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Enero 8, 2025

La comisión de 45.000 UF que Hermosilla niega haber recibido por Parque Capital (y sus dardos contra la fiscalía)

Manuel Izquierdo P.
Imagen de archivo: Agencia Uno.

“El Ministerio Público miente severamente”, dijo Luis Hermosilla en la formalización por la arista Parque Capital, donde se le imputa el delito de tráfico de influencias. La Fiscalía aseguró que entre 2018 y 2019, cuando era asesor en Interior, Álvaro Jalaff -antiguo controlador del Grupo Patio- le prometió el “pago de UF 45.000 para que realizara gestiones oficiosas a fin de conseguir la aprobación de tres informes favorables de construcción” de un parque industrial en Lampa.


Qué observar. Pasadas las 11:30 horas de este miércoles, con chaleco amarillo, esposas en las manos y grilletes en los pies, el abogado Luis Hermosilla —actualmente en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber mientras es indagado por presuntos delitos tributarios, soborno y lavado de activos por el caso Audios— llegó hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para ser formalizado por un presunto tráfico de influencias en la arista Parque Capital.

  • Esta indagatoria surgió tras la revisión, por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, de los chats del abogado con Álvaro Jalaff, uno de los antiguos controladores del Grupo Patio. El Ministerio Público imputa a Hermosilla el haber realizado, a solicitud de Jalaff, gestiones para acelerar los permisos de construcción de un parque industrial en Lampa.
  • Según el órgano persecutor, Luis Hermosilla habría aprovechado su rol de abogado asesor en el Ministerio del Interior durante la administración Piñera —que lo convertía en funcionario público— y sus nexos con los exministros Andrés Chadwick y Felipe Ward para destrabar el avance del proyecto de Grupo Patio.
  • Durante la audiencia, que se extendió por más de dos horas, la defensa de Hermosilla pidió el sobreseimiento definitivo del caso, solicitud que fue rechazada por la jueza María Carolina Herrera.

Las imputaciones del Ministerio Público. El fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, afirmó que Hermosilla tenía un “interés económico directo en los negocios del Grupo Patio”, dada su “estrecha amistad” con la familia Jalaff, quienes eran “sus principales clientes”, además de su “rol de consejero” de las empresas STF Capital y Factop, de propiedad de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg.

  • El persecutor aseguró que entre 2018 y 2019, cuando el imputado mantenía una “estrecha relación con Andrés Chadwick” y era asesor en Interior, Álvaro Jalaff “prometió el pago de UF 45.000 a Luis Hermosilla para que realizara gestiones oficiosas a fin de conseguir la aprobación de tres informes favorables de construcción (IFC)” para Parque Capital.
  • Según Sepúlveda, durante 2020 y 2021, “Hermosilla ejerció influencias directas sobre el entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, y el Seremi Metropolitano, Manuel José Errázuriz, para la obtención de informes favorables a dicho proyecto”.
  • El Ministerio Público aseguró que el abogado sostuvo reuniones y comunicaciones reiteradas con ambas autoridades. Entre ellas, el fiscal detalló dos encuentros, en junio de 2020, entre Hermosilla y Ward. La primera, en la oficina del entonces asesor de Interior, y la segunda en la casa del exministro.
  • De acuerdo al relato del Ministerio Público, en agosto de ese año, Luis Hermosilla citó a su oficina, fuera de horario laboral, al ex titular de Vivienda y a Errázuriz. En ese encuentro, el abogado habría asegurado que la Seremi de Vivienda estaba trabando el proyecto por razones políticas. Tras esa reunión, Hermosilla mantuvo contacto con Errázuriz, encargado de decidir sobre el futuro de Parque Capital, cuyos IFC fueron aprobados finalmente el 10 de agosto de 2021.
  • Fiscalía solicitó 120 días de plazo para investigar, petición que fue aceptada por la magistrado.

Hermosilla: “El Ministerio Público miente severamente”. Tras la intervención del persecutor, la jueza Herrera consultó a Hermosilla si comprendía los hechos. El abogado respondió enfático: “Los comprendo y el Ministerio Público miente severamente”. Su defensor Juan Pablo Hermosilla los aceptó, pero dijo que era necesario controvertir los calificativos jurídicos.

  • Además, referente a las gestiones en favor del proyecto, el defensor afirmó que “no es cierto que haya habido un premio para Luis. Nunca se pagó ni recibió nada similar”.

Debate sobre rol de funcionario público. Juan Pablo Hermosilla articuló su argumentación en que su representado no era funcionario público al momento de los hechos, sino que fungía como asesor a honorarios en el Gobierno. “No tenía correo electrónico, ni oficina en La Moneda”, sostuvo varias veces

  • Según el abogado, su hermano habría sido contratado sólo para gestiones específicas, como el manejo de causas penales, y que en paralelo ejercía privadamente como abogado.
  • Este punto fue controvertido por la Fiscalía, que sostuvo que Luis Hermosilla ejercía una “función pública” y recibía remuneraciones por ello.
  • “La diferencia entre cualquier chileno y los Jalaff era que ellos tenían a Hermosilla, que era funcionario público. Nunca cualquier chileno podría haberse reunido con el ministro de Vivienda o con el seremi Errázuriz”, indicó Miguel Ángel Orellana, fiscal de Alta Complejidad Oriente.

Fiscal a cargo del Caso Audios. Otro punto que ocupó parte importante de la intervención de la defensa fueron las quejas por el manejo selectivo del caso que atribuyó a la Fiscalía. Juan Pablo Hermosilla apuntó contra la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, a cargo del Caso Audios.

  • “Lorena Parra, dos veces, le pide a Luis Hermosilla que lo ayude en su nombramiento como fiscal regional. La fiscal Parra, la jefa de los dos colegas aquí, ella misma le pide a Luis que hable con ciertos ministros”, afirmó.
  • En la defensa existe molestia desde que en octubre la Fiscalía Nacional rechazara la solicitud para inhabilitar a Parra, pero, además, por las filtraciones del caso.

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