Se ha tenido que alcanzar un alto nivel de abuso, sobreutilización y fraude en licencias médicas (LM) en Chile para que se impulse una ley que controle esta situación. Este problema ha generado ausentismo laboral, reducción de la productividad y debilitado los sistemas de salud al restar financiamiento para el pago de prestaciones y la resolución de los problemas de salud de la población.
En 2024, se emitieron casi ocho millones de licencias médicas por enfermedad común y accidentes, con un alza del 2,1% respecto de 2023. Cada trabajador tuvo en promedio 3,1 licencias al año, con una duración media de 13,5 días, lo que se traduce en 42,85 días de ausentismo por persona. En total, se perdieron cerca de 100 millones de días laborales.
El Ejecutivo y el Congreso atribuyeron el alza en licencias médicas al fraude, impulsando sanciones más duras. Pero este enfoque omite el problema de fondo: un beneficio necesario, mal diseñado, con malos incentivos y débil fiscalización. Es más fácil y políticamente rentable castigar el fraude que rediseñar un sistema que paga el 100% de la renta imponible y penaliza las ausencias breves, promoviendo licencias más largas.
El fraude existe, pero representa una fracción menor del problema. Según la Superintendencia de Seguridad Social, solo el 0,6% de los médicos concentran la emisión excesiva, con más de 1.600 licencias anuales cada uno. Once de ellos superan las 6.400 licencias por año. Pero en conjunto, representan apenas el 9,1% del gasto total. Mientras tanto, hay otros 50.900 profesionales que emiten en promedio 158 LM al año.
Por supuesto, estos casos deben ser investigados y sancionados, y en ese sentido la nueva ley de control de LM es un avance, pero su impacto será limitado si no se atienden las razones estructurales del uso abusivo de este beneficio.
Más que sancionar, se requieren buenos protocolos clínicos, avalados por sociedades científicas y aplicados por una institucionalidad sólida que respalde a los profesionales. Pero el verdadero cambio llegará cuando se reforme el marco de incentivos que hoy empuja a los pacientes a la sobreutilización.
El nuevo marco legal trae un riesgo claro: que Fonasa, por falta de experiencia, y las Isapres, presionadas por sus costos, abusen de las herramientas que la ley les entrega, aplicándolas de forma indiscriminada y sin una supervisión rigurosa, lo que puede derivar en más burocracia y controles que dificultan el acceso al beneficio. Si no se administra con criterio, este sistema desincentivará a los médicos a otorgar licencias por temor a complicaciones, y hará que los pacientes perciban el beneficio como inaccesible, dañando la calidad de la atención y la relación médico-paciente.
Habría sido más efectivo que la ley abordara también las causas estructurales del problema: un sistema mal diseñado, con incentivos perversos que estimulan el uso excesivo de un beneficio esencial para la recuperación de la salud de las personas.
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