Crece controversia por escándalo de licencias médicas en Gendarmería (y el enredo del ministro Gajardo)

Un total de 44 funcionarios de Gendarmería -dependiente del Ministerio de Justicia- presentaron licencias de médicos indagados por fraude entre 2020 y 2022. Este antecedente se suma a los cuestionamientos de la contralora por el envío de una lista incompleta de funcionarios con licencia que viajaron al extranjero en 2023 y 2024, lo que el director Sebastián Urra aseguró que está subsanado.

Por qué importa. La arista en Gendarmería del escándalo de las licencias médicas mostró un cuestionamiento adicional a la institución encabezada por Sebastián Urra —dependiente de la cartera de Justicia que lidera el ministro Jaime Gajardo (PC)— que ya enfrentaba críticas sobre su control efectivo de las cárceles del país.

• El lunes, la contralora Dorothy Pérez dijo en la comisión investigadora del caso que Gendarmería les había entregado “información incompleta” sobre su personal involucrado en el caso de los 25.078 funcionarios públicos que viajaron al extranjero en 2023 y 2024, pese a estar con licencia por enfermedad.
• En el caso de Gendarmería estos emitieron 313 licencias cuestionadas y dadas las dudas sobre la completitud de la información recibida, la contralora dijo que “hemos requerido a esa institución que nos entregue ese sumario. Lo vamos a hacer nosotros”.
• Ese sumario sigue abierto.
• Este martes, la Subsecretaría de Justicia dio a Gendarmería 24 horas para aclarar la situación. En su respuesta, Urra admitió que hubo una omisión inicial, pero aseguró que la aclaró a Contraloría el 5 de junio y que abrió un sumario interno por el caso.

La respuesta de Urra. El oficio enviado este miércoles por Urra a la subsecretaría dijo que el 22 de mayo recibieron la información de Contraloría sobre funcionarios que salieron de Chile pese a estar con orden de reposo.

• Esto fue derivado al día siguiente a la jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, que ese mismo día envió un email a la jefatura de la unidad de fiscalía con “un archivo Excel con 171 funcionarios activos, y otros 30 pasivos” involucrados. Contra estos se abrieron sumarios.
• “Sin perjuicio de lo anterior, y como resultado de ulteriores revisiones a la información recibida de parte del Organismo Fiscalizador, efectuadas principalmente por nuestro Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, se incrementó en seis la cantidad de funcionarios activos involucrados”.
• Por esto es que “con fecha 30 de mayo de 2025, a través de la Providencia N° 3.151 de la Jefa de Gabinete de este Director Nacional, se ordenó instruir un sumario administrativo destinado a determinar eventuales responsabilidades derivadas de un posible obrar negligente en el tratamiento de la información”.
• “A través del Oficio N° 490, de fecha 5 de junio de 2025, este director nacional informó a la Contraloría General de la República de la totalidad de los funcionarios identificados a partir del archivo Excel adjunto a su Oficio N° E82804/2025, esto es, 207 en total, 177 activos y 30 pasivos, todos sumariados”.

Qué dijo el subsecretario. “A partir de la información que se ha entregado, nosotros mantenemos la confianza en el director Urra”, dijo al teléfono el subsecretario Ernesto Muñoz, descartando removerlo.

• “Para nosotros despeja bastante la duda que se generó en su momento, además de que nos da cuenta de una labor proactiva del propio director, al darse cuenta de esta omisión y de generar de inmediato un sumario que todavía está pendiente”.
• Respecto de los otros cuestionamientos a su gestión dijo que “el estado de Chile, a través de Gendarmería, tiene el control de todos y cada uno de los centros penitenciarios en nuestro país”.

El nuevo caso. En este contexto es que un nuevo informe de Contraloría publicado esta semana detalló que funcionarios de Gendarmería presentaron 77 licencias de médicos investigados por fraude entre 2020 y 2022.

• La base de datos entregada a esa institución por fiscalía detalló que estas licencias correspondían a 44 funcionarios.

Telón de fondo. La vocería del caso en las últimas horas la ha tomado la Subsecretaría de Justicia y no el ministro Gajardo, que ha sido objeto de cuestionamientos por el control carcelario.

• Un informe reservado de Contraloría, dado a conocer en marzo, mostró que sólo 10 de las 79 cárceles del país tenían inhibidores de señales celulares y que, donde existían, los presos igual habían logrado hablar con el exterior, pese a una licitación de $5.654 millones para evitarlo. Detalló que Gendarmería no cursó multas por $27 millones.
• Otra auditoría reservada de Gendarmería, publicada en enero, dijo que había “sumarios iniciados por Gendarmería de Chile tienen una antigüedad superior a seis años, ya que varios provienen del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018”.
• A esto se sumó que los penales de Colina 1, Linares, Talca y la ex Penitenciaría, carecían de elementos para detectar si los funcionarios ingresan drogas o elementos prohibidos.
• En junio de 2024 se encontraron en el penal Colina 2 cinco municiones 9 milímetros, mientras que en la ex Penitenciaría se descubrió un módem para conectarse a Internet.
• Esa auditoría generó una nueva controversia para Gajardo, que ya había enfrentado críticas en diciembre de 2024, cuando, tras asegurar que Gendarmería controlaba las cárceles, un interno decapitó a otro en un penal de Concepción.