ProCultura: Gobierno redobla presión a Fiscal Nacional por intento de escucha a Boric y pinchazo a Crispi

La ministra Segpres afirmó que Fiscalía debe dar explicaciones por el fallido intento de intervención del celular del Presidente y acreditar si se cumplieron los requisitos legales para realizar escuchas en el teléfono del exjefe de asesores Miguel Crispi. El oficialismo inició una arremetida contra el fiscal Cooper en momentos que se ha liberado la carpeta de investigación del Caso ProCultura y se alistan formalizaciones en la causa.

Qué observar. Durante la mañana de este martes la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, señaló que el Ministerio Público debe dar explicaciones por la solicitud realizada por el fiscal Patricio Cooper para intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric, medida intrusiva pedida en el marco del Caso ProCultura que fue rechazada por Tribunales.

• Además, Lobos -entrevistada en Radio Infinita- dijo que Fiscalía también deberá acreditar si se cumplieron los estándares para “pinchar” el teléfono del exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, investigado por el mismo caso: la transferencia de cerca de $6 mil millones autorizada por el gobierno a la Fundación ProCultura que dirigía el psiquiatra Alberto Larraín, cercano a Boric y el FA.

“Fiscalía tendrá que dar las explicaciones”. Lobos afirmó respecto a Crispi que “aquí lo importante es que se cumplan los estándares cuando se procede a estas medidas que son muy gravosas, intrusivas. Eso tendría que explicarlo la Fiscalía, no me corresponde a mí (…) La Fiscalía, en el ejercicio de sus facultades, tendrá que acreditar que efectivamente se cumplieron los presupuestos para que legalmente se pueda proceder a una medida tan gravosa como esa”.

• Sobre el fallido intento de escucha al celular del Boric -dado a conocer este lunes por Ex-Ante-, la ministra se sumó a lo expresado ayer por la vocera (s) Aisén Etcheverry y dijo que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, deberá aclarar la situación.
• “Tal como lo dijo la ministra Etcheverry, en el caso del Presidente de la República, la máxima autoridad del país, hay conversaciones y temas que pueden involucrar la Seguridad Nacional, que son reservados . El propio legislador se ha puesto en el supuesto y el Código de Procedimiento Penal establece que en estos casos, cuando se trata de materias que pueden afectar la Seguridad Nacional, el estándar es mucho más alto porque no es solo el juez de garantía el que tiene que dar la autorización, sino la propia Corte Suprema”.
• “En ese sentido tendrá que la Fiscalía dar las explicaciones”, dijo.

Diálogo con fiscal. En tanto, la ministra Etcheverry entrevistada durante este martes en Súbela Radio, afirmó que el gobierno aún no ha conversado con el Fiscal Nacional, luego que le pidieran aclarar la medida solicitada por Cooper.

• Indicó que Boric conversa mediante su celular con distintos mandatarios extranjeros así como con los ministros, por lo que sus conversaciones son reservadas.
• El Fiscal Valencia aún no ha emitido declaraciones sobre el emplazamiento del gobierno.
• Ayer al término de una actividad donde se reunió con familiares de las víctimas de la embarcación Bruma, evitó hablar con la prensa. Durante esta mañana tampoco tenía en agenda un punto de prensa ni asistió a la cuenta pública del Consejo de Defensa del Estado.
• En cualquier caso la medida intrusiva fue solicitada por Cooper, quien como fiscal de Coquimbo fue designado para investigar todas las aristas del caso ProCultura.
• Por ley el Fiscal Nacional no está autorizado para ordenar diligencias en causas específicas.

Presión sobre Cooper. Asimismo, Lobos y Etcheverry criticaron durante la jornada las declaraciones emitidas ayer por el fiscal Cooper.

• Cooper afirmó que “me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan, digamos, las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo”.
• La comparación con casos de terrorismo y narcotráfico molestó al oficialismo. “Yo no estoy para ser comentarista de los fiscales, pero me parece que efectivamente no debieran, cada caso tiene que ser analizado en su mérito y por tanto no haría, extensiones  ni analogías en este caso”, dijo la ministra Segpres.
• En tanto, la vocera afirmó que “no escuché la declaración del fiscal Cooper, pero me sorprendería que hubiera hecho una declaración de esa naturaleza”.

Presión del FA. En el oficialismo iniciaron una arremetida contra el fiscal. Constanza Martínez, presidenta del FA, partido en el que militan Crispi y Boric, habló de “utilización de la justicia para hacer puntos políticos”, a través de filtraciones y dijo que lo correcto en las intervenciones telefónicas a autoridades sean autorizadas por la Suprema.

• En la bancada PS están recolectando firmas de diputados para pedir a la Corte Suprema la remoción del Fiscal Nacional, según establece el artículo 89 de la Constitución.

Trasfondo. El intento para desacreditar al fiscal Cooper ocurre en momentos que el persecutor liberó a las partes la carpeta de investigación del Caso ProCultura, iniciado en 2023.

• Aunque en la causa -donde se registran transferencias a esa fundación de distintas gobernaciones y seremías de Vivienda a lo largo del país- aún no hay formalizados, se espera que pronto Fiscalía dicte las primeras medidas.
• Varios gobernadores son sujeto de interés en la investigación como Claudio Orrego, quien autorizó un convenio de caso $1.600 millones con esa fundación.
• Alberto Larraín también es objeto de indagatoria por eventual fraude al fisco.
• La investigación sobre Crispi se debe a que siendo Subdere no sólo validó a la fundación para recibir una transferencia del Gobierno de Antofagasta sino que también permitió aumentar en más de $3 mil millones los fondos de las Gobernaciones Metropolitana, del Biobío y Ñuble para que suscribieran convenios con dicha fundación.
• No está claro hasta dónde escalarán las indagaciones de Cooper ni quiénes serán los afectados, aunque en el oficialismo ya se habla de un tsunami judicial.

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