El Presidente Gabriel Boric prácticamente no ha intervenido en la fase final de las negociaciones en materia previsional. Es un silencio calculado, por cierto, que se explica por los siguientes factores.
El primero y más simple de comprender es el intento de no provocar tensiones innecesarias con la oposición en la etapa más crucial y frágil para la consolidación del acuerdo. El precedente de la pauta presidencial por el acuerdo de pensiones, aquella mañana del 6 de enero en Maipú, donde Boric fue flanqueado por la expresidenta Bachelet, el edil de la comuna, Tomás Vodanovic, y su ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dejó un balance negativo.
La retórica estridente y combativa de Boric en contra de la derecha dentro de esa puesta en escena debilitó las confianzas e hizo que el acuerdo incluso tambaleara por algunas horas. Es probable que más de un interlocutor haya aplicado con el Presidente el viejo adagio: “Si no suma, al menos no estorbe”. A partir de ese momento, el Presidente optó por el mutismo.
Menos evidente, pero más interesante, parece ser un segundo motivo. El Presidente es consciente de que los términos del acuerdo tampoco satisfacen completamente a su base electoral, quienes obviamente se resignan a abandonar la consigna “No + AFP” y aspiran a mayores cambios. De ahí que no sea casual que los propios parlamentarios frenteamplistas propusieran la testimonial idea de agregar una papeleta en la próxima elección de noviembre con el fin de zanjar vía plebiscito la cuestión sobre la continuidad de las AFP.
En la misma línea, con las indicaciones ya presentadas y en plena “última milla” de la discusión parlamentaria, la diputada Gael Yeomans declaró sobre el préstamo reembolsable del 1,5%, incluido en el diseño de la reforma propuesta, que: “apostaría a que no se devuelva a las cuentas individuales”. El mandatario, tampoco parece estar dispuesto a disciplinar las voces críticas del acuerdo dentro de los suyos ¿Por qué?
Porque en el balance, el acuerdo es un gran triunfo para el Gobierno, pero es un triunfo que también deja un cierto sabor amargo en el ala más radical del oficialismo. Y dado que el diseño estratégico de La Moneda ha sido siempre el resguardar con extremo rigor al valioso capital del 30% de aprobación presidencial, la opción de un Presidente protagonista de la negociación conlleva un riesgo: alejarlo de la aspiración de su base partidaria más dura por el flanco izquierdo, en pleno año de elección parlamentaria.
Ante esa disyuntiva, hace sentido el repliegue comunicacional del mandatario. De hecho, la drástica decisión de convocar a una sesión extraordinaria del Congreso Nacional como recurso institucional de última ratio para lograr aprobar la reforma de pensiones en enero fue comunicada no por Boric, sino por el ministro Segpres Álvaro Elizalde.
Después, ante la guerra fratricida al interior de la oposición por la idoneidad técnica del acuerdo previsional y las implicancias políticas de este, Boric, consciente de que él es uno de los factores que concita unidad en la oposición debido a que, como denominador común, todos rechazan su figura, ha optado por tomar palco para propiciar así que el foco de la reyerta siga estando entre las derechas y no se desvíe hacia una nueva disputa entre él y la oposición. Aquí la máxima es divide et impera: dividir para gobernar.
Por último, está la cuestión de la pérdida de poder relativo del Presidente en el último año de su mandato. Con un 65% de desaprobación promedio en los estudios de opinión y en pleno año electoral, el Presidente cada vez pasará a ser un factor menos gravitante en el debate político. Negar aquello sería algo así como ir en contra de las leyes de la física del poder.
Que el mundo político avanzara en el acuerdo sin Boric como gran formateur del mismo es una cruda e inequívoca señal de la pérdida de peso específico del Presidente, no solo como jefe de gobierno, sino que también como líder de su coalición.
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