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Febrero 11, 2025

Permisología: US$ 7 mil millones en inversiones acumulan más de cuatro años en tramitación ambiental

Vicente Browne R.
Foto: Agencia Uno

Demoras en los permisos y alzas en los costos de evaluación están afectando a sectores clave como energía, minería y puertos. Entre los proyectos más emblemáticos que llevan más de 4 años en esta situación se encuentran el Puerto Exterior de San Antonio, Terminal Cerros de Valparaíso y Copiaport-E.


Qué observar. En Chile, la tramitación ambiental de proyectos de inversión ha experimentado demoras significativas, con un promedio de 1.433 días para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Actualmente, 12 proyectos se encuentran en este proceso dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) hace más de cuatro años, acumulando una inversión total de más de US$7.200 millones.

  • Algunos de ellos acumulan más de 15 años de tramitación.
  • Además de las demoras, los costos asociados a la evaluación ambiental han aumentado considerablemente. Por ejemplo, el costo de un EIA para un proyecto de inversión se ha duplicado en los últimos cuatro años, alcanzando los $950 millones.
  • Este incremento representa un desafío adicional para los desarrolladores de proyectos, especialmente en sectores como la minería, energía y portuarios.

Los casos más emblemáticos:

Puerto Exterior. El Proyecto Puerto Exterior de San Antonio nace en 2013 como respuesta a las tendencias de crecimiento de la población, economía y de las exportaciones e importaciones. Se estima que su construcción se concrete en unos 10 años más. La iniciativa significa una inversión de US$ 4.000 millones.

  • Es uno de los proyectos clave para mejorar la logística portuaria del país y hacer frente a la competencia de países vecinos.
  • Sin embargo, ha recibido una gran cantidad de observaciones en el marco de su evaluación ambiental, demorando su ejecución.
  • Fue ingresado al SEIA el 30 de abril de 2020 y en febrero de 2021 comenzó un largo Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI).
  • En una reciente entrevista con PortalPortuario, Ramón Castañeda, gerente general de la Empresa Portuaria San Antonio, consideró que 2025 será un año “bisagra”.

Puerto Valparaíso. Puerto Valparaíso, el segundo más importante de Chile, ha tenido que enfrentar los obstáculos de la denominada permisología para concretar una inversión de más de US$ 850 millones, la que permitiría mejorar su capacidad y eficiencia. El proyecto, llamado Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), lleva más de 10 años de tramitación ambiental.

  • En noviembre pasado se cumplió un nuevo hito, al recibir las observaciones de los servicios con competencia ambiental que consolidó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante un quinto Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA).
  • De esta forma, el SEA se mostró insatisfecho una vez más con la adenda que presentó la empresa, que ya había recibido una aprobación ambiental en 2018, pero que se había desestimado.

Cardones-Polpaico. A pesar de que la línea de transmisión eléctrica “Cardones-Polpaico” ya fue construida y se encuentra operando, aún no culmina su tramitación ambiental. El proyecto -que significó una inversión de US$ 1.000 millones- se encuentra bajo un nuevo proceso de participación ciudadana luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema -encabezada por el exministro Sergio Muñoz- invalidara la RCA aprobada en 2015.

  • Hace poco más de un mes, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) acogió parcialmente la demanda de Interconexión Eléctrica (ISA) contra el Estado de Chile por la negativa de prórrogas en la ejecución del proyecto Cardones-Polpaico.
  • El tribunal condenó a Chile a pagar unos US$ 16,5 millones, más intereses, aunque la empresa había solicitado US$ 230 millones. La disputa se originó en retrasos atribuidos a actos de violencia en La Dormida y problemas administrativos.
  • Se espera que este año termine su judicialización.

Copiaport-E. La nación indígena norteamericana Chiricahua Apache está a la espera de la resolución ambiental para dar inicio a la construcción del puerto Copiaport-E en la Región de Atacama. Este proyecto contempla una inversión de US$ 450 millones y considera la instalación de un terminal granelero y otro multipropósito.

  • Hasta mayo del año pasado, se habían invertido US$ 13 millones en nuevos estudios ambientales con el fin de cumplir con los requisitos regulatorios.
  • El objetivo principal de Copiaport-E es proporcionar una infraestructura portuaria con capacidad para recibir embarcaciones de gran calado sin necesidad de dragado, una ventaja poco común en la costa chilena.
  • El diseño del puerto apunta a facilitar la operación de naves que, debido a su tamaño, no pueden transitar por los canales de Panamá o Suez y deben desplazarse a través de las costas chilenas o africanas en sus rutas hacia Asia y otros mercados globales.
  • Según el cronograma establecido en el EIA, las obras de construcción de Copiaport-E estaban programadas para iniciarse el 3 de julio de 2024 y concluir el 4 de abril de 2026.
  • El primer Estudio de Impacto Ambiental de la empresa fue entregado en 2020 y hasta el día de hoy no ha concluido su tramitación íntegra.

Complicaciones para el Grupo Errázuriz. El proyecto que acumula más tiempo en tramitación ambiental en el SEIA es la “Planta de Producción de Sales de Potasio” de la Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, ligada al Grupo Errázuriz. Su proceso se inició en febrero de 2009. Fue rechazado en primera instancia el 2012, luego se solicitaron nuevos antecedentes y el 2017 es calificado nuevamente como ambientalmente desfavorable.

  • El 2018 la empresa presenta un nuevo recurso administrativo, el que nuevamente es rechazado en diciembre de 2021, por lo que se presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental. Hoy continúa figurando como no resuelto.
  • Este no es el único proyecto del Grupo Errázuriz que figura en la lista. El proyecto “Producción de Sales Maricunga” está en proceso de consulta indígena y su tramitación ambiental comenzó en 2018. Significa una inversión de US$ 600 millones y una capacidad de producción de 22.000 toneladas de hidróxido de litio a partir de 2028.

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