Qué observar. El embalse Nueva La Punilla -región del Ñuble- una importante iniciativa de infraestructura hídrica del país, volvió a fracasar. El proyecto tiene una capacidad para almacenar 565 millones de m3. Con esto se puede asegurar el abastecimiento para 65.000 hectáreas y generar una reserva de 3,9 millones de m3 para consumo humano. La iniciativa también contempla la generación de energía hidroeléctrica.
Un fracaso persistente. El intento más reciente por concesionar la construcción, operación y mantención del embalse Nueva La Punilla concluyó sin recibir ofertas.
Una historia que arrastra casi un siglo. La idea de construir un embalse en el valle del río Ñuble data de 1920. El proyecto comenzó su tramitación ambiental en 2004, obtuvo aprobación en 2010 y fue adjudicado en 2016 a la empresa italiana Astaldi.
Una obra clave para la seguridad hídrica en Ñuble. El embalse Nueva La Punilla es considerado prioritario por su impacto potencial en el riego y el consumo humano de agua.
Oposición y falta de certeza jurídica. El proyecto ha enfrentado oposición de comunidades y ONGs medioambientales que cuestionan su impacto en ecosistemas y desplazamientos humanos.
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— Ex-Ante (@exantecl) June 11, 2025
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.