Colegios subvencionados: Nuevo dictamen prohíbe imponer medidas disciplinarias y cancelar matrículas por deudas

En estado de alerta se encuentran los colegios subvencionados y evalúan acciones en Contraloría y Tribunales, tras un dictamen emitido el 21 de julio por la Superintendencia de Educación en que se prohíbe imponer medidas disciplinarias a estudiantes e impedir la renovación de matrícula por deudas arancelarias. Para los establecimientos la medida se tomó sin debate público y afectará sus finanzas.

Qué observar. El pasado jueves 14 de agosto el Presidente Gabriel Boric nombró a la psicóloga Loreto Orellana Zarricueta como nueva superintendenta de Educación, tras ganar un concurso por Alta Dirección Pública.

• La autoridad enfrentará su primera controversia debido a la molestia y preocupación que existe en los colegios subvencionados debido a al dictamen N° 75 emitido el 21 de julio de este año y firmado por la superintendenta subrogante Marggie Muñoz.
• La resolución estipula la “prohibición de imponer medidas disciplinarias a estudiantes e impedir la renovación de matrícula por el no pago de compromisos pecuniarios de sus padres, madres y apoderados, por razones socioeconómicas, en establecimientos educacionales con financiamiento compartido”.
• Según la resolución, “los establecimientos educacionales que reciben subvención o aportes del Estado tienen prohibido condicionar la permanencia o continuidad del proceso educativo de los estudiantes al cumplimiento de obligaciones pecuniarias, debiendo en todo caso canalizar sus pretensiones de cobro por las vías jurisdiccionales ordinarias”.
• “La potestad contractual de no renovar matrícula no puede operar como vía indirecta de sanción encubierta”, indica el dictamen, bajo el argumento de que se deben respetar “las trayectorias educativas, el interés superior del niño y la proscripción de toda discriminación arbitraria”.
• Antes de asumir el cargo, Loreto Orellana como exjefa de gabinete del ex superintendente Mauricio Farías y de la superintendenta subrogante, trabajó activamente en el nuevo dictamen.

Acciones judiciales. Diversos colegios se están coordinando y preparando acciones tanto en la Contraloría como en los Tribunales de Justicia.

• Esto porque, según fuentes ligadas al sector, consideran que la superintendencia realizó una interpretación “aventurada” de la Ley de Educación y la Ley de Subvenciones.
• Si bien las normativas prohíben a los establecimientos cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por su situación económica o rendimiento académico, no mencionan la prohibición de negar la renovación de matrícula para el año siguiente como consecuencia del no pago de las deudas.
• A juicio de los colegios con el nuevo dictamen se genera un daño económico a los establecimientos subvencionados, poniendo en riesgo su viabilidad financiera, ya que la no renovación de matrícula es la medida que los colegios tienen para asegurar el pago y para poder incorporar a nuevos alumnos.
• Señalan que la Superintendencia no establece cómo se acreditará que las familias pasan por un mal momento socio económico que justifique el no pago de las deudas y tampoco presentan una vía alternativa de financiamiento de los colegios subvencionados.

“Por decreto”. Otra crítica que han señalado los colegios es que la decisión se tomó “por decreto” o dictamen sin deliberación o debate público y de forma inconsulta con los colegios.

• Afirman que en un tema que los afecta directamente se requiere que sean escuchados para hacer una norma balanceada.

Dictamen sin publicidad. Al dictamen con la interpretación de la Ley que hace la Superintendencia no se le ha dado publicidad: La medida no fue informada en los comunicados o noticias del sitio web, ni tampoco se mencionó en la cuenta pública del 10 de julio.

• Al respecto en la Superintendencia señalan que cada vez que se saca una normativa nueva se informa a las entidades sostenedoras vía oficio. Y que están preparando otras difusiones sobre el tema como materiales gráficos y un comunicado, pero que no se han publicado aún.
• También afirman que -pese a que no tienen obligación de hacerlo- se reunieron con Fide y Conacep (asociaciones gremiales de los colegios particulares) para explicar los detalles y alcances del dictamen,

La Superintendencia. En el organismo, a través del fiscal interno Miguel Zárate, señalan que prohibición de cancelar la matricula será sólo respecto a aquellos padres que demuestren problemas socioeconómicos. Prontamente emitirán un instructivo para que los colegios puedan acreditar si la situación económica de las familias les impide pagar la colegiatura.

• En cualquier caso, los colegios pueden acudir a los tribunales civiles de justicia para cobrar las deudas pendientes, se agrega.
• Argumentan además que la medida da claridad a la norma, porque en muchos casos los padres estaban judicializando la no renovación de la matrícula de los alumnos.

Relación con Mineduc y el Presidente de la República. La superintendencia de Educación es un servicio público que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación, que encabeza Nicolás Cataldo. Es un ente autónomo, ya que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, no obstante su máxima autoridad es nombrada por el Mandatario tras un concurso de ADP. El Presidente también puede removerla por razones fundadas.

Lea aquí el polémico dictamen 75:

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