Qué observar. En Chile, la tramitación ambiental de proyectos de inversión ha experimentado demoras significativas, con un promedio de 1.433 días para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Actualmente, 12 proyectos se encuentran en este proceso dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) hace más de cuatro años, acumulando una inversión total de más de US$7.200 millones.
Puerto Exterior. El Proyecto Puerto Exterior de San Antonio nace en 2013 como respuesta a las tendencias de crecimiento de la población, economía y de las exportaciones e importaciones. Se estima que su construcción se concrete en unos 10 años más. La iniciativa significa una inversión de US$ 4.000 millones.
Puerto Valparaíso. Puerto Valparaíso, el segundo más importante de Chile, ha tenido que enfrentar los obstáculos de la denominada permisología para concretar una inversión de más de US$ 850 millones, la que permitiría mejorar su capacidad y eficiencia. El proyecto, llamado Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), lleva más de 10 años de tramitación ambiental.
Cardones-Polpaico. A pesar de que la línea de transmisión eléctrica “Cardones-Polpaico” ya fue construida y se encuentra operando, aún no culmina su tramitación ambiental. El proyecto -que significó una inversión de US$ 1.000 millones- se encuentra bajo un nuevo proceso de participación ciudadana luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema -encabezada por el exministro Sergio Muñoz- invalidara la RCA aprobada en 2015.
Copiaport-E. La nación indígena norteamericana Chiricahua Apache está a la espera de la resolución ambiental para dar inicio a la construcción del puerto Copiaport-E en la Región de Atacama. Este proyecto contempla una inversión de US$ 450 millones y considera la instalación de un terminal granelero y otro multipropósito.
Complicaciones para el Grupo Errázuriz. El proyecto que acumula más tiempo en tramitación ambiental en el SEIA es la “Planta de Producción de Sales de Potasio” de la Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, ligada al Grupo Errázuriz. Su proceso se inició en febrero de 2009. Fue rechazado en primera instancia el 2012, luego se solicitaron nuevos antecedentes y el 2017 es calificado nuevamente como ambientalmente desfavorable.
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.