarrollada, poniendo así presión al fiscal Armendáriz para avanzar en esta arista. Paralelamente, debe investigarse la querella por infracción a la ley de inteligencia y obstrucción a la investigación admitida a tramitación. Esta última es la que más complica a La Moneda y al presidente Boric.


Qué observar. El martes por la noche, tras más de 14 horas de audiencia, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Mario Cayul leyó su resolución enviando a prisión preventiva al hoy exsubsecretario Manuel Monsalve, 59, por la violación y abuso sexual de una subordinada de 32.

  • Monsalve fue enviado así a la celda 44 del módulo 86 de la cárcel de Rancagua, junto a otros imputados por delitos sexuales.
  • El juez dio por acreditados los dos hechos presuntamente ocurridos la madrugada y mañana del 23 de septiembre en el hotel Panamericano del centro de Santiago y concluyó que, dada la gravedad de los delitos imputados —por los que Monsalve arriesga 20 años de cárcel: 15 por la violación y cinco por el abuso sexual— su libertad constituía un peligro para la sociedad.
  • El juez, sin embargo, rechazó el fundamento de la petición de la fiscalía de privar a Monsalve de su libertad porque ésta representaría un peligro para la seguridad de la víctima y para el éxito de la investigación.
  • Argumentó que la obstaculización a la indagación a través de los funcionarios de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) que, a instancias de Monsalve, observaron las cámaras de seguridad de su recorrido del domingo 22 de septiembre e incluso llegaron al departamento de la denunciante haciéndose pasar por repartidores, estaba insuficientemente desarrollada.
  • Esto implicó un cuestionamiento a esa arista de la indagación del Fiscal Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz.
  • Por esa arista el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación una querella presentada por el diputado de RN Andrés Celis, a través del abogado Luis Cantellano, por los delitos de obstrucción a la justicia e infracción a la ley de inteligencia.

Las críticas del juez. “La solicitud de prisión preventiva respecto del imputado, fundada en que dicha medida cautelar resulta indispensable para el éxito de la investigación y que su libertad es peligrosa para la ofendida, por dichos acápites, la petición, a mi juicio, resulta infundada”, dijo el juez.

  • Hipótesis sin trabajar. “Tanto el Ministerio Público como la parte querellante han fundado en ese punto la solicitud de prisión preventiva, en lo esencial, en base a un supuesto comportamiento desleal desplegado por el imputado con posterioridad a la comisión de los delitos que nos convoca esta audiencia, y que lo llevó incluso a utilizar medios y agentes del estado, policías, fuera de todo marco legal, y en su favor, obstaculizando con ello la investigación, y directa o indirectamente tratando de amedrentar a la víctima”.
  • Ausencia de diligencias específicas. “A mi juicio, no se cumplen los requisitos legales para disponer la prisión preventiva en base a dichos parámetros, pues es un requisito legal que el Ministerio Público o la parte querellante, en primer lugar, señalen, fundadamente, cuáles son las diligencias precisas y determinadas de la investigación, futuras, respecto de las cuales su éxito se vería afectado estando el imputado en libertad”.
  • Falta de pruebas para la obstaculización. “Tampoco se han hecho valer antecedentes calificados que fundadamente permitan concluir a este tribunal acerca de la existencia de sospechas graves y fundadas de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba, o que pudiera inducir a testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, más allá de las aprehensiones subjetivas que tienen, legítimamente, tanto la fiscalía como la parte querellante”.

Por qué importa. Las críticas del juez restaron a la fiscalía dos argumentos por los cuales había pedido dejar al exsubsecretario de Interior en prisión preventiva, lo que cobra relevancia luego de que este miércoles su abogado Lino Disi anunciara que apelarían ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la medida cautelar dictada contra su defendido, que asegura no haber cometido delitos.

  • Las críticas a esa arista de la indagación de Armendáriz también abren un flanco para La Moneda, puesto que en la eventual obstrucción a la investigación podrían ser imputados otros personeros de gobierno, perpetuando la crisis abierta tras la denuncia presentada el 14 de octubre por la asesora de Interior, que derivó en la renuncia de Monsalve el jueves 17, luego de que el caso se filtrara en la prensa.
  • Su salida generó una serie de versiones contradictorias en el gobierno -incluyendo algunas del presidente Boric- respecto de cuándo se enteraron de la denuncia, cuánta información manejaban y por qué tardaron en pedirle la renuncia.

Qué pasó con la querella. El abogado Cantellano planteó que “esperamos que el Ministerio Público acelere todo lo que tenga que ver con los procedimientos administrativos internos de designación del fiscal que va a llevar adelante la investigación de la arista por obstrucción a la investigación y ley de inteligencia, independiente de la ampliación de querella que hemos anunciado por uso de gastos reservados”.

  • Explicó que este miércoles la fiscalía les canceló una entrevista con la fiscal designada en el caso, ya que estaban en proceso de designación de un fiscal definitivo. La celeridad es necesaria, dijo, para evitar destrucción de evidencias.

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