–¿En términos de seguridad pública, cómo evalúa el año 2024?
-La discusión sobre la cifra de homicidios ocurridos el año pasado refleja la compleja situación en la que estamos: el gobierno destacó que el numero homicidios se “estabilizó” y que incluso bajó, aunque fuera en un porcentaje mínimo. Obviamente que eso no es motivo de celebración, sino que la muestra de que los problemas de seguridad son una constante desde hace, por lo menos, cinco años. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Crear un Ministerio de Seguridad para coordinar a las policías, las que van a mantener las mismas estructuras, formación y armamentos que tienen actualmente. Policías que, además, están bajo una tremenda presión política.
No olvidemos que este gobierno presentó un proyecto de Ley de uso de la fuerza que busca restringir al máximo la utilización de la fuerza policial, lo que va en la dirección opuesta de lo que debería ser un plan de desbaratamiento de las bandas criminales.
Esta visión de las policías tiene su origen en una mirada muy ideológica, que es una herencia que se arrastra desde hace décadas por el rol que especialmente ejerció Carabineros durante la dictadura. Esa mirada sigue teniendo mucha fuerza, más allá de lo sucedido durante el estallido social.
-¿Carabineros tiene alguna responsabilidad en esta desconfianza?
-Es indudable que, entre 2019 y 2020, hubo bastantes casos en los que, al parecer, hubo un uso excesivo de la fuerza. A raíz de una petición del presidente Sebastián Piñera, a mí me tocó trabajar con Carabineros en esa época, y ellos mismos tenían claro que existían casos en los que se habían cometido excesos.
Sin embargo, hay que considerar que ellos estaban sometidos a una tensión tremenda en las calles y enfrentando todo tipo de violencia. Pero creo que hay que poner el acento no solo en lo que hicieron mal, sino que también en lo que hicieron correctamente. Quienes nos gobiernan hoy fueron muy críticos de Carabineros y ahora se han tenido que dar una vuelta en 180 grados. Se dan cuenta de que si la fuerza policial que no tiene el respaldo de las autoridades ni de la ciudadanía, el país es ingobernable.
-¿Le ve alguna utilidad práctica a la creación del Ministerio de Seguridad Pública?
-Entiendo que el gobierno quiera destacar que, después de casi 20 años de tramitación, se logró su creación. Pero el Ministerio de Seguridad Pública no hará otra cosa que intentar que se apliquen las mismas leyes que han existido desde hace años, más algunas nuevas. Lo que falta es principalmente Inteligencia, así que esperaría que el nuevo organismo genere un polo de inteligencia e información que pueda ser utilizado por todos los servicios del Estado. De lo contrario, solo se usará para crear nuevos empleos públicos.
-Usted ha advertido que el principal problema hoy son las bandas de crimen organizado.
-Efectivamente, la gran amenaza es la instalación definitiva de bandas organizadas de criminales, que vienen de distintos países latinoamericanos, y que el Estado chileno no ha sido capaz de controlar. Estas despliegan un nivel de violencia inédito en nuestro país, tienen un gran poder de fuego y ya controlan varios territorios.
-¿Cuán extendido es este control territorial?
-El crimen organizado es una forma de hacer empresa, principalmente a través del control de zonas urbanas. Hacen negocios, por ejemplo, con la venta de loteos ilegales en los terrenos tomados. Por eso que el número de homicidios es solo la punta del iceberg de un problema muchísimo más estructural, y que demuestra la completa ausencia de un plan de seguridad que, por lo menos, genere la expectativa de que algo va a pasar.
-¿Estas bandas criminales están compuestas por inmigrantes ilegales o también por legales?
-No tengo antecedentes para contestar eso, pero estos grupos están asociados a la inmigración que hemos tenido en los últimos años. En la actualidad, prácticamente el 10% de los habitantes en Chile son extranjeros, una cifra completamente inusual.
Lo preocupante es que hay mucha gente que cree en los estereotipos, lo que refleja el alto nivel de hastío que existe con ellos.
-¿Cuál es el peligro de esto?
-Puede generar un conflicto social muy profundo y graves problemas políticos. Solo basta con mirar a Europa y a Estados Unidos para ver cómo la inmigración puede influir en la política, y especialmente en el auge de movimientos de extrema derecha. Estos son los que imponen el tono antiinmigración, y los partidos tradicionales democráticos -que no supieron dar una respuesta oportuna al problema en el momento adecuado- simplemente les siguen el ritmo. Así, la extrema derecha va moviendo la aguja.
-¿Eso está pasando en la política chilena?
-Efectivamente el discurso antiinmigración puede hacer surgir un movimiento de extrema derecha, aunque probablemente todavía estamos en una etapa previa, aunque no sé cuánto queda para que llegamos a eso. Chile enfrenta un quiebre político y social muy profundo y está marcado por visiones antagónicas frente a todos los temas. No hay consensos mínimos con respecto a que queremos como país. En ese sentido, no veo a ningún líder político promoviendo una conversación que nos permita ponernos de acuerdo en algunas cosas mínimas.
-¿Existe la posibilidad de que Johannes Kaiser se transforme en un líder competitivo en la próxima presidencial, representando esa visión más extrema?
-Lo dudo. Los chilenos quedamos muy golpeado por lo todo lo que ha sucedido desde el Estallido Social y luego con el fracaso de los dos plebiscitos constitucionales, por lo que creo que el electorado se dio cuenta de que los extremos no son la respuesta y valora el camino del centro político.
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