Por qué la acusación en el caso Democracia Viva pone presión a la fiscalía en la causa ProCultura

La petición de penas que la fiscalía de Antofagasta hizo en cuatro causas —Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo— despejó el camino para que concentre las diligencias en ProCultura, que recibió en mayo. Se trata de un caso que complica al oficialismo y donde el fiscal Cooper adelantó que, al ser removido, tenía listas 14 formalizaciones.

Por qué importa. La acusación presentada por la fiscalía de Antofagasta en contra de la hoy desaforada diputada Catalina Pérez (la ex FA para quien pidió 10 años de cárcel) y de los otros imputados ligados a la fundación Democracia Viva, marcó un hito en la causa que estalló en junio de 2023 y que dio paso a una serie de otras indagaciones que darían forma al caso Convenios.

• El documento de 232 páginas oficializó los cargos que el fiscal jefe de Antofagasta Cristián Aguilar presentó en ese caso y en otros tres —de las fundaciones Fibra, Tomarte y para la Superación de la Pobreza (Fusupo)— despejando el camino para concentrar las diligencias investigativas en la causa restante.
• Esta es el caso ProCultura, que el fiscal regional Juan Castro recibió el 16 de mayo, luego de que el fiscal nacional Ángel Valencia removiera de la causa al fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper.
• Esto ocurrió tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas desde octubre a la siquiatra Josefina Huneeus —ex señora del cofundador de ProCultura Alberto Larraín—, que incluyeron un diálogo con el Presidente Gabriel Boric.
• La resolución, ratificada en fallo dividido por la Corte Suprema, comparó los “pinchazos” con las actuaciones de agentes estatales durante la dictadura de Augusto Pinochet, lo que Valencia consideró “grave”.
• El traspaso de la causa dio paso a la revisión de la carpeta de 75 mil páginas por parte del nuevo fiscal y de su equipo. También, a tres meses de silencio en que se desconoce cuáles han sido sus avances en el caso.
• Este silencio se inició en momentos en que se esperaban formalizaciones en la arista del caso Convenios más sensible para el oficialismo.
• En ésta se indaga el presunto traspaso irregular de $6 mil millones a esta fundación desde el Ministerio de Vivienda y desde seis Gobiernos Regionales (Gore), durante el actual gobierno.

El mensaje de Cooper. El 30 de julio, el fiscal Cooper dio a conocer que antes de dejar la causa “se había tomado la decisión de formalizar a 14 personas de ProCultura”.

• Cooper hizo esa revelación luego de que la Corte Suprema rechazara la petición de destituirlo presentada por diputados oficialistas. Estos cuestionaron su rol en la causa Chinamart, entre otras, en que se indaga el eventual tráfico de influencias de la diputada Karol Cariola (PC) en favor del lobista chino Bo Yang.
• “Se había tomado la decisión de formalizar a 14 personas”, dijo a radio Duna. “Estoy hablando de Alberto Larraín (el fundador) para abajo (…), por fraude al fisco”.
• “La arista de financiamiento ilegal de la política no estaba desarrollada”, dijo Cooper, dando a entender que todavía no tenía contemplado formalizar cargos en contra de gobernadores ni, eventualmente, de alguien de gobierno.

Los tiempos del nuevo fiscal. En el caso Democracia Viva, el presidente de la fundación Daniel Andrade y el ex secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quienes suscribieron los tres convenios por $426 millones por los que hoy están acusados de fraude al fisco, fueron detenidos en diciembre de 2023, seis meses después de que estallara el caso.

• En el caso de la diputada Pérez —ex pareja de Andrade y de quien Contreras fue jefe de gabinete— la fiscalía pidió su desafuero en diciembre de 2024, es decir, 12 meses después de la detención de los otros dos acusados.
• Esta celeridad para avanzar con los involucrados directos y mayor demora para perseguir a los cargos políticos de alto nivel, dicen conocedores de las causas, son indicios de lo que podría hacer Castro en ProCultura.
• “El fiscal regional Juan Castro tiene que armar un equipo, tiene que analizar las 75 mil fojas y los 174 tomos (que dejó) y tiene que tomar decisiones, y (para) eso obviamente hay un período de transición”, dijo Cooper el mes pasado.
• Esto dejó entrever que difícilmente podría formalizar pronto a los imputados en la arista política.
• En la causa declararon como imputados los gobernadores Claudio Orrego (ex DC) de la Región Metropolitana; Rodrigo Mundaca (Ind-FA) de Valparaíso; Jorge Flies (Radical) de Magallanes y Ricardo Díaz (ex RD) de Antofagasta.
• También lo hizo en esa misma calidad el exgobernador del Biobío Rodrigo Díaz (ex DC). Oscar Crisóstomo (PS), del Ñuble, guardó silencio.
• Los menores avances en la arista política dejaron a Alberto Larraín y a la cúpula de ProCultura como los más probables imputados a formalizar.
• Cooper recalcó en julio que la ausencia de novedades públicas tampoco era sinónimo de estancamiento, en referencia a su sigilosa labor cuando tomó el caso dejado por el fiscal Carlos Palma de Aysén.

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