Qué observar. El proyecto minero-portuario Dominga -que significa una inversión de US$ 2.500 millones- dio un paso clave este miércoles luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara la contienda de competencia presentada por el Gobierno, buscando frenar el avance judicial de Andes Iron.
La clave está en la Corte Suprema. La decisión definitiva ahora está en manos de la Corte Suprema, quienes ya llegaron a un acuerdo previo con señales negativas para el Gobierno.
Tramitación de permisos y confianza. Con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente, Andes Iron ya está tramitando los cerca de 700 permisos sectoriales que requiere para iniciar obras.
El TC frena la estrategia del Gobierno. El Tribunal Constitucional desestimó la contienda de competencia que había planteado el Ejecutivo para intentar revertir el fallo del Primer Tribunal Ambiental que había dejado sin efecto la decisión del Comité de Ministros que rechazó Dominga en 2023.
Implicancias políticas y sectoriales. La posible reactivación de Dominga tiene implicancias que trascienden al proyecto mismo.
Lo que viene. El fallo de la Corte Suprema podría conocerse en las próximas semanas. Si es favorable a Andes Iron, solo quedará el desafío de completar los permisos sectoriales.
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.