Frente a las innumerables críticas de diversos sectores al informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que acabamos de conocer hace algunos días, no puedo evitar manifestar mi profundo pesar por la pobreza intelectual y falta de voluntad por leer y analizar este documento en profundidad antes de emitir alguna opinión, sin considerar que este documento ha sido producto de un trabajo de un organismo transversal por casi dos años, cuyos integrantes, en sus distintos ámbitos de competencia, se merecen todo nuestro respeto y gratitud por esta tarea que podemos catalogar de titánica.
A este grupo lo secundó un proceso de relacionamiento y diálogo en el que participamos más de 5 mil personas, mediante sesiones oficiales, audiencias, diálogos interculturales y encuentros autoconvocados en 31 comunas de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, más 180 encuentros territoriales y una significativa participación digital, diversas instancias que reunieron a múltiples actores, a nuestro respetado mundo académico nacional y a todos quienes quisieron participar.
Creo esencial entonces relevar la importancia del proceso, de cara a lo que esta tarea podría significar para las futuras generaciones, ya que su objetivo original de esbozar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, sin lugar a dudas, puede sentar las bases del entendimiento entre el Estado chileno y los pueblos originarios, basándose en una real comprensión de la historia que, por supuesto, comienza con una real comprensión de lectura de este informe.
En simple, es un trabajo que no podemos tirar a la basura, tal como lo hemos hecho muchas veces en el pasado, dejando de lado trabajos de comisiones presidenciales como la Comisión Bravo, cuyas recomendaciones siguen durmiendo el sueño de los justos en distintos escritorios y que hemos vuelto a reflotar, pero torpemente empezando de cero, con todo el costo que eso significa. Y no solo me refiero a lo económico, sino al costo que pagamos como país con diversos intentos fallidos por no llegar a consensos, que no nos permiten avanzar hacia un país más desarrollado, inclusivo y sostenible en materias claves.
Si queremos avanzar, tenemos que ceder, por todo lo que eso significa para el país. Justamente ese fue el objetivo declarado de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento: impulsar un proceso de diálogo y acuerdos para arribar a consensos que legitimen social y políticamente propuestas viables de reparación, que aborden el conflicto de tierras y permitan establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche.
Hablar de tierra, justicia y reconocimiento en el informe me hace todo el sentido, ya que urge el replanteamiento de las normas que rigen hoy a los pueblos originarios ya que se desvirtuó totalmente, a lo largo de los años, el cómo se organiza el pueblo mapuche, imponiéndoles maneras de hacer las cosas que no necesariamente los representan limitando su existencia y desarrollo. Esto no sólo a los mapuches, también a los Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Yagali y Selk’nan. Cuando hablamos de Estado de Derecho implica derechos para todos.
Otro de los temas centrales que aborda el informe es la reparación integral a todas las víctimas, lo que me parece totalmente acertado, pero seamos justos. No sólo debemos reparar y compensar a quienes han sido víctimas de los condenables actos de terrorismo y violencia que se han registrado en los últimos 20 años en el sur de nuestro país, sino que también reparar íntegramente a quienes han sufrido terrorismo de Estado durante los últimos 200 años y me refiero al esclarecimiento histórico de lo que muchos consideran un genocidio y despojo territorial del pueblo mapuche.
En cuanto a la discusión sobre la entrega de tierras, la visión restrictiva del informe, la cuestionada nueva institucionalidad o la excesiva cantidad de recursos económicos que esta propuesta implicará para el Estado, creo que, como todos los temas de relevancia, son perfectibles y como muchos implican modificaciones legales, darán para debates quizás interminables, pero que deberían llegar a puerto si existe una real voluntad política en abordar la reparación del Estado a los pueblos originarios.
No debemos olvidar que esta iniciativa fue respaldada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, impulsada transversalmente por todos, por lo que hoy no se puede tirar la piedra y luego esconder la mano porque el resultado de un proceso no nos gusta.
La invitación entonces no es solo a leer y analizar el informe sino que también a abordar la temática con altura de miras, desde 3 mil metros de altura, valorando el trabajo realizado, alcanzar puntos de encuentro y cediendo en muchas aristas en búsqueda del bien común, la esencia de la política para quienes se les olvida. Esto frente a este tema país que, de no consensuar posiciones, seguirá eternizándose al igual que cientos de discusiones que seguimos esperando que vean la luz.
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