El lapidario informe final de la comisión investigadora sobre ProCultura

La comisión investigadora del caso ProCultura aprobó por nueve votos a favor y una abstención el informe final elaborado por los diputados RN Andrés Longton y José Miguel Castro. La fundación, liderada por Alberto Larraín, es indagada por Fiscalía por eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6 mil millones con gobernaciones. El texto alude al rol de Claudio Orrego, Miguel Crispi y Jorge Flies en los convenios, entre otros. Aquí extractos del informe.

Modus operandi. “Los antecedentes recabados permiten apreciar un posible modus operandi sistemático caracterizado por la asignación directa de fondos, una deficiente fiscalización administrativa, debilidades en los procedimientos internos de validación y supervisión de organismos técnicos”.

• “También una vinculación política o cercanía afectiva, constituyendo así un potencial mecanismo de desvío y defraudación de fondos públicos”.

Valores de mercado. “Se detectaron numerosos casos donde los montos cobrados por la realización de servicios y actividades por parte de empresas relacionadas con ProCultura excedieron ampliamente valores de mercado”.

• “La investigación realizada por la Contraloría en el Gobierno Regional de Ñuble constató claramente que ProCultura efectuó compras de merchandising y regalos corporativos con evidentes sobreprecios, generando un perjuicio estimado en varios millones de pesos al patrimonio fiscal”.

Rendición de $ 1.000 millones. “En la Región Metropolitana, en el contexto del Programa ‘Quédate’, se constataron serias irregularidades administrativas y financieras, tales como la rendición insuficiente de aproximadamente $1.000 millones de los fondos transferidos”.

• “ProCultura incurrió reiteradamente en gastos no autorizados, no relacionados con los objetivos comprometidos en los convenios y en ocasiones sin sustento documental adecuado”.

Intrincada red de empresas. “Se evidenció la existencia de una compleja e intrincada red de empresas relacionadas directa o indirectamente con integrantes, cercanos o excolaboradores de ProCultura, que ha generado severas dudas y cuestionamientos sobre la transparencia y probidad en la administración de recursos públicos transferidos”.

Externalización de servicios. “Gran parte de las actividades contempladas en los convenios no fueron ejecutadas directamente por la fundación, sino que fueron externalizadas hacia diversas empresas privadas, constituyendo en algunos casos situaciones altamente sospechosas, debido a la estrecha vinculación que esas empresas mantienen con personeros clave de ProCultura”.

• “Estos hallazgos apuntan claramente a una metodología recurrente, consistente en la presentación de cotizaciones que involucran empresas propiedad o vinculadas directamente a directivos, funcionarios o excolaboradores”.

Los convenios express. “La modalidad predominante mediante la cual ProCultura accedió a fondos públicos fue la denominada ‘asignación directa’, comúnmente referida como ‘convenio express‘”.

• “Este método, caracterizado por la rapidez de asignación y la ausencia de procesos licitatorios abiertos y transparentes, permitió que la fundación recibiera importantes sumas de dinero público en forma ágil y expedita”.

Inusitada rapidez. “El caso paradigmático fue el programa Quédate, impulsado en la Región Metropolitana, donde la asignación directa se concretó con inusitada rapidez, impulsada activamente desde el propio gobierno regional liderado por el gobernador Claudio Orrego”.

• “Actas analizadas reflejan una aprobación acelerada y sin cuestionamientos significativos, lo cual contrasta profundamente con los graves problemas posteriores de ejecución y rendición de cuentas observados en el proyecto”.

Débil evaluación institucional y rol de Crispi. “El procedimiento administrativo utilizado por la Subdere, bajo el mando de Miguel Crispi, permitió validar institucionalmente a ProCultura como entidad subejecutora mediante la asignación de un puntaje extremadamente alto (97,1 puntos de 100), sin realizar una revisión efectiva, profunda y objetiva sobre la idoneidad técnica y la trayectoria real de la fundación para administrar cuantiosos fondos públicos en múltiples regiones”.

• “La consecuencia directa de esta insuficiente evaluación previa fue que diversos gobiernos regionales, así como el Minvu, confiaron plenamente en esa validación inicial”.
• “Se omitió cualquier análisis riguroso de conflictos de interés potenciales, pese a la existencia de evidentes vínculos entre directivos de ProCultura y empresas privadas contratadas para ejecutar actividades financiadas con recursos públicos”.
• “Este acto careció de la rigurosidad técnica que debería haber garantizado un examen exhaustivo y transparente, configurando una decisión administrativa que generó condiciones favorables para la ocurrencia de múltiples irregularidades”.
• “No se tomaron en cuenta adecuadamente las limitadas capacidades operativas reales de la fundación en algunos de los proyectos adjudicados, como ocurrió con la recuperación de fachadas en Antofagasta, el programa de prevención del suicidio en la Región Metropolitana, y diversos proyectos culturales o turísticos en regiones como Ñuble, Biobío y Magallanes”.

Los gobernadores. “Existe una evidente omisión en la activación de inhabilidades legales y éticas por parte de diversos gobernadores regionales, pese a existir claros y conocidos vínculos personales, políticos y laborales previos con Alberto Larraín, director ejecutivo de la Fundación ProCultura”.

• “Estas omisiones se traducen en decisiones administrativas tomadas sin que mediara una adecuada declaración de inhabilidad, poniendo en cuestión la transparencia y objetividad del uso de recursos públicos”.
• “Destaca especialmente el caso del Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuya relación personal, política y profesional previa con Larraín quedó claramente acreditada (…). Orrego debió haber declarado explícitamente la existencia de estas relaciones previas y haberse abstenido de intervenir en los procedimientos administrativos relativos al proyecto ‘Quédate'”.
• “Orrego posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político, debido a su rol activo en impulsar y promover el proyecto, que implicó una transferencia directa de aproximadamente algo más de $1.600 millones”.
• “Flies sostuvo diálogos y comunicaciones informales reiteradas con Larraín relacionadas con la agilización de pagos y recursos públicos asignados a ProCultura, en donde este último le hace ver que tuvo conversaciones con el Presidente de la República (…) sobre la materia”.
• “La ausencia de abstención y de una declaración formal sobre estos vínculos constituye una omisión administrativa grave, que puede generar la percepción fundada de falta de imparcialidad y potencial conflicto de interés”.
• “Óscar Crisóstomo, Gobernador de Ñuble, enfrenta actualmente investigaciones por la omisión negligente en la supervisión efectiva del uso de fondos públicos por parte de ProCultura, situación que ya motivó un juicio de cuentas por parte de la Contraloría”.

Incapacidad de recuperar los fondos. “Una de las conclusiones más preocupantes obtenidas por esta comisión dice relación con la clara incapacidad demostrada por las instituciones públicas para recuperar efectivamente los cuantiosos recursos públicos asignados irregularmente a ProCultura”.

• “El caso deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”.

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