ProCultura: El rechazo del pedido de Crisóstomo de no difundir datos de su celular (y la señal a otros imputados)

El juez Benavente validó el planteamiento de la fiscalía de entregar a los intervinientes copias de la carpeta, rechazando así la petición del gobernador del Ñuble, Oscar Crisóstomo (PS), de prohibir la entrega de la información de su celular ni “a los querellantes ni a los medios de comunicación”. Sí autorizó que la copia íntegra —con aspectos no vinculados con el caso— requiera del visto bueno del tribunal.

Por qué importa. La resolución del juez Carlos Benavente del Juzgado de Garantía de Chillán rechazó la petición del gobernador Óscar Crisóstomo (PS) de prohibir la entrega de la información de su celular a los querellantes y “a los medios de comunicación”. El levantamiento del secreto del caso ProCultura está adportas y el gobernador está imputado por fraude al fisco y tráfico de influencias.

• Su preocupación —dijo en el escrito ingresado el 1 de abril por su defensa, en que pidió la audiencia de cautelares de garantías—, era el perjuicio que la difusión del contenido pudiera ocasionarle en forma “tanto profesional como personal”.
• La decisión —tomada el jueves 10 y publicada este lunes en el sitio web del Poder Judicial— envió una señal a otros gobernadores del criterio adoptado por un tribunal, aunque la decisión no sea vinculante.
• Los cinco gobernadores investigados en el caso son Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (Ind-FA), de Valparaíso; Claudio Orrego (ex DC), de la Región Metropolitana; Crisóstomo, del Ñuble y Jorge Flies (Ind-Radical), de Magallanes. A ellos se suma Rodrigo Díaz (ex DC) del Biobío, quien no corrió por la reelección.

Panorama general. El caso involucra a la fundación creada en 2009 por el siquiatra Alberto Larraín, quien tras renunciar a la DC se acercó al Frente Amplio (FA) y al entonces diputado Gabriel Boric, a quien asesoró cuando creó la bancada de salud mental, después de revelar en 2018 que tenía trastorno obsesivo compulsivo.

• El celular y otros equipos electrónicos de Crisóstomo fueron incautados en un allanamiento realizado en abril de 2024 al Gobierno Regional (Gore).
• Tras esto fue citado a declarar en octubre del año pasado, en calidad de imputado, oportunidad en que hizo uso de su derecho a guardar silencio.
• El trasfondo de la petición de Crisóstomo era lo ocurrido en el caso de la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, donde los chats de la exalcaldesa Irací Hassler (PC) con la diputada Karol Cariola (PC) dieron origen a una nueva causa por presunto tráfico de influencias en contra de la parlamentaria.
• Crisóstomo fue reelecto en primera vuelta.

Qué dijo el juez. El acta de la audiencia consignó que el secreto del caso ProCultura se levantó el 6 de abril y que, de acuerdo con el Ministerio Público, “desde que asumió el nuevo equipo de trabajo (encabezado por el Fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper) no ha ocurrido un hecho (filtración) de esa naturaleza”.

• Respecto de la entrega de información a las partes (los medios de comunicación no son intervinientes, por lo tanto, no reciben copias del tribunal), se consignó que “las copias de la investigación se entregarán oportunamente, considerando el tiempo de espera atendido el volumen de las copias”.
• También se dispuso que “las solicitudes de copias que se requieran por los abogados deberán ser autorizadas por un juez mediante resolución”.
• Conocedores de la investigación explicaron que, de acuerdo a lo discutido en la audiencia, esto hizo referencia a las copias íntegras del contenido de su celular —con antecedentes no vinculados con el caso— que pudieran solicitar los abogados para determinar por ellos mismos si había conversaciones de Crisóstomo que pudieran tener relevancia penal y no ser sólo diálogos privados. Esto sí requerirá autorización expresa de un juez.

Querellantes. Crisóstomo es indagado por una querella por fraude al fisco y tráfico de influencias, entre otros delitos, junto a otros funcionarios del Gore. La acción fue interpuesta en 2024 por el abogado Juan Pablo González, en representación de la consejera regional de la UDI Lorena Jardua y del exconsejero Cristián Quilodrán.

• En una declaración difundida la semana pasada plantearon que Crisóstomo buscaría con su solicitud impedir el “descubrimiento de conversaciones que pudieran dar indicios de la eventual comisión de otros delitos”.

Juicio de cuentas. Paralelamente, Crisóstomo es sujeto de un juicio de cuentas por, presuntamente, realizar una deficiente supervigilancia de las rendiciones de un proyecto con ProCultura, el que podría derivar en la obligación de devolver los fondos.

• Contraloría dijo que éste se inició el 15 de noviembre de 2024, a partir del informe 708/2023 que hizo reparos a la asignación directa de $268.100.000 que el Gore hizo en 2022 a ProCultura para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
• De acuerdo con la indagación penal, el gobernador pidió a la división de fomento contactar directamente a la empresa Esquerré para realizar el proyecto.
• Oficialmente, sin embargo, el ejecutor de éste sería ProCultura. A esto se sumaron sobreprecios; $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados.

Lea la resolución: