Qué observar. Luis Alarcón es conocido como el líder o vocero de la toma de Quilpué, cuyo origen está relacionado con el homicidio por encargo de Alejandro Correa, dueño de los sitios, en mayo de 2020. El loteo empezó un mes cuatro días antes del crimen.
Demolición. Cinco años después del crimen -encargado a un sicario colombiano-, el caso llega a un punto crucial. La empresa Río Grande adjudicó la demolición de las casas irregulares construidas en la toma. La compañía se especializa en demoliciones de todo tipo: construcción, masivas, selectivas, parciales, técnicas y a toda altura.
El polémico líder. Es una derrota para los pobladores liderados por Alarcón, profesor de Historia de unos 40 años. Se autodenomina “vocero” o dirigente social dentro del campamento que se formó en terrenos reclamados por la familia Correa.
Largo proceso. La orden de demolición, que ya cuenta con una empresa adjudicada, viene a culminar un largo proceso, que la familia describe como “tortuoso”. El 28 de agosto de 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) desalojar y demoler las viviendas que se han construido en los terrenos tomados.
Auge de tomas. La abogada de la familia Correa ha advertido que hay temor de que el desalojo produzca una “batalla campal” si no se maneja con cautela. Por lo mismo solicitó una reunión con el Fiscal Nacional Ángel Valencia para que “se designe un fiscal, de tal forma que ante cualquier duda de carabineros se solucione y se detenga por flagrancia permanente a cualquier persona que permanezca en ese lugar. Porque desde la ley de usurpaciones siempre se pudo detener por flagrancia permanente, pero en las tomas no se ha hecho”.
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