Colegio de Profesores y Cataldo apoyan dictamen que pone en riesgo financiero a 711 escuelas subvencionadas

Tras la alarma en los establecimientos por el dictamen que les impide no renovar la matrícula de los alumnos por deudas, el ministro Nicolás Cataldo respaldó la decisión señalando que “no estamos hablando de un número significativo de casos; no estamos hablando de que el sistema va a colapsar por esto”. Una opinión similar tiene el Colegio de Profesores, que lidera Mario Aguilar.

Dictamen 75. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), quien se encuentra este jueves como anfitrión de la Cumbre Mundial Docente en la Cepal, respaldó el dictamen N°75 emitido el 21 de julio por la Superintendencia de Educación y que prohíbe a los colegios subvencionados no renovar la matrícula de los alumnos por deudas arancelarias de sus apoderados.

• La medida -que es una interpretación jurídica que hace la Superintendencia de la Ley General de Educación y de la Ley de Subvenciones-, mantiene en alerta a los sostenedores de colegios con copago, quienes critican que se tomó la decisión sin discusión pública y que podría poner en riesgo la viabilidad financiera de 711 establecimientos, ya que es un incentivo para que los padres dejen de pagar, aduciendo problemas socioeconómicos.

La respuesta del gremio. Consultado por Ex-Ante, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, respaldó la medida de la Superintendencia.

• “La verdad es que desde hace tiempo que existe la política de que no debe procederse a sanciones académicas por razones económicas. Es correcto el concepto”, señaló.
• “Por lo tanto, en ese sentido el dictamen yo creo que va en la línea con aquello, toda vez que un estudiante, un menor de edad, no tiene por qué tener una sanción como sería no entregarle sus notas o cancelar matrícula o cualquier otra medida disciplinaria por deudas que tengan los padres”.
• “El establecimiento tiene que cobrables las deudas mediante los procedimientos establecidos para el cobro de deudas”.
• “Por otro lado es importante señalar que a estas alturas no deben quedar muchos colegios con financiamiento compartido, considerando todo el tema de la gratuidad en educación escolar. Al año 2025 la gran mayoría tiene financiamiento completamente aportado por el Estado, aún cuando sean colegios particulares. Por lo tanto no me parece que estos reclamos sean un problema tan extendido”.

“El sistema no va a colapsar”. Cataldo señaló a El Mercurio que “lo que hace la Superintendencia es ir construyendo la unificación de jurisprudencia, que incluso tribunales han sancionado ya, en una visión única para que el sistema se oriente. Esperamos que sea bien acogido por los sostenedores”.

• El ministro minimizó el impacto para los colegios, agregando que “tampoco estamos hablando de un número significativo de casos; no estamos hablando de que el sistema va a colapsar por esto, sólo está puesto en el centro el resguardo del derecho a la educación de esos niños y esas niñas cuando hay situaciones sobrevinientes en términos socioeconómicos”.
• Sobre la posibilidad de que padres y apoderados sin problemas socioeconómicos, se vean incentivados a dejar de pagar sus deudas, priorizando otros gastos, Cataldo afirmó que “hay causales que finalmente determinan esto, las que tienen que ver precisamente con la condición socioeconómica de los estudiantes”.
• El ministro hacía referencia a un instructivo que debiera mandar la Superintendendencia a los sostenedores con parámetros para definir si la condición socioeconómica de los padres justifica el no pago de las deudas.
• La Superintendencia dejó en manos de los colegios el determinar si los padres cumplen con estas condiciones y a la vez señalaron que el cobro de las deudas debe realizarse vía tribunales civiles de justicia y no con medidas disciplinarias a los alumnos como la cancelación de matrícula.

546 mil alumnos. Según un informe elaborado por Acción Educar, del total de 10.444 establecimientos de educación parvularia, básica y media que reciben fondos públicos, 9.733 colegios son gratuitos y 711 —un 6,8%— tienen financiamiento compartido, por lo que se verían afectados por el dictamen.

• En los colegios con copago, se registra un total 546.967 alumnos matriculados, lo que representan a un 16,9% de los alumnos de establecimientos con financiamiento estatal.
• Aunque en la reforma educacional del segundo mandato de Michelle Bachelet se buscaba terminar definitivamente con el copago, se permitió mantener el financiamiento compartido, mientras el Estado no pueda entregar mayores recursos a los establecimientos.
• La Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) recurrió a Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del dictamen de la Supereduc, a la vez que Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), dijo que están revisando con sus abogados las implicancias del dictamen para los proyectos educativos.
• El exministro de Educación de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, consideró que el dictamen “infringe las normas constitucionales sobre la libertad de enseñanza”.

Mejores resultados de colegios subvencionados. El estudio de Acción Educar afirma que los colegios con financiamiento compartido son “significativamente más demandados que los gratuitos”.

• Los datos abiertos del proceso de admisión SAE para 2025 arrojan que, en promedio, los establecimientos con copago reciben 4,5 postulaciones por cada vacante disponible. Esta cifra equivale a más del triple de las 1,2 postulaciones por vacante que reciben los establecimientos gratuitos.
• El mismo informe indica que “los establecimientos con copago presentan mayores puntajes SIMCE” que los gratuitos en Matemática y Lectura, tanto en 4° Básico como en II° Medio, con amplias brechas entre los resultados.

El rol de la Superintendencia. El 14 de agosto el Presidente Gabriel Boric nombró a la psicóloga Loreto Orellana Zarricueta como nueva superintendenta de Educación, tras ganar un concurso por Alta Dirección Pública.

• Orellana previamente se desempeñó como jefa de gabinete de los anteriores superintendentes y ella misma se reunió con FIDE y Conacep para explicarles los alcances del dictamen.
• Aunque tiene autonomía -personalidad jurídica y patrimonio propio-, la Superintendencia tiene directa relación con las autoridades gubernamentales. Se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Mineduc y el Presidente puede remover al superintendente por razones fundadas.

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