A propósito de un crecimiento que sigue mostrando cifras discretas (el 1,8% del Imacec de julio así lo confirma) la economía chilena enfrenta un desafío persistente: la mala asignación de recursos (misallocation). Pese a contar con capital humano creciente, instituciones financieras desarrolladas y sectores dinámicos, el país no logra transformar plenamente estos activos en un crecimiento sostenido de la productividad. En la práctica, esto significa que los recursos —capital y trabajo— no siempre llegan a las empresas que los usan mejor. A menudo, firmas menos productivas reciben crédito, permisos o subsidios, mientras que las más eficientes se topan con trabas para crecer. El resultado es que Chile produce menos de lo que podría, manteniendo una brecha de productividad con las economías desarrolladas.
Un ejemplo claro surge en el sector de servicios, que hoy concentra más del 60% del PIB. Allí abundan pequeñas y medianas empresas con alto potencial innovador, que encuentran serias dificultades para acceder a financiamiento o a permisos municipales. En contraste, compañías menos eficientes logran sobrevivir gracias a regulaciones laxas o redes informales. Así, el capital y el talento se dispersan en actividades de bajo valor agregado. Más que falta de capacidades, el problema es que las fricciones —trámites desiguales, dificultades de crédito, diferencias de costos en insumos— impiden que los factores fluyan hacia quienes pueden usarlos de manera más productiva. Resolver esta mala asignación no es solo una cuestión técnica: es un proyecto estratégico de desarrollo.
Frente a esto surge una pregunta clave: ¿puede el mercado, por sí solo, corregir estas distorsiones? La evidencia dice que no. Aunque la competencia ayuda a mejorar la asignación, persisten fallas de coordinación y externalidades que requieren acción estatal. La historia lo confirma: tras la crisis de 1982, reformas regulatorias que redujeron distorsiones explicaron casi la mitad del crecimiento de la productividad manufacturera en la década siguiente. Más recientemente, estudios con datos de facturación electrónica muestran que políticas bien diseñadas, como los impuestos a la transición energética, no solo corrigen externalidades ambientales, sino que también mejoran la eficiencia asignativa.
Por ello, la solución no está en elegir entre Estado o mercado, sino en construir un ecosistema de colaboración. El mercado debe proveer incentivos de competencia, innovación y eficiencia; el Estado debe crear reglas claras, reducir trabas burocráticas y garantizar acceso equitativo a financiamiento, digitalización y redes de producción. Solo en esa interacción se libera el potencial de reasignación: recursos hoy atrapados en actividades de baja productividad pueden migrar hacia quienes innovan, escalan y generan empleos de calidad.
El desafío del crecimiento en Chile no es acumular más, sino usar mejor lo que tenemos. Superar la mala asignación de recursos significa liberar un crecimiento latente que no depende únicamente de nuevas inversiones, sino de la capacidad de reorganizar el presente. Lograrlo exige una alianza estratégica entre Estado y mercado, que ponga la productividad en el centro de la política económica y siente las bases de un crecimiento más inclusivo, sostenible y sostenido.
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Entre cenizas y resistencias: el declive del MAS y los nuevos rumbos de la política boliviana. Por Stéphanie Alenda.https://t.co/m0fhW9JW5i
— Ex-Ante (@exantecl) August 30, 2025
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