Creo profundamente en la política de los acuerdos. A lo largo de la historia, esta ha sido la vía por la cual países, atrapados en ciclos políticos, han logrado implementar políticas de largo plazo que promueven certeza y crecimiento. Durante mi experiencia como ministro, constaté el daño que generan las oposiciones que se limitan a decir no, sin aportar soluciones constructivas.
En estos días, presenciamos el esfuerzo por sacar adelante la reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, es realmente peligrosa y con pésimos precedentes, el modo en que se está legislando. Con esa celeridad es imposible darse cuenta de los errores evidentes, ni menos reaccionar frente a ellos. Estamos ante la reforma con mayor costo fiscal de los últimos años que en régimen le costará al fisco US$5.000 millones anuales. Con un Fondo Social que controlará en régimen cerca del 20 % del PIB . Para dimensionar este monto, el aporte a la reforma de un año por parte del Estado equivale a financiar la construcción 120.000 de viviendas sociales, lo que significaría terminar con el déficit habitacional de Chile.
El valor de un acuerdo no reside en la rapidez con que se alcance, sino en su capacidad de construir un país más justo. No todos los acuerdos son buenos por el simple hecho de lograrlos. Su contenido debe responder a las necesidades reales de la ciudadanía, respetando la Constitución y los principios básicos de justicia y equidad.
Se faculta al Instituto de Previsión Social (IPS) y a la Tesorería para ofrecer ciertos servicios a usuarios, cobrando por ello. Aunque esta facultad no es negativa en sí misma, debe hacerse respetando la Constitución y estableciendo condiciones operativas que sean iguales entre actores públicos y privados y así no atentan contra principios fundamentales como la igualdad ante la ley y el libre ejercicio de la libertad económica.
El proyecto obliga a cotizar a personas que explícitamente les priva del beneficio. Una persona que ingresa tardíamente al mercado laboral, por ejemplo, a los 50 años, el proyecto les excluye explícitamente de los beneficios. ¿ Por qué obligarlos entonces? ¿Es menos ciudadano que los demás? Los artículos 13 y siguientes al regular los beneficios del Seguro Social establecen situaciones en las que quienes cotizan más no necesariamente obtienen mejores beneficios; de hecho, el que cotiza mucho ahora va a recibir mucho menos que el que no cotizó nada en el pasado Esto no parece equidad, sino exclusión.
La propuesta también perpetúa ciertas inequidades absurdas. Un pensionado con una pensión autofinanciada de $5 millones mensuales recibirá un beneficio adicional de 2,5 UF mensuales de por vida de parte del Seguro. Mientras tanto, una trabajadora esporádica, que no logró reunir 10 años de cotizaciones, no recibirá nada. Una cosa es incentivar la cotización, otra muy distinta es establecer un beneficio sin limites respecto del monto de la pensión con cargo a las cotizaciones de todos los chilenos. Con esta reforma un trabajador de modesto termina pagándole el beneficio al gerente de la compañía.
La compensación de la mujer, como quedó finalmente diseñada, solo vale hasta los 18 UF, es decir, $690.000 pesos. Si una mujer de clase media alta tiene una pensión autofinanciada de $900.000 seguirá recibiendo menos que un hombre en igual situación pues no recibirá compensación alguna. Es decir, de $690.000 pesos hacia arriba, sigue intacta la inequidad contra la mujer.¿ No era el foco de esta pensión la clase media? Si todos cotizan y aportan para el financiar el bono tabla ¿ no debería establecerse un límite escalonado que no excluya de cuajo a muchas mujeres de clase media?
Sabemos que algunos han llegado a este debate cargados ideológicamente contra las AFP, pero todo tiene su límite. ¿Cómo es posible que el proyecto establezca que los costos de la cobranza extrajudicial contra un empleador moroso en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores deben ser asumidos por las AFP y no por el mismo deudor incumplidor ?
Estos son solo algunos ejemplos de errores presentes en el texto aprobado por la Comisión de Trabajo del Senado, y que probablemente ni siquiera tuvieron el tiempo para revisarlos.
Los errores o imprecisiones que persisten en el texto deben corregirse ahora, no por antagonismo político, sino por respeto al espíritu de los acuerdos: buscar soluciones que representen a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.
Aplaudo el esfuerzo de los senadores que han impulsado el diálogo, pero no debemos confundir voluntad política con apresuramiento. Un acuerdo apresurado y mal fundamentado solo genera desencanto y polarización. Nadie pretende ni espera que estemos obligados a coincidir en todo, pero votar una reforma tan importante de manera precipitada, con errores evidentes, desprestigia la política de los acuerdos y terminan dándole la razón a quienes rechazan el diálogo.
Es necesario tomarse el tiempo para debatir con altura de miras, corregir lo que está mal y asegurar una reforma que refleje plenamente justicia y equidad. Ignorar las inequidades que perpetúa este proyecto o forzar su aprobación por miedo al fracaso político no es democracia, es negligencia.
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