Dueños de terrenos tomados en San Antonio esperan el desalojo y acusan que autoridades “azuzaron a usurpadores”

Con fuertes críticas al Gobierno, los dueños de las tierras ocupadas ilegalmente en San Antonio decidieron dar por terminada la negociación, que incluía al MINVU, al municipio y a los propietarios. El ministerio por su parte hizo duras declaraciones contra los empresarios.

Qué observar. Las negociaciones en la mesa técnica empezaron en febrero y tuvieron muchos obstáculos. Entre ellos el precio: la diferencia entre la posición del MINVU y la de los dueños era insalvable. Lo escollos también fueron conseguir financiamiento y que se establecieran garantías de cumplimiento.

• Ante ello, los dueños declararon: “En el día de hoy, 3 de septiembre, hemos dado por terminada nuestra participación en dicha mesa técnica, tras haberse agotado tanto el plazo de seis meses que se estableció para llegar a acuerdos, así como su extensión hasta hoy, que se acordó el 27 de agosto.”
• El argumento sería la falta de avance en materias claves: “Esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación”.
• Respecto a los obstáculos del acuerdo, reclaman: “Como inmobiliaria hemos reducido el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que  está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno”.
• Concluyen que solo cabe esperar que se cumpla el desalojo dictaminado por la Corte: “En los próximos días se procederá a solicitar el cúmplase definitivo de la orden judicial de desalojo”.
• En la toma viven 10 mil personas, que se organizaron en 40 cooperativas. Los dueños denuncian que “algunas autoridades locales de la época apoyaron y azuzaron a los usurpadores”.
• “Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno, o en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado”, finaliza el comunicado de Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.

Declaración del Gobierno. Por su parte el MINVU hizo duras críticas a los propietarios, calificando su mirada al proceso como si fuera una “compraventa más” y que tuvieron una lógica “adversarial”.

• “Tras 17 sesiones, los resultados no fueron los esperados”, dice el comunicado. “Los principales obstáculos consistieron en la diferencia en la tasación del terreno y las posturas adversariales de los representantes de los propietarios, y las condiciones comerciales exigidas quienes han abordado esta operación como “una compraventa más”.
• Agrega: “Los propietarios tienen pleno derecho a decidir si participan o no en la compraventa de los terrenos conforme al principio de libertad de contratación, pero una real voluntad por llegar a acuerdo en este caso requiere ponderar las especiales circunstancias del caso y evaluarlas en su justa medida”.
• En otro punto, señala: “Con relación a la diferencia en la tasación, el valor propuesto por los propietarios se sustenta en informes que no se encuentran técnicamente validados por el Minvu – en su rol de resguardo técnico del proceso-, no es un valor financiable, ni tampoco sostenible en el tiempo por las familias”.
• De acuerdo al ministerio,  “el valor ofertado por los propietarios triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu obstaculizando cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales”.
• La entidad reconoce que buscó con Banco Estado “definiciones para desarrollar una propuesta de financiamiento mediante crédito y realizando reuniones periódicas de trabajo”.

La toma. Según un estudio del ministerio de Vivienda y Urbanismo se estima que en el asentamiento viven 10.251 personas que conforman 4.136 hogares. De la población total, 3.146 son niños, niñas y adolescentes (30%); 923 personas adultas mayores (9%); y 649 habitantes del cerro tienen algún tipo de discapacidad (6.3%). En relación con los indicadores de vulnerabilidad, el 65% de la población catastrada pertenece al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares.

• Además, valora que se organizaran “cooperativas cerradas de vivienda. El trabajo conjunto del Minvu, las familias y los órganos de la administración del Estado incumbentes ha permitido alcanzar progresos significativos, con el 90% de las familias del campamento formalizadas dentro de cooperativas de vivienda”.

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