Filtraciones judiciales. Por María Jaraquemada

Un derecho y principio básico de nuestras democracias, como es la presunción de inocencia, se ve fuertemente golpeada cuando nos adelantamos a los procesos judiciales y condenamos en la plaza pública en base a antecedentes parciales e intencionados.

Hace un tiempo ya que las filtraciones del contenido de investigaciones penales, supuestamente reservadas, se ha hecho algo bastante usual. En el caso del ex futbolista Valdivia, un medio publicó la declaración completa (solo tachando el nombre) de una de las denunciantes de una posible violación.

En el caso Monsalve, hemos visto varios videos que son parte de la investigación y, en otros, nos hemos enterado de conversaciones que podrían contener elementos delictivos, pero también de otras que más bien son opiniones personales de terceros, como ocurrió con algunas conversaciones entre Hermosilla y el ex fiscal Guerra y la reciente polémica conversación entre la diputada Cariola y la ex alcaldesa Hassler.

Esta última filtración ha llevado a que el mismo Fiscal Nacional haya tenido que dar explicaciones en varios medios de comunicación, afirmando que no puede asegurar que esta información no haya salido de la propia institución que él preside. Si bien, en este caso, no solo sus integrantes tenían acceso a la carpeta investigativa, al parecer no es descartable -ni confirmable- que de ahí haya provenido esta filtración.

Casualmente -o no- el Ministerio Público anunció estos días que multará a las personas que accedieron sin autorización a la carpeta investigativa del Caso Monsalve, quienes se expondrán a perder bonos que reciben por gestión institucional y de desempeño, sumado a la anterior desvinculación de un alumno en práctica que también habría accedido indebidamente a la carpeta. Incluso, en este caso se conoció que habían ingresado a la carpeta personas ajenas a la institución pero que contaban con las claves de acceso de un fiscal desde hace años. Solo por este caso, hay 25 investigaciones en curso y que denotan una importante falta de control interno.

El Fiscal Nacional ha indicado que esto se debe a un mal diseño legal, por lo cual probablemente van a seguir produciéndose (de hecho, con posterioridad a todo esto, otro medio publicaba la supuesta conversación íntegra entre el hoy investigado Fiscal Palma y la pareja de la ex Suprema Ángela Vivanco en el marco del proceso de nombramiento de Fiscal Nacional) mientras no se produzcan las reformas necesarias.

Esto porque hay una serie de otros actores o instituciones que tienen acceso a esta información -abogados parte (a veces incluso miembros de partidos políticos, parlamentarios o alcaldes/as en causas donde los investigados provienen de este mundo), las policías que coadyuvan en estas investigaciones (y que ya sabemos que, al menos el ex Director de la PDI efectivamente filtraba información en lo que se convirtió en una de las aristas del caso Hermosilla).

Pero, ¿por qué debieran preocuparnos estas ya tan frecuentes y asiduas filtraciones?

En primer lugar, porque, independiente del posible interés público que algunas de estas puedan tener, puede afectar la confianza en las propias instituciones que llevan a cabo o participan en estas investigaciones. Si hoy vemos cómo se accede a la denuncia de presunta violación y exámenes del SML, no es descartable que, en el futuro, víctimas de delitos sexuales duden de hacer las denuncias contra personas de connotación pública, por temor a verse expuestas y que el detalle de estos hechos circule libremente por internet.

En el caso de testigos de posibles irregularidades, ¿cómo les pedimos que confíen en las instituciones y delaten a quienes hayan participado -jefaturas, compañeros de trabajo, de partido, etc.-, si pueden legítimamente temer verse expuestos a filtraciones de sus declaraciones o parte de ellas?

Porque hoy vemos las filtraciones a la prensa, pero ¿podemos tener certeza que esto no ocurrirá con el crimen organizado en un futuro no lejano? Tampoco es descartable que haya menos voluntad de cooperar en futuras investigaciones, entregando voluntariamente teléfonos u otros dispositivos, si se corre el riesgo que la vida privada y opiniones al margen de posibles irregularidades se ventilen públicamente.

Por otro lado, no sabemos cuál es el fin que está detrás de quienes filtran estas conversaciones. Puede ser para situar a la opinión pública de modo favorable a su investigación, pero también puede haber motivaciones políticas, lo que termina abonando a quienes, en muchas ocasiones sin fundamento alguno, reclaman persecución política o “law-fare”, aumentando la desconfianza institucional en la cual nuestras instituciones se encuentran sumidas.

Finalmente, un derecho y principio básico de nuestras democracias, como es la presunción de inocencia, se ve fuertemente golpeada cuando nos adelantamos a los procesos judiciales y condenamos en la plaza pública en base a antecedentes parciales e intencionados.

Es cierto que la prensa hace su trabajo y que, en ocasiones particulares, filtraciones de irregularidades han permitido que éstas no queden en la impunidad, pero no podemos acostumbrarnos a que esta sea la tónica usual. Urge que fortalezcamos nuestra institucionalidad de modo que el Ministerio Público pueda dar garantías de que en sus filas no se generan filtraciones -y si ocurre, sea posible detectarlo y sancionarlo adecuadamente-, así como que las otras partes intervinientes también actúen con responsabilidad.

Esto debe ir de la mano de que las instituciones, como se suele decir, funcionen y den señales a la ciudadanía que, en Chile, no hay impunidad, pese a quien le pese y que la justicia llega y no tarde.

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